Hay por lo menos un tribunal en Chile que se pone “las pilas”. Es en Antofagasta  y  frente al fraude fiscal cometido por la ex alcaldesa Karen Paulina Rojo Venegas quien fue  condenada este  lunes como corresponde  por defraudar al Estado de Chile,  y deberá  pasar cinco años en la cárcel (pena efectiva).

La sentencia la dictó el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta. «Se condena a la acusada Karen Paulina Rojo Venegas, ya individualizada, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, junto a las siguientas penas accesorias: inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por cinco años y un día; inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena», señaló el magistrado Juan Luis Delgado en la sentencia.

Igualmente fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada al ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal Edgardo Vergara.

El fraude al Fisco fue cometido por Rojo en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social del municipio de Antofagasta, por el cual deberá además pagar una multa ascendente al 20% del perjuicio causado -equivalente a poco más de $4 millones.

El Tricel confirmó ya que Karen Rojo está excluida del padrón electoral 34.

La ex autoridad fue sentenciada a fines de 2020, oportunidad en que también se le absolvió de negociación incompatible. El juicio, que contó con más de 100 testigos, comenzó el pasado 3 de noviembre, oportunidad en el que el Ministerio Públicó presentó diversa evidencia para probar que la ex autoridad contrató una asesoría comunicacional para las elecciones municipales de 2016 -en que resultó elegida-, para la cual habría utilizado fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y de la Corporación Cultural de Antofagasta.

El monto cuestionado bordeaba los $26 millones. Por los hechos, el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, había solicitado una pena de 7 años.

Según el tribunal, «resultó establecido más allá de toda duda razonable» que en agosto de 2015 Rojo, entonces alcaldesa, y dos funcionarios municipales se reunieron en Santiago con el gerente de asuntos públicos de la empresa Cadem, Roberto Izikson, «con la finalidad de que esta realizara una encuesta para medir el grado de adhesión ciudadana que tenía la solicitante para enfrentar las elecciones municipales». Ante un desfavorable resultado en dicha consulta, se coordinó una nueva cita con Izikson para ver una «forma de revertir dicha situación», oportunidad en que este último le sugirió contratar una asesoría política, proponiendo a José Miguel Izquierdo, representante de la empresa Main. Rojo se reunió con Izquierdo a fines de septiembre de 2015.

Durante el proceso el Fiscal Aguilar comentó que el Juzgado de Garantía de Antofagasta había aprobado una solicitud de la Fiscalía tras condiciones al también imputado José Miguel Izquierdo, consistente en que  pagara la suma de $2.315.252 de pesos al Fisco de Chile, con ocasión de los hechos investigados respecto de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y $314.512, a la Corporación Cultural de dicha ciudad.

La Fiscalía Local de Antofagasta informó que logró ante el Juzgado de Garantía la suspensión condicional del prodecimiento de José Miguel Izquierdo, quien fue formalizado por el delito de fraude al Fisco, mientras era propietario de Main Comunicaciones.

Así lo sostuvo el Fiscal Jefe de Antofagasta y quien tramitó también esta causa. Aguilar destacó que el Tribunal de Garantía de la ciudad aprobó la solicitud de la Fiscalía y decretó que el imputado José Miguel Izquierdo pagara $2.315.252 al Fisco de Chile y $314.512 a la Corporación Cultural de Antofagasta, ambas en 10 cuotas.

«A mediados de octubre de 2015, y ante la dificultad de obtener fondos para el pago de la asesoría que ya se estaba ejecutando, la alcaldesa Rojo optó en forma deliberada por instruir a la celebración de un contrato de asesoría comunicacional entre la empresa Main y la CMDS de Antofagasta, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro (…) y cuya función comprende la administración y operación de los servicios de educación, salud y atención de menores traspasados por la municipalidad de Antofagasta, teniendo a su cargo recursos fiscales»,

Para tal decisión,  Rojo se habría coordinado  con el ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Edgardo Vergara (también condenado), «quien suscribió sin que existiera una necesidad inmediata para la corporación y con el objeto de pagar una asesoría contratada en beneficio exclusivo de Rojo, el contrato entre Main y CMDS».

La denuncia se oroginó y concreto en el sector de los concejales de la Municipalidad:  Entre otros por  Luis Aguilera Villegas (RN) – Jonathan Rodrigo Velasquez Ramírez (IND-Chile Vamos) – Camilo Nicolás Kong Pineda (IND) y Doris Navarro Figueroa (IND-Nueva Mayoría).

Karen Paulina Rojo Venegas es una químico-farmacéutica y política chilena. Fue Seremi de Salud de la Región de Antofagasta, y desde 2012 ejerció como alcaldesa de Antofagasta. Tiene 41 años de edad y figura políticamente como independiente.

Ayudas sociales para tratar de evitar la condena

Karen Rojo Venegas aparece entregando ayudas durantre la pandemia.

En medio del juicio por el caso Main, Karen Rojo impulsó este año una serie de “ayudas sociales” para distraer la atención de las acusaciones conocidas en el tribunal.

El golpe político que ha significado el caso Main se mezcla con la cada vez más intolerable situación de la Región de Antofagasta  con altas tasas de despidos, donde el desempleo ha subido a un 11,1%, al mismo tiempo que los contagios por COVID-19 llegan a 11.267.

La carta para poner paños fríos a la situación ha sido el avance del plan de ayuda social “La Muni Está Contigo”, este plan involucra la entrega de kits de aseo, recargas de gas y la realización de consultas médicas a domicilio entre otras cosas que ayudan a paliar mínimamente la dura realidad actual, pero que están lejos de solucionar el hambre provocado por el desempleo y los distintos problemas de salud que se han extendido alrededor de la pandemia y el colapso de la salud pública.

Recientemente Karen Rojo, hizo un catastro sobre las diferentes ayudas que se han entregado a lo distintos programas y departamentos municipales, en donde contó 140 mil ayudas entregadas, en uno de los comunicados publicados en redes sociales asegura que esto ha “beneficiado a 140 mil familias hasta el momento, porque la solidaridad es nuestro enfoque más importante en tiempos de pandemia”.

En este sentido, el contraste del plan de la municipalidad dirigida por Karen Rojo contrasta con la resolución de la fiscalía, que exige 7 años de presidio y por consiguiente una suspensión del cargo por inhabilidad temporal y la situación concreta de la región en medio de la pandemia.

En toda línea el caso Main expresa lo más aberrante de la política de los empresarios, es decir, los mismos que están a favor de los despidos, del hambre, del funcionamiento de la minera en plena pandemia y los que han sido los primeros en exigir cárcel y castigo para los que se movilizaron en octubre son los que protagonizan casos de corrupción y fraude, mientras ocupan todos sus recursos para mantenerse en sus cargos para seguir utilizando sus privilegios y proteger sus intereses.