Por Walter Krohne

Increíble pero cierto, al menos en cuanto a las denuncias, que al parecer son completamente verdaderas, la corrupción sanitaria en América Latina está instalada y desde hace rato.

Mientras en Perú se vacunó anticipada y preferencialmente a centenares de autoridades y contactos políticos, antes que al masivo pueblo peruano,  hoy ha quedado al descubierto un caso similar en Argentina.

La gente, el pueblo elector, levanta ahora su voz, con razón, y pregunta: ¿Hasta cuándo la genta sufrirá con los abusos y privilegios que se toman sin derechos los políticos? ¿Son estos abusos, atropellos, inmoralidades  y actos permanentes de corrupción lo que desestabilizan los sistemas políticos en Latinoamérica?

El ministro  de salud de Argentina Ginés González García (foto derecha) fue expulsado este viernes del gabinete del presidente Alberto Fernández, en el que ocupaba la importante cartera sanitaria en la actual pandemia, (fue sustituido por Carla Vizzotti) tras un tremendo escándalo que ha quedado ya registrado para la historia como “la vacunación vip”, mientras en Perú se ha denunciado en esta misma semana el “VacunaGate”.

Basta ya de escándalos señores políticos de todas las corrientes, basta de engañar y seguir engañando  al pueblo con privilegios desmedidos. La vida es muy corta y en el fondo todo se llega a saber siempre.

Ni Fernández ni el jefe de Gabinete en la Casa Rosada, Santiago Cafiero, se dieron cuenta de lo que ocurría en la  mismísima Casa Rosada, al parecer afectada por numerosas  irregularidades. ¿Es esto creíble?

El vacunatorio VIP del doctor Ginés ha causado un daño brutal al plan sanitario, comentan medios bonaerenses de prestigio como el diario La Nación.

El tema se conoce porque habló uno de los “vip” del doctor Ginés,  el periodista Horacio Verbitsky, que contó en público que había logrado vacunarse por una gentileza del propio ministro, lo que originó de inmediato un escándalo político que ya es habitual  en el escenario político del país trasandino, porque los beneficiados fueron, como siempre, numerosas figuras políticas y también parientes.

El escándalo escaló con rapidez tras la presentación, ayer al mediodía, del Consejo Económico y Social, que lidera Gustavo Beliz. Fue después de ese acto, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), que el Presidente tomó conocimiento de las palabras del periodista Verbitsky y del vacunatorio exclusivo que González García montó en el Ministerio de Salud para acceder a la vacuna rusa Sputnik V.

Por si fuera poco, como anticipó LA NACION, apenas llegaron los primeros lotes con las dosis desde Rusia, la cartera sanitaria argentina se reservó un «remanente» de al menos 3.000 vacunas. Esto sentenció la permanencia de González García en el Gobierno.

El caso de Perú

Entretanto, en el caso peruano VacunaGate, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) fue suspendida este viernes por el Instituto Nacional de Salud (INS) como centro de investigación para nuevos ensayos clínicos.

En el comunicado emitido por las instituciones a cargo, incluyendo el Ministerio de Salud (Minsa), señalaron que se tomó esta decisión después de detectar un conjunto de hallazgos vinculados al uso indebido de las 3.200 dosis de vacuna del laboratorio chino Sinopharm (se habla de unos 487 casos de privilegios hasta ahora).

Hasta el momento han determinado que se ocultó información sobre el uso de estas dosis, las cuales fueron administradas a personas ajenas a los ensayos clínicos con el agravante de aplicarse más dosis, y que violaron los protocolos al retirarlas indebidamente del centro de investigación. Ante esta evidencia, decidieron tomar una serie de acciones.

El comunicado del Ministerio de Salud que suspendió a la UPCH señala por ejemplo, que “tras el cotejo (comprobación de los dos documentos públicos en cuestión con sus originales) de las dosis utilizadas con la identificación de cada persona que la recibió y continuar la inmovilización de las dosis de vacuna disponibles en stock del citado centro de investigación”, se pudo establecer la grave irregularidad.

