Un juez del Supremo Tribunal de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las acusaciones y condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otra instancia de la justicia brasileña debido a la supuesta parcialidad de la Fiscalía y del exjuez y exministro del actual presidente Jair  Bolsonaro,  Sergio Moro.

Fachin tomó esta decisión tras dar lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Lula en el marco de las causas impulsadas por la hoy cuestionada Operación Lava Jato (escándalo Odebrecht).

La decisión de Fachin, un juez conocido por haber estado vinculado a las denuncias y casos impulsados por la Operación Lava Jato (autolavado), se produjo luego del escándalo generado por la filtración de mensajes que desnudaron lo que Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) siempre denunciaron: el trabajo conjunto y secreto de los fiscales y el entonces juez Sergio Moro con el único objetivo de condenar al exmandatario antes de que pudiera competir en las últimas elecciones generales de 2018.

Lula pasó 580 días preso en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, y tras ser detenido en medio de un operativo que fue transmitido en el mundo entero, tuvo que bajar definitivamente su candidatura.

El ex juez Moro más tarde se convirtió en el primer ministro de Justicia del presidente que triunfó en esas elecciones, el actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (ambos en foto a la izquierda).

El Lava jato

La Lava Jato comenzó por azar en una gasolinera de Brasilia que blanqueaba dinero, pero a medida que las autoridades fueron tirando el hilo de la madeja destaparon un complejo engranaje de corrupción de dimensiones continentales.

La rutinaria investigación que se inició el 17 de marzo de 2014 pronto se convirtió en un gigantesco escándalo que salpicó de lleno algunas de las más importantes empresas del país, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el imperio Odebrecht.

La Lava Jato abrió la caja de Pandora de una gigantesca red de corrupción en Brasil y sus hallazgos condujeron a prisión a poderosos ejecutivos y políticos de todo el arco partidario que durante décadas parecieron ser intocables.

El arresto más mediático en el país fue el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien respondía hasta este lunes al proceso en libertad tras pasar 1 año y 7 meses entre rejas en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital de Paraná.

En el continente

 

Las confesiones de los implicados en la trama de corrupción, principalmente la de los ejecutivos del grupo Odebrecht, tuvo un efecto dominó que traspasó las fronteras de Brasil y sacudió los cimientos del sistema en más de una decena de países de Latinoamérica.

El escándalo, que pronto pasó a ser llamado «caso Odebrecht», salpicó a presidentes y expresidentes del continente acusados de haber participado en una de las mayores redes de sobornos de la historia.

Entre los investigados figuraba el exmandatario peruano Alan Garcia (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de 2019 con un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por presunto lavado de activos provenientes de coimas de Odebrecht. En el mismo Perú hay órden de detención contra el ex Presidente Alejandro Toledo (gobernó entre 2001 y 2006), hoy exiliado en EE UU,  y el también ex Mandatario Ollanta Humala quien ya estuvo en prisión y sigue siendo procesado.

Sospechas

En los siete años en los que estuvo vigente la operación fueron llevadas a cabo 1.450 órdenes de allanamiento, 211 conducciones coercitivas, 132 mandatos de prisión preventiva y 163 de arresto temporal.

En total fueron devueltos a las arcas públicas más de 4.300 millones de reales (unos 811 millones de dólares) gracias a 209 acuerdos de colaboración con algunos de los acusados de participar en tramas corruptas.

La Lava Jato, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. Algunos de los fiscales de la operación han sido cuestionados por su supuesta falta de imparcialidad en las investigaciones.

Las sospechas surgieron, sobre todo, a partir de unos reportajes del portal The Intercept Brasil, que publicó intercambios de mensajes entre los fiscales de la Lava Jato y el juez encargado de esas investigaciones en primera instancia, Sergio Moro.

Esas conversaciones escritas generaron un enorme revuelo y pusieron en tela de juicio la imparcialidad de los fiscales, pues insinuaban que, de forma ilegal, Moro coordinó acciones del proceso que llevó a Lula a la cárcel en uno de los casos de corrupción. Esto estuvo también ligado a las elecciones del 2018 y explica  el triunfo electoral de Jair Bolsonao en la presidencia,l  quien corrió libre de cualquier amenaza debido a que Lula da Silva había sido encarcelado por su amigo el juez Moro y el premio fue nombrarlo ministro de justicia.

Lula entrevistado recientemente por zoom  por el diario El País de España habló desde su casa antes de conocerse la decisión del juez Edson Fachin. Señaló que veía posibilidades de que su partido PT gane la presidencia en 2022, ya sea con él o con Fernando Haddad, o con el nombre de la izquierda que se destaque hasta ese momento. Para él prevalecerá la realidad y Bolsonaro perderá la disputa. Haddad reemplazó a Lula en las últimas elecciones y fue rival de Bolsonaro por el PT (casi obligado porque no tenía posiubilidades de ganar)  debido a que el líder y ex Presidente estaba en la cárcel.

Luiz Inácio Lula da Silva vive un momento de gran energía. Tiene 75 años, superó el cáncer, el coronavirus y la prisión, y dice sentirse «como a los 30». Apareció en España en la entrevista con una camisa de manga larga y habló desde su casa en São Bernardo do Campo, en el Gran São Paulo, donde vive con Rosângela Silva, Janja, socióloga de la que se enamoró cuando estuvo preso en Curitiba.

Una encuesta reciente de Ipec publicada en el diario O Estado de S. Paulo mostró que el 50% de los encuestados volvería a votar por él en 2022, contra el 28% del presidente Jair Bolsonaro y el 31% de Sergio Moro. Por enésima vez, Lula vuelve al centro del debate político.

Luis Ignacio Lula da Silva fue elegido el 1 de enero de 2003 y sustituído por la candidata también del PT en 2011 Dilm,a Rousseff, quien, en otra maniobra política fue destituída tras acusada también de corrupción , operación dirigida por su entonces vicepresidente Michel Temer quien asumió el poder el 31 de agosto de 2016 y gobernó hasta el  1 de enero de 2019 tras ser elegido Presidente Jair Bolsonaro.