Mientras el país está alerta ante la posibilidad de que el presidente Iván Duque decrete el Estado de Conmoción en algunas ciudades del país por los problemas de orden público durante las jornadas ininterrumpidas de Paro Nacional durante una semana, las denuncias por abusos policiales y muerte de más de 30 civiles a manos de la Fuerza Pública no cesan en el noveno día de violencia desatada en Colombia que se inició en protestas contra un proyecto de reforma tributaria que el gobierno se vio obligado a retirar para intentar parar los desórdenes, lo que no se ha logrado.

Todas las ofertas de diálogo, incluyendo una del ex presidente Juan Manuel Santos y otra del propio mandatario Duque que llamó a un gran diálogo nacional, han fracasado en Colombia hasta ahora.

Iván Duque está en la última etapa de su mandato y ha  intentando, aparte de la tributaria, de  impulsar algunas reformas estructurales, pero varias de ellas han chocado con el Parlamento o la justicia, pero sobre todo con la calle.

El ex mandatario Santos,  quien mientras fue Presidente logró la paz del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pidió “no más violencia, no más sangre y buscar la paz” en su cuenta de Twitter. El país necesita diálogo, entendimiento, pidió.

Duque convocó el martes a un diálogo nacional  con el objetivo de rechazar la violencia en todas sus formas; acelerar el Plan Nacional de Vacunación; asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables, y, por supuesto, repotenciar la reactivación económica», expresó el presidente.

El proyecto de reforma tributaaria- que originó el estallido- tenía como objetivo oficial aumentar la recaudación del Estado para hacer frente a las necesidades de las clases más bajas afectadas por la pandemia. Sin embargo, el intento de aumentar el IVA al 19% para productos y servicios básicos como la electricidad o el gas provocaron la masiva revuelta ciudadana, lo que llevó a la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

En la tarde de ayer miércoles la expectativa era de tal magnitud, que corrió una notificacion falsa de un supuesto decreto que declaraba la conmoción interior. Desde la Presidencia lo desmintieron y aseguraron que se trataba de falsas noticias para desestabilizar al país, informa el diario El Expectador de Bogotá..

Lo que sí es un hecho, es que el presidente Duque en varias intervenciones sostuvo que no descartaba el uso de esta herramienta, consignada en el artículo 213 de la Constitución, en distintas ciudades. Se trata de una medida que solo se toma en caso de grave perturbación que atente de manera inminente contra la seguridad del Estado, que tiene un límite de tiempo de hasta 90 días prorrogables por dos períodos más (con aprobación del Senado) y que limita varios derechos de la ciudadanía.

La noticia generó reacciones en diferentes sectores académicos, políticos y sociales, pues abría la puerta a que supuestamente se cometieran más violaciones.

La directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Vivian Newman, indicó que el Estado de Conmoción tiene una limitación temporal, una excepcionalidad y unos mínimos requisitos. “Tiene una forma de tener un control judicial. Es por lo menos pedirle a un juez que vigile y que haya un equilibro entre los poderes públicos”, explicó. Varios expertos en derechos humanos coincidieron en que estamos en un momento de falta de institucionalidad, en la que las violaciones son constantes y que el gobierno ha apelado al argumento de que las marchas están infiltradas por grupos armados para justificar sus acciones, como disparar a civiles que les han disparado desde las marchas.

La experta en derechos humanos  profesora Sandra Borda (foto izquierda) señaló que no se puede imaginar lo que puede llegar a hacer el gobierno en un escenario de Estado de Conmoción. “Si la Fuerza Pública está haciendo lo que está haciendo en un escenario de normalidad, no me quiero imaginar lo que va a pasar en un escenario de Conmoción Interior. Eso es ponernos en un paréntesis peligrosísimo en materia de seguridad y en posponer indefinidamente, y en perjuicio de la ciudadanía y del mismo establecimiento, la satisfacción de las necesidades que están motivando la protesta. Creo que lo que están planeando hacer es meterle más leña al fuego. Y de esto no va a salir bien librado nadie”, agregó Borda.

