Parece que el único que festeja realmente, como triunfo personal frente a las elecciones parlamentarias del domingo en Venezuela, es el propio presidente Nicolás Maduro, porque el mundo occidental casi entero no reconoció el acto cívico como legítimo tras mostrar una altísima abstención. Lo curioso de todo esto es que  el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en las elecciones parlamentarias pese a la impopularidad del gobierno al que lo favoreció la decisión opositora de no participar en los comicios, lo que terminó en un fracaso -idea trasnochada y típica de los «genios opositores» de ese país, porque el resultado terminó favoreciendo al Gobierno al recuperar este  la Asamblea Nacional (AN) y le quita a la oposición la única institución que controlaba desde 2015.

El partido que comanda Nicolás Maduro controla 19 de las 23 gobernaciones, manda en 305 de las 335 alcaldías y tiene 227 de los 251 diputados de las asambleas legislativas regionales. Todo ese poder contrasta con una desaprobación que roza el 90%, resultado de una desastrosa gestión de la economía, que registró el peor colapso de su historia en la era Maduro (2013-2020).

En estas circunstancias, parecía que la derrota electoral del gobierno sería aplastante. Sin embargo, aparentemente sucedió lo contrario. A pesar de una altísima abstención, que rondó el 70%, el PSUV celebra una muy holgada «victoria», que le permite recuperar el control de la AN. No obstante, este fracaso electoral opositor ha sido vendido como un triunfo por sus publicistas, que se atribuyen haber conseguido una abstención histórica.

Los opositores piden ayuda a los demócratas del mundo

Con Michelle Bachelet por la cuestión de los DD HH.

Esto es lo que han hecho siempre, también con el Sebastián Piñera en Chile, recordar sólo el escándalo de Cúcuta. Pero los resultados han sido siempre insignificantes.

Esta vez han conseguido otra vez el apoyo de la Organiozación de Estados Americanos (OEA) que encabeza el ex canciller uruguayo  Luis Almagro quien fue reelegido para un segundo mandato como Secretario General de la organización el 20 de marzo de 2020. Fue primero elegido Secretario General el 18 de marzo de 2015, con el apoyo de 33 de los 34 Estados miembros y una abstención.

Ahora la OEA acaba de aprobar un proyecto de resolución contra Venezuela que obtuvo 21 votos a favor, tres más de los necesarios para ser aprobado. Bolivia y México votaron en contra y hubo cinco abstenciones y 6 países ausentes.

Así el Consejo de la OEA rechazó este miércoles las elecciones parlamentarias. Según los países que apoyaron la medida, consolidan al país como “una dictadura”.

La iniciativa fue presentada por Brasil y califica de fraudulentas las elección «conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.

Boicoteadas por la oposición y muy criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, las elecciones fueron ganadas por la alianza de partidos que apoyan a Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos (leer en Kradiario esta semana).

Las interrogantes

En este escenario surgen varios interrogantes: ¿con qué porcentajes ha vuelto a ganar el chavismo? ¿Es realmente una victoria del gobierno? ¿Cómo evaluar la estrategia abstencionista e insurreccional del ala radical de la oposición? ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo en la crisis política y los riesgos de apatía y desafección?

Como analiza la revista Nueva Sociedad, el gobierno ganó con 68% de los 6,2 millones de votos escrutados. Con algunas pocas diputaciones por decidir, el PSUV ha logrado aproximadamente 185 escaños, lo suficiente como para tomar posesión de la AN en pleno, es decir, para impulsar leyes de rango constitucional y cambiar casi todo el entramado jurídico nacional. En números gruesos, se diría que el chavismo obtuvo algunos votos más que en 1998, pero con un padrón electoral que se multiplicó por dos y con todas las ventajas de ser gobierno por más de dos décadas consecutivas. Si en la última elección parlamentaria, en 2015, votó alrededor de 74% del padrón electoral, ahora solo lo hizo alrededor de 30%. Es decir, la abstención casi se triplicó y solo es comparable a la de 2005, durante los momentos más álgidos del gobierno de Hugo Chávez, cuando ningún opositor se presentó a las elecciones, con discursos similares a los actuales sobre la falta de garantías para la oposición. Entonces la abstención fue de 75% y el chavismo se quedó con 97% de las bancas.

Los votos totales del PSUV alcanzan los 4,2 millones. Eso es, 25% menos que lo obtenido en las elecciones parlamentarias de 2015, pero con un padrón mayor. Si se compara con los supuestos ocho millones de votos obtenidos en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, la sangría es de casi 50%. Es de por sí notorio que si la oposición en pleno hubiera ido a votar habría ganado fácilmente la elección.

La «victoria» del gobierno era esperada. Hubo dos maquinarias que la impulsaron con infinidad de recursos económicos y mediáticos. Por un lado, el propio oficialismo presionó a su base política amenazando con negarles cajas de comida a quienes no fueran a votar. Por otro lado, Juan Guaidó, el líder opositor,  y la «comunidad internacional» hicieron esfuerzos para evitar que su propia base opositora fuera a votar, para evitar así que que los opositores al gobierno votaran en contra de Maduro y el PSUV.

Como era de esperarse, poco después de que varios países latinoamericanos desconocieran la elección del pasado domingo, la Unión Europea rechazó el resultado y pidió a Maduro que trazara un camino hacia la reconciliación nacional. Es muy fácil entrever que el chavismo se negó a aceptar la propuesta de veeduría y acompañamiento de la UE debido a que ello podría estimular una participación que le habría proferido una derrota sin atenuantes. Su tarea era promover acciones que impulsaran la abstención del voto opositor, cosa que logró.

