Nunca antes en la historia se había investigado a un ministro brasileño de Medio Ambiente por presuntas violaciones ambientales. La originalidad se rompió este miércoles, cuando Ricardo Salles apareció entre los investigados en la Operación Akuanduba, por la Policía Federal, acusado de implicación en un «grave plan para facilitar el contrabando de productos forestales».

En todo el período de Bolsonaro desde el 2019 la deforestación ilegal en Brasil ya llega a 10.372 kilómetros cuadrados que ha sido exportada ilegalmente a países de la Unión Europea y a Estados Unidos. Esta superficie equivale a la de un país como Líbano.

El diario El País de España publico este jueves que las 35 órdenes de allanamiento e incautación que registraron propiedades de Salles y de servidores señalados por él para la cartera suceden mientras el Gobierno brasileño intenta deshacerse de la imagen de «villano ambiental» y acercarse al Gobierno de Biden. Y fueron precisamente las autoridades estadounidenses quienes ayudaron a desencadenar la operación de la PF, al denunciar irregularidades en los envíos de madera exportados a Estados Unidos, dice el reportero Diogo Magri.

No fue el único revés del día para la sede presidencial de Planalto. Este miércoles comenzó el testimonio más polémico y esperado por la a Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI)  de Pandemia en el Senado: el del exministro de Salud Eduardo Pazuello. En uno de los testimonios más tensos hasta el momento, el general activo se refirió a las contradicciones y las mentiras sin restricciones, se opuso a las acciones de la misma cartera que comandaba y actuó con fuerza para proteger al presidente Jair Bolsonaro. “Ya ha mentido demasiado. Ni siquiera tengo tiempo de enumerarlos todos ”, se quejó la senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

 La reportera Beatriz Jucá de El País se encargó de la cobertura con detalles sobre la sesión que alcanzó la temperatura máxima y terminó suspendida luego de que Pazuello se enfermara. Este jueves, el general vuelve a una nueva ronda y el desafío de los senadores será contrastar las contradicciones en su testimonio.

Operación Akuanduba

Ministro Salles y Bolsonaro declarando sobre la deforestación ilegal en Brasil.

La Policía Federal cumplió allanamientos en Brasilia, Sao Paulo y en el estado de Pará (norte), tras identificar un «grave esquema criminal de carácter trasnacional» en el cual estarían «implicadas autoridades (…), entre ellas el actual ministro, así como funcionarios públicos y personas jurídicas», señaló el juez de la corte suprema que autorizó las investigaciones.

Los allanamientos se realizaron en la sede del ministerio en Brasilia y, según la prensa brasileña, en la residencia de Salles en Sao Paulo.

La justicia también autorizó el levantamiento de su secreto bancario y ordenó separar del cargo a diez personas que ocupan posiciones de confianza en el ministerio y en el órgano de regulación ambiental Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los recursos Naturales Renovables), incluido su presidente, Eduardo Bim. El Ibama es una agencia del gobierno federal, vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, que funciona como policía ambiental.

Salles afirmó a periodistas en Brasilia que las irregularidades señaladas por la policía «jamás ocurrieron» y las acusaciones no tienen «sustento alguno», por lo que no presentó su renuncia.

«El Ministerio del Medio Ambiente y el Ibama siempre buscaron actuar de acuerdo con las reglas, el sentido común y el equilibrio y eso quedará demostrado en la investigación», aseguró el ministro.

El gobierno de Bolsonaro es acusado de haber favorecido el repunte de la deforestación, reduciendo los recursos de los organismos de control y preconizando la apertura de la región amazónica a actividades agropecuarias y mineras.

Greenpeace Brasil celebró la destitución del presidente del Ibama y pidió que Salles «sea apartado de su cargo inmediatamente».

«Aunque apartarlo de su cargo no sea suficiente para superar los problemas causados por la política antiambiental del propio gobierno, hay claras evidencias de que el ministro atenta contra las funciones de su propia cartera», afirmó la ONG.

Según la PF, el esquema de «facilitación al contrabando de productos forestales» atiende «intereses privados de madereros y exportadores».

Gracias a él, se legalizó «de forma retroactiva miles de cargamentos de productos forestales exportados en desacuerdo con las normas ambientales vigentes entre los años de 2019 y 2020», hacia Estados Unidos y Europa.

El esquema «también ha creado serios obstáculos a la acción de control del poder público en cuestiones ambientales, con innegables perjuicios a toda la sociedad», agregó la policía, que inició las investigaciones en enero tras ser informada por autoridades extranjeras sobre los posibles desvíos.

Salles, de 45 años, es cuestionado por indígenas, académicos y organizaciones ambientalistas. También es visto con malos ojos por sectores del agronegocio, por considerar que su política ambiental daña la imagen internacional de Brasil, una potencia agropexportadora.

En abril del año pasado, el ministro fue filmado diciendo en una reunión del gabinete con Bolsonaro que el gobierno debía aprovechar la atención mundial centrada en la pandemia para legalizar actividades agropecuarias y extractivas en áreas protegidas.

«Tenemos la posibilidad de aprovechar este momento en que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente en el covid (…) para ir modificando todo el reglamento y simplificando normas» en ese campo, dijo Salles, causando indignación.

«Salles montó una verdadera oficina de delitos ambientales en el Ministerio de Medio Ambiente y un día tendría que responder por ello», afirmó este miércoles Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la ONG Observatorio do Clima.

Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019 la deforestación en la Amazonía se intensificó.

En el periodo de referencia agosto-julio se vienen registrando récords sucesivos desde hace tres años, con 9.216 km2 deforestados entre agosto de 2019 y julio de 2020 (+34% respecto a los 12 meses anteriores), una superficie mayor que la de Puerto Rico.

De enero hasta el 29 de abril de este año, el abate de árboles para los aserraderos y las actividades agropecuarias alcanzó 1.156,7 km2, en baja interanual de 3,9%, precisan esos datos, previos a la temporada seca cuando la deforestación se intensifica.