América Latina entró en la pandemia como una de las regiones más desiguales del mundo. Y como gran parte del resto del mundo, saldrá más pobre y desigual. Según estimaciones iniciales, 19 millones de personas en la región han caído en la pobreza y la desigualdad ha aumentado en un 5% en comparación con los niveles anteriores a la crisis.

En muchos países, el apoyo público a gran escala impidió un resultado aún peor, pero elevó el nivel de deuda pública del 68% al 77% del PIB. Es probable que esto limite la capacidad de los gobiernos para hacer frente a las consecuencias a largo plazo de la pandemia una vez consolidada la recuperación.

Aun así, el escenario en términos de pobreza y desigualdad en la región puede mejorar debido a dos factores: la reanudación de los precios de las materias primas y la oportunidad que brinda la pandemia de alcanzar un consenso político y social más amplio sobre las reformas necesarias.

Estas conclusiones pertenecen a cuatro economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) -Antoinette Sayeh , Alejandro Werner , Ravi Balakrishnan y Frederik Toscani.

La relación entre los precios de exportación e importación de los commodities de un país, alcanzaron el nivel más alto desde 2011 para los principales exportadores latinoamericanos de estos productos. En Chile y Perú, actualmente son los más favorables desde 1980 gracias a los precios récord del cobre y otros metales.

Los economistas en su estudio  documentan   el notable progreso de América Latina en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante el auge de las materias primas en el período 2000-2014. Parece que gran parte de este progreso reflejó ganancias reales en los ingresos de los trabajadores poco calificados, especialmente en el sector de servicios. Programas de transferencia de ingresos, como Bolsa Família en Brasil y Bono Juancito Pinto y Renta Dignidaden Bolivia, también fueron importantes, aunque en menor medida, en la mayoría de los países. Esto sugiere que, si los precios se mantienen altos, el sector de commodities se expandirá nuevamente y atraerá trabajadores, elevando salarios y generando más empleos, estimulando a otros sectores, entre ellos algunos de los más afectados por la pandemia Covid-19.

Sin embargo, los productos básicos a precios favorables por sí solos no serán suficientes para generar una reducción duradera de la pobreza y la desigualdad en los países que los exportan. La volatilidad de los precios significa que las ganancias de hoy pueden convertirse en pérdidas mañana, como vimos cuando la expansión se convirtió en contracción después de 2014.

Además, el mundo pospandémico, marcado por un endeudamiento público sustancialmente mayor, implicará condiciones más restrictivas para muchos países. Es probable que los gobiernos tengan menos margen de maniobra para implementar programas de transferencias, tanto por el empeoramiento de las condiciones fiscales como por la necesidad de hacer frente a posibles secuelas. Por eso creemos que los países latinoamericanos deben emprender reformas transformadoras y diversificar sus economías más allá de las materias primas.

El retroceso histórico de los avances sociales, inducido por la pandemia, podría alimentar la polarización y paralizar las reformas en muchos países. Sin embargo, la crisis también puede ofrecer las condiciones para un nuevo consenso político sobre el futuro, especialmente si está impulsada por el aumento de las materias primas. Este podría ser un momento oportuno para considerar pactos fiscales integrales para abordar problemas estructurales de larga data.

Finanzas públicas más progresivas

Los sistemas de impuestos y transferencias en la región son considerablemente menos progresivos que en los países avanzados. Finanzas públicas más progresivas (es decir, impuestos más altos para quienes ganan más) ayudarían a reducir la desigualdad y crearían un espacio fiscal para políticas favorables al crecimiento y a los pobres. América Latina debería tener impuestos sobre la renta de las personas físicas más progresivos, centrándose en reducir las exenciones fiscales y combatir la elusión y la evasión. En algunos casos, las autoridades también deberían considerar la posibilidad de reducir las exenciones para captar una mayor proporción de personas con ingresos relativamente altos.

Por el lado del gasto, la pandemia puso de relieve la necesidad de mejorar la focalización de las transferencias sociales en muchos países, para garantizar el apoyo a los más vulnerables.

También es necesario corregir las importantes diferencias en los criterios de jubilación y la estructura de determinados sistemas de prestaciones definidas. En Perú, por ejemplo, la alta tasa de informalidad significa que solo alrededor del 30% de la población económicamente activa está cubierta por pensiones públicas. Además, es poco probable que la mayoría de los trabajadores alcance el período mínimo de cotización de 20 años. Esto significa que no solo no reciben los beneficios de jubilación, sino que también subsidian implícitamente a los trabajadores de mayores ingresos que reciben el beneficio.

 (En Chile, millones van a aquedar sin poder jubilar tras haber retirado gran partes de sus fondos por malas políticas de retiros anticipados por la pandemia –nota  de la R).

Diversificar las economías

Un paso difícil pero crucial es diversificar la economía. Un buen punto de partida podría ser estudiar las estrategias aplicadas por países que han tenido éxito en esta tarea, como Corea, Malasia y Singapur. Un caso de estudio interesante es el boom de las exportaciones agrícolas en Perú, exportador tradicional de mineral, que no hubiera sido posible sin la construcción de sistemas de riego (que convirtieron áreas desérticas cercanas a la costa en tierras cultivables), la existencia de varios acuerdos de libre comercio. y el trabajo diligente de las autoridades fitosanitarias, que contribuyeron a la apertura de nuevos mercados. Esto muestra la necesidad de involucrar a todas las esferas de gobierno.

Los gobiernos latinoamericanos tienen una enorme tarea por delante. Aunque no existe una solución perfecta, la crisis actual puede ser una oportunidad para emprender reformas. De hecho, es probable que las decisiones que se tomen en los próximos años tengan consecuencias de gran alcance para la región. Si América Latina logra forjar un consenso político y social para lanzar reformas transformadoras, puede retomar un camino de avance social sostenible y sentar las bases de una economía del siglo XXI.