Distintas organizaciones sociales pidieron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que juzgue al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad en medio de las masivas protestas originadas en octubre de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, informó Radio Cooperativa en su página web.
El recurso fue interpuesto en La Haya (Holanda) por el ex juez español Baltasar Garzón, el mismo que ordenó la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998-, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
En un comunicado, los denunciantes afirmaron que «los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009».
En el escrito, también sostienen que las autoridades nacionales han incumplido las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la ex Presidenta Michelle Bachelet, formuló en el mes de diciembre de 2019.
«Los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos Humanos», señalaron.
Por otro lado, responsabilizaron a los jueces chilenos de crear un ambiente de impunidad: «La asimétrica respuesta de los Tribunales de Justicia de Chile, que se ha expresado en imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social, y en cambio, ha liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde Octubre de 2019 a la fecha», sostienen.
Finalmente, apuntaron «la omisión que ha hecho el Ministerio Público de su deber constitucional y legal de investigar, al disponer el cierre de más del 55% de las investigaciones que se originan por denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo con ello, el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia», explican.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margotta, señaló a CIPER que la medida busca sancionar a las máximas autoridades del país, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros. E
n un comunicado del Partido Comunista, publicado en la página web del ex diario comunista El Siglo, el abogado Morgado declaró que para seguir manteniendo la grosera desigualdad y que no se respeten DDHH como la salud, la educación y la vivienda, el modelo y sus defensores recurren a la fuerza».
Subrayó Morgado (en la foto arriba) que los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”.
El caso Pinochet
El 16 de octubre de 1998, estando de viaje en Londres, Augusto Pinochet fue detenido en virtud de una orden de captura emanada por el juez español Baltasar Garzón, quien buscaba someterlo a juicio por los asesinatos de varios ciudadanos españoles ocurridos durante la dictadura. Las apelaciones presentadas por la defensa de Pinochet corrieron diversa suerte, hasta que el 2 de marzo de 2000, el Ministro del Interior británico resolvió liberarlo por razones humanitarias, debido a su estado de salud. Pinochet así regreso a Santiago en un avión de la Fach (autorizado por el gobierno de Eduardo Freo Ruiz Tagle y su ministro del exterior, el hoy senador socialista José Miguel Insulza) en gloria y majestadad Ese mismo año, ya de regreso en Chile, Ponochet debió enfrentar un proceso de desafuero por el caso Caravana de la Muerte que llevaba el juez Juan Guzmán. Aunque finalmente fue desaforado como senador vitalicio, el proceso fue sobreseído por razones de demencia senil en 2002. Revocado el sobreseimiento en 2004, el procesamiento fue dejado sin efecto en 2005. Ese mismo año, fue nuevamente procesado, esta vez por el caso Operación Colombo.
