Por Walter Krohne
Las opiniones de expertos indican y reconocen que este gobierno y los anteriores han sido incapaces de resolver o, al menos tomar el control del conflicto de la Araucanía.
Esta opinión se agrega a la de otros especialistas que proponen buscar asesoría externa (en Europa, EE UU o Australia) para definitivamente poder controlar este espinudo tema que no se va a resolver fácilmente ni siquiera con una nueva Constitución. No se trata sólo de asesoría en el campo de la seguridad sino también en un diálogo abierto con las comunidades que incluyan especialmente las cuestiones educacionales, económicas y sociales.
Parece que en la importante Región del sur chileno no hay ni un solo actor que de alguna u otra manera no “atornille al revés” u otros que tienen una misión especial y simplemente no la cumplen por distintas razones, incluyendo las preesiones a las que están sometidos. Los frentes a combatir son varios como grupos terroristas, narcotraficantes, bandas organizados de robo de madera o agitadores que ocupan tierras que le dan cada vez más oxigeno a una gran hoguera, cuya destrucción y proporción del daño y la pérdida de vidas humanas no se puede ni siquiera vislumbrar ni medir en el tiempo hacia el futuro. La Araucanía es un problema del Estado de Chile y dentro de su esctructuras no hay especialistas capacitados, en ninguno de los campos que hay que combatir urgentemente. Todos hablan y hablan desde hace 30 años, pero nadie hace algo para resolverlo.
Por la parte oficial (en La Moneda) se han cometido muchos errores garrafales como son los casos del asesinato de Camilo Catillanca en el marco de la Operación Jungla» y también con la Operación Huracán al final del gobierno socialista de Michelle Bachelet, lo que quiere decir que este descuido del conflicto no tiene parámetros ideológicos. Tanto con la derecha como con la iuzquierda nos ha ido igual de mal o nos va de mal a peor.
Los viajes a la Araucanía de las máximas autoridades chilenas y de jefes de las policías y otros servicios de seguridad se han hecho frecuentes en los últimos años, meses y días, pero las «recepciones» que los supuestos implicados o agitadores le dan a ellas son con “nuevos ataques terroristas y bombas incendiarias que explotan frente a sus propias narices. ¿O no fue así con el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli y el director general de la PDI Héctor Espinoza? o también con el ministro del Interior Rodrigo Delgado que también paso por la Región este viernes y que fue recibido con un nuevo ataque incendiario registrado en la ruta que une Carahue y Tirúa.
Matan carabineros en servicio activo, y a funcionarios de la PDI e incendian municipalidades y casas de pobladores mapuches o de residentes. Lo que quieren estos «delincuentes invisibles» es seguir teniendo las manos libres para provocar el caos.
En sus funerales este sábado, el Presidente Sebastián Piñera declaró que «nunca debemos confundir la acción criminal con el pueblo mapuche» y aseguró que en Temucuicui, donde ocurrió el asesinato del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar, «se han enquistado organizaciones del crimen organizado y bandas de narcotráfico que cometen delitos graves. Los vamos a perseguir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», aseguró, aunque parece una frase ya repetida. Estas palabras ya no le bastan a los chilenos que queremos hechos concretos.
Este sábado se realizó también el funeral del agricultor Orwal Casanova (foto derecha), también asesinado en los incidentes en la región de la Araucanía de esta semana. El hombre de 70 años falleció el jueves en la comuna de Victoria, tras recibir un impacto de bala cuando se encontraba afuera de su fundo, ubicado en el sector de Selva Oscura.
Tiene que haber una salida a este conflicto armado si se contara con una pericia policial y de seguridad adecuadas para parar a aquellos grupos que deben seguranmente estar financiados fuertemente desde fuera de la región y también quizá del país, porque lo están demostrando a diario con el uso de potentes armas de guerra.
El senador Francisco Henchumilla (foto izquierda), uno de los pocos democristianos buenos que van quedando, declaró recientemente que «lo que sucede en La Araucanía es un problema político que deben resolverlo los políticos, y que no puede ser entregado a la policía y a los tribunales. Este problema político es la interpelación que el pueblo mapuche le hace al Estado respecto de la restitución de las tierras que le fueron usurpadas en el siglo XIX”. Han pasado, sin resolver esta violencia política, más de 23 años y estamos en el punto de partida (…) espero que esta sea una oportunidad, para que los partidos políticos hagan una autocrítica y un mea culpa, por la responsabilidad de nunca en sus gobiernos haber enfrentado el fondo del problema”, añadió.
A su vez, la esoecialista Antonia Vinagre (foto derecha), autora de varias publicaciones sobre el tema, reconoce a situación que se vive en la macro zona sur de Chile es cada día más grave. La existencia de grupos organizados que buscan reivindicar la causa mapuche a través de actos violentos se ha vuelto cada vez más intensa, configurándose un escenario donde el terrorismo pasa a ser parte de una dramática puesta en escena en la región de La Araucanía y sus proximidades, cuestión insoslayable tanto desde el punto de vista político, como legal y teórico.
¿Cómo no pueden pararse los incendios de camiones…por ejemplo? o ¿hay detrás de estos atentados algún tipo de beneficio para los afectados? En uno de las últimas quemas los autores «dejaron un lienzo donde se refieren a Temucuicui», comunidad mapuche emplazada en Ercilla (donde mataron al inspector de la PDI esta semana). El ataque al funcionario policial ocurrió el mismo día en que se declaraba culpable del delito de homicidio simple a Carlos Alarcón, ex sargento de Carabineros que causó la muerte del joven comunero indígena Camilo Catrillanca, en 2018.
¿Era necesaria hacer ese día la visita y la reunión de autoridades de La Moneda? ¿Falta criterio y buenas iniciativas en el gobierno central?
Siempre vuelve a nuestra memoria el caso Luchsinger-Mackay (matrimonio conformado por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, agricultores de Vilcún,) que fueron asesinados el 4 de enero de 2013 durante la noche en que incendiaron su propia casa mientras ellos estaban en su interior. Tras el atentado, el machi Celestino Córdova fue detenido a 1750 metros del lugar, con una herida de bala, siendo hasta hoy el único condenado por el crimen.
