Por Martín Poblete Pujol

En sucesivas votaciones, la oposición, acompañada por numerosos diputados y senadores de la coalición de gobierno, aprobó un nuevo retiro, el tercero, de fondos en cuentas de ahorro previsional en las AFP.   El texto votado en ambas cámaras del Congreso es inconstitucional, así lo han advertido varios constitucionalistas en escuelas de derecho  de las principales universidades del país.   En reiteradas ocasiones, el Presidente de la República ha indicado su decisión de llevar el texto aprobado en el Congreso a conocimiento del Tribunal Constitucional, a fin de obtener su invalidación por estar en violación de la Constitución y de leyes regulando el funcionamiento de la institucionalidad vigente.  El titular del Ejecutivo ha hecho reserva de constitucionalidad respecto de lo obrado por el Congreso, si bien ha insinuado la posibilidad de presentar proyecto similar al aprobado por mayoría de diputados y senadores; al ser patrocinado por el Presidente, el proyecto tendría todas las necesarias atribuciones de constitucionalidad.

El sábado recién pasado, la Presidenta del Senado dio a conocer una declaración, firmada por todos los senadores de oposición, rechazando cualesquiera posibilidad de negociar el tercer retiro de fondos de pensiones tal como fue aprobado en el Congreso; sorprende, y mucho, el tono confrontacional de la declaración aludida, en similar línea se agrega la idea todavía no materializada  de acusar constitucionalmente al Presidente de la República, y la propuesta de inhabilitar a la Presidenta del Tribunal Constitucional.   Han surgido voces de advertencia comparando la situación política con la de 1973; en realidad, en términos de confrontación institucional entre Congreso y Ejecutivo, está más cerca de los sucesos de 1891 hace 130 años.

El Presidente José Manuel Balmaceda perdió su mayoría en el Congreso en las elecciones de 1888.   En 1890 entró en curso de confrontación cuando el Congreso rehusó aprobar la ley de presupuesto; a su vez, Balmaceda rehusó promulgar proyectos de ley autorizando a los bancos a emitir dinero, en su lenguaje Balmaceda parecía sugerir un democratismo de clases medias con dejos de nacionalismo en el manejo de concesiones ferroviarias en las regiones salitreras.   La situación se tornó confrontacional con el nombramiento en el ministerio del interior de Domingo Godoy, abriendo un período descrito por Francisco A. Encina como «la dictadura de Godoy»;  en 1891, con el apoyo de la mayor parte de la oligarquía terrateniente, los mineros y banqueros, el Congreso rompió el orden institucional precipitando el país en guerra civil.   Las fuerzas armadas se dividieron, la Marina se puso del lado del Congreso, también las guarniciones del Ejército en el norte; al final dos generales, Orozimbo Barbosa y José Manuel Alzérreca, murieron en el campo de batalla (Placilla, 28 de agosto de 1891); esta experiencia marcó profundamente a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército.    Valga recordarlo, la elección de diputados y senadores en 1894 la ganó el balmacedismo, con el liderazgo de Julio Bañados Espinoza.

Los tiempos de hoy no son los mismos de 1891; sin embargo, el curso confrontacional abierto por la declaración de los senadores de oposición incluyendo a la presidenta de la Corporación, crea una situación de manejo particularmente difícil. De aceptar el Presidente la exigencia de los senadores de oposición, abdicaría de sus deberes y obligaciones solemnemente jurados en el acto inaugural de su mandato; de llevar su reserva de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, daría su propio paso en la confrontación de atribuciones y legalidad entre dos poderes del Estado.   Si a lo anterior se agregan las amenazas de presentar acusación constitucional contra el Presidente de la República y la presidenta del Tribunal Constitucional, podría crearse un cuadro de fuertes tensiones políticas con innegable impacto en el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Corresponde a los diputados y senadores de la coalición Chile Vamos rechazar sin equívocos los intentos de acusar constitucionalmente al Presidente Piñera y a la Presidenta del Tribunal Constitucional.   Los políticos de la coalición de gobierno han sido muy rápidos, siempre, en exigir de sus pares en la oposición enérgicos rechazos a la violencia; les ha llegado a ellos la hora de negar, explícitamente, sus votos a cualesquier peligroso resquicio constitucional y legal.

Resulta sumamente necesario llegar al 15 y 16 de mayo en condiciones de celebrar las elecciones municipales, de gobernadores regionales, y de constituyentes; el país necesita definiciones, como solo pueden darlas los ciudadanos que concurrirán a votar en esos días.   El Presidente Piñera tiene la responsabilidad de garantizar la celebración en condiciones normales de un nutrido calendario electoral, sin precedentes, así como de dar la partida al trabajo de la Convención Constituyente; en gran medida, su gobierno será evaluado por la forma como ejecute esos deberes y obligaciones, en este complejo año.