Por Manuel Acuña Asenjo
Un hecho notable que puso al descubierto la profunda crisis de confianza que vive el país fue el resultado del reciente plebiscito de 25 de octubre pasado. El mensaje ha sido claro y terminante: ‘Que se vayan todos’. Porque todo está en tela de juicio.
Algo que dejó en claro el referido plebiscito al pronunciarse abrumadoramente por la redacción de una nueva Constitución a cargo de una Comisión Constitucional cuyos integrantes no han de pertenecer a ‘élite política’ ni farándula algunas, sino deberán ser personas elegidas de entre los ciudadanos comunes y corrientes que representen lo que es la verdadera sociedad chilena. El plebiscito puso en interdicción a toda la institucionalidad vigente. Seamos claros: hoy en día no solamente son las personas que administran el país quienes se han visto deslegitimadas, por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus cargos, sino la institucionalidad toda, con sus corporaciones y fundaciones, con su modelo de economía social de mercado, con su mercado financiero, con sus AFP, con su Tribunal Constitucional, con sus leyes y reglamentos, con sus representación política y administrativa. Todo está en tela de juicio. Y esto no es broma.
Sin embargo, Antonio Gramsci nos recuerda algo muy importante: nada de lo nuevo puede hacerse presente, en tanto lo viejo se empeñe en subsistir. Para poder construir algo nuevo, necesitamos que lo viejo acepte el irrevocable mandato de la naturaleza que le ordena desaparecer. Algo que ninguno de los estamentos políticos del país parece querer aceptar. Por el contrario: su empeño parece orientarse en torno a crear obstáculos cada vez más difíciles de sortear para cumplir con el mandato de 25 de octubre pasado, como ha ocurrido recientemente al despachar el Congreso el proyecto de los independientes interesados en ser los constituyentes.
Porque, a pesar que dicho mandato fue explícito, son los partidos políticos quienes están designando a quienes van a ser candidatos a ‘constituyentes’ al extremo de obligar a ciertas personas a buscar alero bajo la ‘protección’ de estas colectividades para poder participar en el proceso constitucional. De acuerdo a lo que señala Ana María Gazmuri, dirigenta de la Comunidad por la Dignidad: “En este escenario, en que los partidos han monopolizado el proceso, nos planteamos bajo esta idea “Caballo de Troya”, en que el objetivo final es tener un mínimo de representantes independientes, cuyas ideas que se recojan puedan estar plasmadas en la nueva Constitución”.
Entonces, tenemos la fórmula perfecta para que se produzca el ayuntamiento entre quienes alegan representar el interés de las clases dominadas y quienes lo hacen en representación del capital. Y puesto que se trata de un contubernio, es decir, el ayuntamiento entre un sujeto libre y un esclavo, la cosecha que puede salir de aquello puede ser tremendamente peligrosa para los sectores populares. Y habría que preguntarle a más de alguien, cansado de los avatares de la política chilena, si acaso votaría por una lista que reuna a gran parte de la llamada “clase política” de estos últimos 30 años”.
Todo esto explica, por lo demás, la febril actividad de las élites políticas de llegar a acuerdos o desacuerdos entre ellas, establecer o abolir alianzas, e improvisar no solamente soluciones sociales sino, además, planes para el futuro, con absoluto desprecio de quienes las eligieron y escasamente preocupadas de la participación de los independientes, como lo estableciera el mandato del plebiscito de 25 de octubre pasado. Explica, igualmente, que las clases y fracciones de clase dominantes puedan llegar a acuerdos internacionales, como lo ha hecho el canciller Andrés Allamand, y traer en calidad de asesores a miembros de la OCDE para señalar al ‘pueblo ignorante’ lo que debe o no contener una constitución, desconociendo enteramente la voluntad de quienes concurrieron a votar en esa ocasión, en la convicción que sus opiniones serían tomadas en cuenta.
Un escenario para el Chile actual
Sostengo y afirmo aquí que la tarea más importante, por ahora, para el movimiento social, es la elección de los miembros de la Convención Constitucional. Hemos sido llevados a enfrentar esta situación, involuntariamente, por cierto.
Este es el escenario del Chile actual. Sobre este escenario hemos de trabajar y analizar el qué hacer en esta situación. Esto no implica, en modo alguno, detener la actividad callejera. Por el contrario: nadie olvida que ha sido la calle el instrumento inmejorable utilizado por la comunidad nacional para hacer posible los cambios que Chile requiere.
Reiteremos, no obstante, algo importante: toda otra actividad política no solamente es absolutamente innecesaria sino, implica, a todas luces, prolongar artificialmente la vida de un sistema que se cae a pedazos y que su ‘élite’ política se empeña en mantener.
La tarea de enfrentar el desafío de elegir solamente candidatos independientes en cada uno de los distritos del país, no es fácil. Por el contrario, presenta enormes dificultades. Tiene vallas que parecen imposibles de salvar, lo que no debe sorprender pues la ley ha sido redactada por quienes tienen horror a todo atisbo de participación ciudadana.
El viernes 4 de diciembre fueron aprobadas por el Parlamento las modificaciones a la Ley 21.216, con lo que dicha reforma, a pesar de las enormes trabas colocadas por el Congreso, pasó a manos del presidente para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial.
Las condiciones impuestas para que los independientes puedan votar, sin embargo, han quedado más o menos explícitas. Los independientes pueden presentar listas individuales o colectivas. Pero la única manera de obtener representación en la Convención es a través de la presentación de listas unitarias distritales, es decir, si en cada distrito se presentan listas unitarias. El sistema está diseñado para que compitan partidos políticos por lo que las reglas a aplicarse a los independientes son las mismas que se aplicarán a los partidos. Entre otros requisitos establecidos por el Parlamento para la postulación de los independientes podemos señalar, grosso modo, que éstos podrán hacerlo en forma particular (individual) o en listas. Si lo hacen individualmente, deben reunir un 0,2% de los votos necesarios para elegir un candidato; si lo hacen en listas, deberán reunir un 0,5% de esas firmas. Deberán, además, redactar un breve prospecto indicando las proposiciones que llevan para la Convención, inscribir en alguna Notaría las firmas recolectadas, hacer declaración jurada de los bienes que poseen, en fin. El plazo para reunir todas las exigencias contempladas por la ley es el 10 de enero próximo. ¿Será suficiente este plazo con tantos requisitos a cumplir?