El profesor y abogado de la Universidad Externado, Camilo Umaña, cree que a pesar de que existe el riesgo de declarar el Estado de Conmoción Interior, es un poco escéptico de que vaya a ocurrir “porque ya creo que existe de facto. Es decir, hay una limitación exacerbada de las libertades públicas y las Fuerzas Militares están en las calles. Y la Policía se ha reforzado con un uso y abuso de su autoridad. Esto da muestra del acortamiento de las libertades públicas. Eso explica en parte las protestas”. Umaña indicó que uno de los grandes problemas es que las autoridades han mezclado las reglas para intervenir o no intervenir en las manifestaciones con el Derecho internacional

Para Vivian Newman, si Duque decide continuar con esta figura de la asistencia militar, “quiere decir que ya está vigente, porque ya está activada esa asistencia militar. Y, ¿cuál es el fundamento de esa figura? ¿Cuáles son los controles? ¿Quién puede saber si está debidamente justificada o no? ¿Si la justificación está en razones de seguridad pública que impide que haya acceso ciudadano a esa explicación? Nosotros realmente no podemos hacerle control a lo que ya existe en este momento”. Y agregó que el Estado de Conmoción sería el siguiente paso que existe en la Constitución: “por lo menos se tiene que decretar en unos actos administrativos, decretos con fuerza de ley, que tendría un cierto control por la Corte Constitucional, que no lo está teniendo en este momento”.

Camilo Umaña le dijo a este diario que son muy inquietantes las últimas declaraciones que ha dado el gobierno en materia de derechos humanos, pues debe garantizarlos y protegerlos ante cualquier situación. “El martes salió una entrevista muy preocupante de la Consejera para los Derechos Humanos de la Presidencia (Nancy Patricia Gutiérrez) diciendo que los derechos humanos se garantizaban en la medida que los ciudadanos cumplían con sus deberes. Un poco justificando que las personas que pudieran lanzar una o dos piedras perdían sus derechos humanos. Esto es perverso”, concluyó.

Para los expertos que dialogaron con El Espectador, más allá de proteger el derecho a la vida, hay otros derechos fundamentales que no pueden ser violados, así se esté en un Estado de Conmoción. Coinciden en que se pueden multiplicar las formas de represión, los arrestos injustificados, las desapariciones, entre otro largo etcétera de violaciones que, según ellos, ya están sucediendo a pesar de no estar en medio de un Estado de Conmoción.

Presidente Duque

El presidente colombiano Iván Duque anunció el inicio de diálogos con diferentes sectores del país para superar el actual estallido social. Sin embargo, persiste la desconfianza entre quienes lideran la protesta, informa el diario El Espectador de Bogota, en un momento en que la situación es muy tensa y grave en toda Colombia.

La prioridad es parar la violencia. Tanto de los grupos de manifestantes, que han protagonizado desmanes y actos de vandalismo, como de la Fuerza Pública, que ha cometido múltiples abusos. Sin embargo, al menos por ahora, el camino hacia la concertación se ve todavía espinoso. Hay que reconocer que el presidente Iván Duque envió una buena señal al abrir la puerta al diálogo con los diferentes actores que se vienen expresando en las calles del país dentro del paro nacional, así como con los sectores políticos, productivos, alcaldes, gobernadores y líderes de la sociedad civil. Será el comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien lidere ese proceso, que ya tiene fechas y temas definidos: vacunación masiva, reactivación segura y desarrollo social (empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas), no violencia, protección de los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero (fondo de solidaridad educativa).

“Son seis temas esenciales, que responden tanto a lo que se viene solicitando desde distintos sectores sociales, empresariales e institucionales, como a las propios programas y propuestas en los que ha venido avanzando el Gobierno”, explicó Ceballos. De lo que se trata, aclaró, es de construir una agenda de trabajo conjunto sobre lo fundamental para salir de la crisis. La previsión que se tiene es hablar con diversos sectores desde hoy mismo y extender la discusión hasta el 20 de mayo. La idea es hablar con instituciones, alcaldes de ciudades capitales, gobernadores, estudiantes, alcaldes de municipios PDET, partidos políticos, transportadores, juntas de acción comunal y gremios económicos. Pero hay un detalle que llama la atención: se tiene previsto que apenas el 10 de mayo se inicie el diálogo con el comité nacional del paro.