Seis años duró el ejercicio de la democracia en Birmania. Tras una semana en la que el “ruido de sables” se veía venir otra vez, el país asiático amaneció este lunes controlado por los militares que dieron un nuevo golpe. Durante la madrugada, los militares arrestaron a la líder  y  premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y a otros importantes representantes políticos y civiles. También declararon el estado de emergencia y asumieron el control político del país.

En la madrugada, varios miembros del Partido Liga Nacional para la Democracia (LND) que Suu Kyi encabeza o familiares suyos fueron detenidos como dan cuenta las redes sociales o declaraciones a la prensa sobre detenciones. “Quiero decirle a nuestro pueblo que no responda precipitadamente y que actúen conforme a la ley”, declaró el portavoz del LND, Myo Nyunt, que aseguró que el Ejército ya se había “llevado” a varios ministros y que él esperaba correr la misma suerte.

En la capital, Naypyidaw, y otras ciudades importantes, las líneas de comunicación no funcionaban o lo hacían deficientemente, mientras que los soldados tomaron el control de la televisión pública, MRTV. Por las redes, circulan imágenes de uniformados patrullando por las calles o desplegados en las inmediaciones de edificios importantes como el ayuntamiento de la ciudad de Rangún, epicentro comercial del país, o del gobierno regional de Mandalay. Según el servicio de monitorización NetBlocks, la conectividad a Internet ha caído hasta un 75% en el país.

Las detenciones se registraron horas antes de que se constituyera el nuevo Parlamento surgido tras las elecciones del pasado 8 de noviembre, en las que el partido de Suu Kyi arrasó llevándose el 83% de los escaños. Estos comicios fueron los segundos celebrados bajo un régimen de “libertad” desde que en 2015 comenzó la frágil transición de casi medio siglo de juntas militares hacia la democracia.

Sin embargo, los resultados fueron disputados desde el principio por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse. El grupo tan solo logró 33 escaños y denunció supuestas irregularidades, pero sus denuncias han sido rechazadas por la comisión electoral y el Tribunal Supremo.

Aún así, los militares, que se aseguraron el 25% de los escaños parlamentarios y los Ministerios de Interior, Fronteras y Defensa antes de iniciar su ruta hacia una “democracia disciplinada”, amenazaron con “tomar medidas”. El pasado miércoles, el jefe del Ejército, Ming Aung Hlaing, dijo que se debería abolir la Constitución si ésta no se cumple, lo que se interpretó como una amenaza velada a un posible golpe de Estado.

Ante los crecientes rumores, varias delegaciones diplomáticas expresaron el viernes su apoyo al proceso de cambio y pidieron a los militares que respeten el veredicto de las urnas. Algo similar demandó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien aseguró que “Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones recientes o impedir la transición democrática de Birmania, y tomará medidas contra los responsables si no se revierten estos pasos”.

Suu Kyi, fue vista como un icono de la lucha por la democracia y la libertad tras década y media de arresto domiciliario. Sin embargo, en los últimos años, su reputación ha sufrido una fuerte caída a nivel internacional por su consentimiento con la campaña de limpieza étnica cometida por los uniformados contra los rohinyá. En 2017, los militares mataron, hirieron o violaron a cientos de miembros de esta perseguida minoría musulmana, y unos 700.000 de ellos buscaron refugio en la vecina Bangladesh.

Además de rohinyá, el  bamar es el grupo étnico mayoritario entre las siete minorías (pueblos)   que cofundaron la Unión de Myanmar (Birmania). Otras son  Chin, Kachin, Kayah (Karenni), Kayin (Karen), Mon, y Shan.

El genocidio contra los  rohinyá​ se refiere a la operación de limpieza étnica llevada a cabo por el ejército y la policía de Birmania, de mayoría budista, y por civiles budistas rakéin contra los musulmanes rohinyá en el estado de Rakáin, al noroeste del país. Los hechos incluyeron masacres, violaciones y la quema de las viviendas de los rohinyá.

Las acciones que han sido calificadas de genocidio por la Organización de las Naciones Unidas​ dejan un saldo de alrededor de 725.000 desplazados por la violencia y 25.000 muertos.​

Estos hechos han convertido a los rohinyá, según el periodista español Alberto Masegosa, en «la minoría étnica y religiosa más perseguida del planeta».

El Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu calificó el caso de los rohinyá como «un genocidio a cámara lenta».

“Se han abierto las puertas a un futuro muy diferente”, resumió en Twitter el historiador Thant Myint-U. “Tengo la sensación de que nadie podrá controlar realmente lo que vendrá a continuación. Y recuerden que Birmania es un país inundado de armas, con profundas divisiones étnicas y religiosas, donde millones (de personas) apenas pueden alimentarse”.

Bachelet está preocupada

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió solidaridad mundial con Myanmar tras el golpe militar.

Señaló que entre los detenidos tras la declaración militar de un estado de emergencia se encuentran líderes políticos pero también defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.

«Hay preocupantes denuncias de ataques y amenazas a periodistas, restricciones de internet y en las redes sociales, que reducirán el acceso a la información y la libertad de expresión en este momento tan crucial para el pueblo de Myanmar», subrayó la alta comisionada. Bachelet subrayó que la fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la capital birmana, Naipyidó, y en otras ciudades del país, alimenta los temores a que haya «una violenta represión de las voces disidentes».