También explicaron que se ejecutaron una inspección extraordinaria para verificar que los hallazgos identificados no afectaran los derechos, seguridad, dignidad y bienestar de los implicados en la investigación. Además, revisarán el proceso de selección de voluntarios y los datos obtenidos en el ensayo clínico.

El documento finalizó con la decisión de “suspensión del registro del centro de investigación 033, correspondiente al Centro de Estudios Clínicos – UPCH, para nuevos ensayos clínicos”.

El informe de la BBC en el caso peruano

Perú es uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia. En este contexto, la denuncia de que varios altos funcionarios de gobierno abusaron de un ensayo clínico para vacunarse contra el coronavirus mucho antes que la mayoría de la población, ha generado una ola de malestar nacional.

El presidente Francisco Sagasti dijo esta semana estar «indignado y «furioso», dos adjetivos que resumen el sentir general de la población, y responsabilizó enteramente de la situación a su predecesor Martín Vizcarra, uno de los señalados.

En el Perú, el caso estalló el miércoles de la semana pasada, cuando se reveló que el expresidente Martín Vizcarra había recibido dos dosis de la vacuna contra la covid-19 de la empresa china Sinopharm en octubre, cuando aún estaba al frente del gobierno y se estaba llevando a cabo el estudio clínico de la misma en el país. Vizcarra  fue destituido por acusaciones de corrupción el pasado noviembre.

Lo que en un principio parecía una cuestión que afectaría solo al gobierno saliente, pronto salpicó al gobierno interino de Francisco Sagasti, quien desde el principio del escándalo manifestó su «indignación» por el caso y ordenó que todos los funcionarios del gobierno que participaron en esta vacunación quedaran fuera de sus funciones en el Estado.

La primera en irse fue la ministra de Salud  Pilar Mazzetti, quien dimitió hace una semana, aunque los detalles de su renuncia no se confirmaron hasta el lunes.

El domingo fue el turno de la canciller Elizabeth Astete, quien dimitió tras reconocer que había recibido la vacuna el 22 de enero, antes de que se iniciara la campaña de inmunización general, y admitió haber cometido un «grave error».

También reconocieron haberse inmunizado y renunciaron a su cargo los ahora exviceministros de Salud Luis Suárez y Víctor Bocangel.

Todos ellos recibieron la vacuna meses antes que la mayoría de los peruanos.

De hecho, todavía no se sabe cuándo se empezará a inmunizar al grueso de la población, si bien los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate al virus empezaron a ser vacunados a partir del 8 de febrero.

Las primeras dosis de la vacuna llegaron formalmente al país a principios de septiembre y, con la participación de casi 12.000 voluntarios, ese mismo mes se iniciaron los estudios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El martes, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Germán Málaga, investigador y médico de la UPCH y jefe de los ensayos, dijo que fue el propio Vizcarra quién le solicitó la vacuna y que lo inoculó, así como a su mujer, el 2 de octubre en el Palacio de Gobierno.

«Sabía que era una vacuna de etiqueta abierta, que tenía componente activo y que no había recibido placebo», declaró.

«Fuimos (con una enfermera) lo vacunamos a él y a su señora esposa. En ese momento sinceramente no me pareció un acto fuera de contexto. Era el presidente de la república y no pensé en ningún aspecto legal, ni político», agregó.

El Congreso nombró la noche del martes una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de las vacunaciones ajenas a las buenas prácticas nacionales e internacionales de los ensayos clínicos.

Por su parte, la Fiscalía inició una pesquisa preliminar contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

Estas investigaciones todavía podrían provocar más renuncias, pero su impacto podría ir mucho más allá del actual gobierno, por más que el presidente Sagasti dijera confiar en que lo ocurrido no afecte «el proceso de conseguir las vacunas para nuestro país».

Más aún teniendo en cuenta que los peruanos acudirán a las urnas el 11 de abril para elegir nuevo presidente.

(*) – Informe realizado con el apoyo de varios medios de comunicación, entre otros La Nación de Buenos Aires, Crónica Viva de Perú y la BBC de Londres.