Por Walter Krohne

El Congreso iniciará la próxima semana el polémico proyecto ingresado por el Gobierno para combatir el crimen organizado, que desató polémica entre el oficialismo y parlamentarios de oposición que apuntan a que los problemas delictuales deben encauzarse con mejoras en la gestión policial.

Sin embargo el Congreso le ha negado la sal y el agua a los chilenos al retrasar continuamente proyectos importantes contra el delito. masivo y organizado.

Con la presentación de indicaciones y más indicaciones las iniciativas van quedando, como ya se ha hecho costumbre,  entrampadas. Allí están en la lista de espera la reforma de Carabineros, la creación de un aparato de inteligencia para investigaciones especiales,  otras iniciativas contra el crimen organizado además de la Araucanía y la reforma previsional que también siguen pendientes.

El parlamento es acusado por una parte de la ciudadanía de tener tiempo para acusaciones constitucionales y bloquear la labor legislativa del Gobierno y también ocupándose de iniciativas populistas como fueron los dos retiros del 10 por ciento de las AFP.

Este lunes el diputado RN Sebastián Torrealba fue interrogado sobre el tema en televisión siendo llevado por el conductor del programa a un peligroso terreno que  estaría indicando que detrás de estos bloqueos de proyectos importantes habría  quizá algunos legisladores «atornillando al revés». Sin embargo el parlamentario no quiso entrar más al fondo  en este tema.

La actual iniciativa oficialista contra el crimen organizado fue anunciada el último domingo por el Presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de «perseguir y sancionar con más y mejores instrumentos a la delincuencia organizada», y emplazó al Congreso a aprobarla a la brevedad, luego de una semana donde se registraron dos balaceras en menos de 24 horas de la comuna de Maipú  que dejaron dos personas fallecidas, hechos que se apuntan como ajuste de cuentas entre bandas; hechos que se han repetido en otras zonas de la capital.

Sin embargo, y quizá por lo que recién acabamos de contar que escuchamos en televisión,  la propuesta no ha sido bien recibida por parlamentarios opositores e incluso llevó a la Mesa del Senado a emitir una declaración en la que aseveró que «carece por completo de verosimilitud», argumentando que la actual legislación «ya persigue este tipo de delitos», lo que en la realidad no es así.

En ese marco, el Ejecutivo ingresó el proyecto por la Cámara de Diputadas y Diputados, cuya Mesa determinó que la Comisión de Seguridad Ciudadana lo analice, y no la de a la de Constitución, como suele ocurrir con este tipo de temas.

Dicha instancia, a la vez, ya fijó fecha para la primera sesión: el próximo lunes, a las 17:00 horas, a la cual fueron invitados el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

«Hemos convocado a la Comisión de Seguridad y también al señor ministro del Interior y el de Justicia, para abordar la situación del crimen organizado y las bandas de narcotráfico», confirmó el diputado Miguel Calisto (DC), presidente de la comisión.

Adelantó que «vamos a iniciar un debate más integral, que considere la persecución del crimen organizado, relacionado al poderío armamentístico de las bandas, y también la necesidad de perseguir el patrimonio de los líderes de las bandas de narcotráfico».

Propuesta del Gobierno

La iniciativa busca combatir delitos como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y el terrorismo. y busca  la creación de agentes especiales de investigación», como agentes encubiertos, informantes, infiltración de bandas, interferencia de comunicaciones telefónicas, que actualmente necesitan autorización de un juez de garantía; asimismo, modificar criterios judiciales para así incrementar las penas relacionadas a estos delitos.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, valoró el que el Gobierno presentara un proyecto para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, pero cuestionó la oportunidad del mismo y que el debate político se centre «en detalles» mientras hay grupos que tienen a muchas zonas del país sometidas «a sangre y fuego».

«Respecto al narcotráfico, que es el peor de los flagelos, mientras sigamos confundiendo la marihuana con las drogas duras, la pelea va a estar perdida», dijo el jefe comunal.

Para Carter, lo que «corresponde discutir sin prejuicios, con números en la mano, con la ayuda del mundo científico, en relación a qué vamos a hacer con el consumo de marihuana particular».

Según el ex militante UDI, «a los jóvenes se les encarcela y son tratados como narcotraficantes, en circunstancias en que el verdadero narco, el que maneja la pasta base, las pastillas, el que hace el gran negocio, está libre y comprando en las automotoras con plata al contado», expresó el edil.

Que «los políticos, que viven en condominios cómodos, lejos del peligro de nuestras ciudades, no peleen por tonteras. Distingamos el tipo de narcotráfico que vamos a combatir; al gran narcotraficante, tenemos que perseguirlo y meterlo en la cárcel», concluyó en una entrevista con Radio Cooperativa.

La iniciativa del gobierno, entre otros puntos, también propone cambios en el delito de asociación ilícita -que está en el Código Penal- y reemplazarlo por dos nuevas figuras: la asociación delictiva, que sancionará a quienes formen parte de una organización para cometer delitos simples, con penas de hasta 5 años, y la asociación criminal, que busca sancionar a quienes también forme parte de organizaciones para cometer crímenes, con penas de hasta 10 años.