Por Enrique Fernández

Tras la censura a los mensajes del presidente de Estados Unidos Donald Trump en las redes sociales, las acciones de la compañía Twitter, que fue la primera en aplicar este bloqueo, cayeron en un 12% lo que representó una pérdida de 5.000 millones de dólares en su valor de mercado.

Facebook e Instagram también suspendieron las cuentas de Trump el viernes pasado con el mismo argumento: detener sus mensajes de incitación a la violencia. Mensajes que, según los censores, influyeron en la turba de partidarios suyos que coparon el Capitolio el miércoles 6 de enero, para impedir la ratificación de Joe Biden como nuevo presidente del país.

¿Es legítimo que estas compañías transnacionales se apropien de la internet, apliquen censura y coarten la libertad de expresión de un presidente o cualquier ciudadano? Twitter dijo que su propósito fue evitar un “mayor riesgo de incitación a la violencia” por parte de Trump.

Al enterarse de este castigo, el vehemente mandatario que concluye su período de gobierno el próximo miércoles 20 de enero, calificó lo ocurrido como un ataque a la libre expresión. En su último mensaje, a través de la cuenta de Twitter de la Presidencia, señaló:

«Como he dicho durante mucho tiempo, Twitter ha ido cada vez más lejos en la prohibición de la libertad de expresión, y esta noche, los empleados de Twitter se han coordinado con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme».

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder con los votos de la “izquierda radical” a que alude Trump, se manifestó en desacuerdo con Twitter. AMLO dijo que esta censura es “una afrenta a la libertad de expresión” y abre el camino para que “las empresas privadas decidan quién puede ser silenciado y censurado y quién no”.

“Entonces –advirtió- no se vaya a crear un poder mediático mundial, un tribunal de censura, como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública”.

Desde Europa, la canciller alemana Angela Merkel –que no tiene cuenta en Twitter y más de una vez discrepó con las políticas de Trump- consideró que es delicada la decisión de Twitter y las otras redes sociales.

“Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por las leyes, y no por la dirección de una empresa”, explicó Steffen Seibert, portavoz de Angela Merkel..

“Por ello la canciller considera problemático que las cuentas del presidente estadounidense en las redes sociales sean cerradas definitivamente”, agregó.

Seibert afirmó que los operadores de estas plataformas “tienen una gran responsabilidad en que la comunicación política no sea envenenada por el odio, las mentiras y la incitación a la violencia”. Pero admitió también que la libertad de opinión es un derecho fundamental.

¿Dónde está la frontera entre el derecho a informar o transmitir opiniones basadas en la “posverdad”? Fue hace cinco años que la Universidad de Oxford incorporó en su diccionario el término “posverdad” para referirse a situaciones creadas a partir de elementos falsos. Es lo que habría ocurrido con la elección de Trump en noviembre de 2016, gracias a la intervención rusa que perjudicó a su oponente, la candidata demócrata Hilary Clinton.

Enfrentamos una posverdad cuando en la información que recibimos los hechos y los datos objetivos tienen menos valor que las opiniones subjetivas y las reacciones emocionales, también subjetivas, que su difusión provoca en el público. Es lo que sucede en Chile cuando 800 policías allanan el jueves pasado el territorio de Temucuicui, en la Araucanía. ¿Resultado del allanamiento? Un detective muerto, siete heridos y la incautación de 1.500 matas de marihuana. Algunos mensajes en las redes sociales calificaron este operativo como un “montaje publicitario”.

Desde el estricto punto de vista de los hechos, ¿se puede fabricar un montaje a costa de la vida de un policía? El allanamiento de Temucuicui en busca de armas y drogas, guardando en sentido de las proporciones, evoca en cierta forma lo que fue la invasión de Estados Unidos a Irán, hace 17 años, en busca de armas nucleares que nunca aparecieron.

Otros mensajes en las redes también califican de “montaje” el descubrimiento de fiestas clandestinas en Cachagua, para “desviar la atención” de un tema tan trascendente como lo es el debate en el Senado sobre el Tratado Transpacífico (TTP 11).

Y en el campo de los montajes o la posverdad, usted puede escoger una variedad de casos, como la llegada del hombre a la luna en 1969, que algunos escépticos ponen en duda. O el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, que en la imaginación de los montajistas fue planificado por la CIA al precio de casi 3.000 muertos.

El expresidente estadounidense Barack Obama recuerda en sus memorias, publicadas hace dos meses, cómo los rumores le atribuían poseer documentos que demostraban que la Tierra es plana. Es uno de muchos ejemplos que reflejaban “la disposición de la prensa a hacerse eco o a publicar esas mentiras como si se tratara de verdaderas noticias”, escribió Obama.

Así como sucedió con los mensajes de Trump en Twitter, los censores de Facebook han bloqueado cuentas de usuarios o han impedido la difusión de noticias, como sucedió en Francia en septiembre pasado. Esa vez, la red social no permitió la difusión de videos de Alain Cocq, que a sus 57 años reclamaba su derecho a una muerte digna, aquejado de una larga e incurable enfermedad.

Y de nuevo surge la pregunta: ¿Hasta dónde puede llegar el derecho a la libertad de expresión?

Tarea para los convencionales que desde el próximo año deberán redactar la nueva Constitución Política de la República de Chile.