Una vez que se apruebe definitivamente, España se convertirá en el sexto país del mundo que regula la muerte digna. Anteriormente se aprobó en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá.
En Chile, la sala de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en general la idea de legislar el proyecto de “muerte digna” y cuidados paliativos, el cual ahora volverá a las comisiones de origen debido a que recibió varias indicaciones durante el debate parlamentario.El proyecto fue aprobado con 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones, mientras que la indicación relativa a la autorización para el caso de mayores de 14 años y menores de 16 años fue rechazada por no lograr el quórum suficiente.
La votación para el proyecto fue bastante transversal, pues contó con el rechazo de algunos diputados de oposición como los DC Miguel Ángel Calisto o Joanna Pérez, el independiente Jorge Sabag y Pedro Velásquez, además de la abstención del radical José Pérez.
Para lo cual varios diputados de Chile Vamos le dieron su respaldo, como los Evópoli Francisco Undurraga, Sebastián Keitel o Pablo Kast, y también algunos de Renovación Nacional como Erika Olivera, Andrés Longton, Ramón Galleguillos, Sebastián Torrealba y Andrés Celis.
El proyecto en Chile indica que solamente en el caso que una persona haya sido diagnosticada de un problema de salud grave e irremediable, tendrá derecho a decidir y solicitar, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, asistencia médica para morir.
Los requisitos para poder solicitar la asistencia médica para morir son que dos médicos deberán diagnosticar la enfermedad o la dolencia, ser mayor de 18 años, estar consciente al momento de tomar la decisión y en pleno uso de sus facultades mentales, lo que deberá ser certificado por un especialista.
El proyecto también detalla todo el procedimiento para la ejecución de la asistencia de muerte de una persona, estableciendo además el derecho del equipo médico a ser objetores de consciencia.
Junto a esto, se establece la existencia del documento de voluntad anticipada, que es un acto por el cual una persona capaz y mayor de edad, expresa su decisión futura de recibir asistencia médica para morir, cuando se encuentre en la situación que la ley lo permita.
En esta declaración se podrá designar una o varias personas de confianza, mayores de edad, clasificadas por orden de preferencia y relación, para que manifiesten al médico la voluntad del paciente.
En España
Un paso histórico. Tras varios intentos y casi 23 años después del fallecimiento de Ramón Sampedro (marinero y escritor gallego que se quitó la vida en 1998 con cianuro potásico con la ayuda de una amiga, Ramona Maneiro tras quedar tetrapléjico por causa de un accidente, que pidió por activa y por pasiva que le dejaran abandonar este mundo en paz de manera legal, pero siempre obtuvo una negativa por respuesta. También está el caso de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple fallecida en abril de 2019). Una vez que la eutanasia se apruebe definitivamente, España se convertirá en el sexto país del mundo que regula la muerte digna. Anteriormente se aprobó en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá.
La ley de la eutanasia ha contado con un amplio respaldo por parte del Parlamento, ya que únicamente los representantes de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias se han posicionado en contra. En concreto, la ley ha salido adelante con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones.
La proposición de ley orgánica introduce la eutanasia como un nuevo derecho individual en el ordenamiento jurídico. Además, la nueva ley deja de considerar un delito la prestación de ayuda para morir en determinadas situaciones. Se evitarán casos como el de Ángel Hernández, marido de María José Carrasco, al que la Fiscalía pide seis meses de cárcel por ayudar a morir a su mujer.
Tras su aprobación en el Congreso, el proyecto llegará ahora al Senado donde se espera una rápida tramitación debido al amplio apoyo obtenido. Una vez obtenga luz verde en la Cámara alta, la ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente se concentraron este jueves a las puertas del Congreso para celebrar la aprobación.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha celebrado la aprobación de la ley con un mensaje en su cuenta de Twitter. “La aprobación en el Congreso la ley de eutanasia supone una gran conquista social para nuestro país. Avanzamos en libertad, en derechos civiles y en dignidad. Gracias a los grupos que han apoyado esta norma y a las personas y colectivos que han trabajado para conseguirlo”, ha afirmado.
El también líder de los socialistas no ha podido acudir personalmente al Parlamento al encontrarse en cuarentena hasta el próximo 24 de diciembre después de que Francia anunciara que Emmanuel Macron había dado positivo en coronavirus.
Derecho a morir dignamente
La ley en España establece que la eutanasia se convierta en una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, financiada públicamente. Este podrá realizarse en centros sanitarios, así como en el propio domicilio particular.
Al igual que ocurre con el aborto, los profesionales sanitarios tendrán derecho a la objeción de conciencia. Se creará un registro de sanitarios objetores, que tendrá carácter confidencial.
¿Quién podrá acogerse a este derecho? Las personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause un sufrimiento físico o psíquico intolerable sin posibilidad de curación o mejoría podrán solicitar ayuda médica para morir.
La decisión de pedir ayuda para morir debe ser autónoma e informada por el equipo médico. El solicitante tendrá que tener la nacionalidad española o la residencia legal en España, ser mayor de edad y ser consciente en todo la momento de la solicitud realizada.
A pesar de las protestas de la derecha, la eutanasia es aceptada ampliamente por la sociedad. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó sobre este tema a la ciudadanía fue en 2009. Entonces el 77,5% de los ciudadanos se mostró favorable, frente a un 9,8% que respondió que no.
