Este fin de semana del 15 y 16 de mayo 14,9 millones de personas están llamadas a participar de la histórica mega elección de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.
Sobre los constituyentes, los electores deberán sufragar para elegir a los 155 integrantes de la Convención Constitucional que deberán redactar la nueva Carta Fundamental del país.
De estos, 17 corresponderán a escaños reservados para pueblos originarios, que a su vez se dividirán en siete escaños para el pueblo mapuche y dos para el pueblo aimara, mientras que los ocho restantes constarán de uno por cada uno de los siguientes pueblos: rapa nui, quechua, lican antay o atacameño, diaguita, colla, kawashkar, chango y yagán o yámana.
Serán en total 95 los candidatos que competirán por uno de esos cupos, la mayoría correspondiente a postulantes mapuche, 39.
Para esta elección, el Servicio Electoral, en base a información de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Registro Civil, elaboró una nómina de 1.239.295 electores con calidad indígena, que podrán votar por los candidatos a los escaños reservados.
Vale aclarar que estas 1,2 millones de personas de ese padrón deberán elegir si sufragar por postulantes del pueblo indígena al que pertenece, cuya cédula será de color verde, o por los aspirantes de su respectivo distrito electoral, papeleta que será beige, pero no en ambas. Los votos verdes llegarán sólo a aquellas mesas donde sufraguen quienes integran la nómina indígena.
Según Radio Cooperativa este proceso y la participación de los pueblos originarios genera opiniones disímiles dentro de los mismos.
La candidata mapuche Ana Llao, dirigenta de Admapu, resaltó que «es un proceso histórico gracias al movimiento social, al movimiento mapuche, al movimiento estudiantil, del estallido social del 18 de octubre del 2019», donde «por primera vez en la historia se va a elegir a los consittuyentes para poder redactar esta nueva Constitución plurinacional, con representantes de las pueblos originarios y las mujeres».
Sin embargo, el werkén Rodrigo Curipán, de las comunidades Rankilko de Malleco y Collipulli, dijo que «no estamos de acuerdo» con este proceso, postura que «no sólo tiene que ver con los escaños reservados (con) que el Estado o los gobiernos han buscado una forma de abrir la llave para que los mapuche, o los pueblos indígenas, puedan acceder al poder, es una política colonialista».
«Seguimos pensando que hoy es tarde, creemos que no hay oportunidad política en esa Constitución para que los mapuches puedan resolver el problema que tienen con el Estado, menos cuando ha pasado mucha agua bajo el puente», apuntó.
En el norte del país, «nosotros somos críticos», afirmó Ariel León, asesor del consejo quechua.
«Estamos participando del proceso, pero de manera crítica porque el proceso está hecho más bien para partidos políticos, personas que no son de pueblos originarios. Quedaron muchos candidatos fuera en las inscripciones, tuvimos que hacer un serie esfuerzos por modificar los padrones, para qué hablar de la franja, tres segundos por cada pueblo. La forma de participación de los pueblos en la Convención Constitucional nunca se consultó», cuestionó.
Para la periodista aimara Leila Noriega «esto revela y visibiliza la falta de una relación más simétrica, de entender lo que son los procesos de deudas históricas con los pueblos originarios, específicamente en este territorio inclusive fronterizo, donde hay una gran diversidad de pueblos para participar de este proceso, que mostró que hay sectores de pueblos que están absolutamente ajenos a este proceso», informó Radio Cooperativa de Santiago de Chile.