Al gobierno lo tiene sin cuidado el manido discurso sobre la «legitimidad». De hecho, respondió señalando que en otras partes del mundo hay mucha abstención (por ejemplo, en las elecciones parlamentarias en Rumania) y que en 1993 Rafael Caldera ganó las presidenciales con apenas 17,66% del padrón electoral, poco menos que el 20% obtenido por el gobierno en estas últimas elecciones, y nadie cuestionó su legitimidad. En su defensa, el Poder Ejecutivo argumenta que a pesar de la negativa de los observadores internacionales de la UE, más de 1.500 observadores nacionales e internacionales se han sumado y desplegado en los centros electorales del país.

Pasada la polémica de las elecciones, el gobierno asegura que por fin podrá ofrecer sustento legal a sus políticas económicas, que pasan por una apertura y una búsqueda frenética de inversiones extranjeras a cualquier costo. Se espera que se aprueben leyes proclives a la privatización exprés de valiosos activos estatales, proceso que ya se ha venido adelantado sotto voce. También se planean aperturas masivas, endeudamiento y normas que garanticen la inversión ventajosa de empresarios iraníes, turcos, rusos y chinos. La intención es sobrevivir día a día. Cada hora en que se mantienen en el poder es ganancia.

Declaración de ex presidentes latinoaméricanos: Por Chile firmó Eduardo Frei Ruiz Tagle

Este jueves se hizo público un comunicado oficial suscrito por los exjefes de Estado y de Gobiernos participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), a fin de rechazar las inconstitucionales y fraudulentas elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro Moros, no aceptadas por 4 de cada 5 venezolanos y que, según lo resuelto ayer por la OEA, consolidan “a Venezuela como una dictadura”.

«Hace cinco años una misión de expresidentes invitada por la oposición democrática a través de IDEA observó, bajo rechazo del régimen dictatorial, las elecciones que dieran lugar a la actual Asamblea Nacional de Venezuela en ejercicio. La oposición logró una mayoría calificada de diputados cuyo mandato fue desconocido en lo inmediato por el mismo régimen a través de un Tribunal Supremo de Justicia espurio, instalado por la misma dictadura en los días previos a la inauguración del nuevo período constitucional parlamentario» recuerdan en el comunicado».

Destacan que a la Asamblea Nacional, con la complacencia del Tribunal Supremo de Justicia señalado, se le ha impedido ejercer sus competencias constitucionales, asumiéndolas el gobernante de facto quien decide dictar leyes mediante decreto y que luego comparte con una Asamblea Nacional Constituyente integrada por militantes del partido oficial, elegida de espaldas al ordenamiento constitucional. Señalan que mientras esto ocurre los diputados son víctimas de persecuciones, encarcelamientos, sometidos algunos a torturas y otros expulsados al exilio.

«La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, la Unión Europea y el Parlamento Europeo dan cuenta oportuna de la ruptura progresiva y consumada del orden constitucional y democrático en Venezuela» afirman.

Los miembros del Grupo IDEA recalcan que la Asamblea Nacional, mediante acuerdos que dicta entre los años 2016 y 2019, ha declarado reiteradamente las graves violaciones al orden constitucional que efectúa el Poder Ejecutivo y desconoce al igual que las organizaciones internacionales indicadas la inconstitucional y fraudulenta elección presidencial posterior, con la que Maduro se prorroga en el poder a partir del 10 de enero de 2018.

Recuerdan que ante estos graves hechos la Asamblea Nacional hubo de dictar un Estatuto para la Transición, como texto constitucional provisorio que guie la resistencia hasta que se alcance el regreso a la constitucionalidad y la realización de elecciones generales libres, justas y competitivas.

«La dictadura realizó unas elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre contando con un órgano electoral bajo su control, confiscando judicialmente los símbolos de los partidos de la mayoría parlamentaria que se le opone, incrementando inconstitucionalmente los curules en un 65%, creando circunscripciones nacionales inexistentes y desconociendo la norma sobre el voto directo, universal y secreto de los indígenas. Luego de violar abiertamente la Constitución y hacerla desaparecer, esgrime ahora sus plazos para poner fin a la Asamblea Nacional que se le opone, que fue resultado de una voluntad popular incuestionable» indican.

Expresan que la dictadura amenazó con quitarles la comida a quienes no votasen por sus candidatos en las señaladas y espurias elecciones. «Pero incluso así, después de haber organizado una observación internacional a su medida con misiones de gobiernos dictatoriales extranjeros y personalidades sujetas a sus beneficios, más del 80% de los venezolanos decidió abstenerse de votar. Rechazó a la dictadura y se pronunció en contra del dictador Maduro».

Aseguran que la comunidad internacional ha desconocido la farsa electoral parlamentaria y sus resultados. «Por consiguiente, tal y como lo expresa la Organización Mundial de Juristas – World Jurist Association – y de acuerdo a lo previsto en el señalado Estatuto para la Transición, la Asamblea Nacional y sus autoridades legítimas habrán de permanecer ejerciendo la representación democrática de los venezolanos hasta tanto se alcancen unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, competitivas, observadas internacionalmente y bajo las seguridades de un Estado democrático y de Derecho».

Los expresidentes de Estado y de Gobierno instan a los gobiernos democráticos del mundo, a Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y al Parlamento Europeo a mantener su reconocimiento a la Asamblea nacional legítimamente elegida en 2015 y a su presidente, como Encargado de la Presidencia de la República.

El comunicado fue firmado por: Oscar Arias, Costa Rica; José María Aznar, España; Nicolás Ardito Barletta, Panamá; Enrique Bolaños, Nicaragua; Felipe Calderón, México; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Laura Chinchilla, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador; Vicente Fox Q., México; Eduardo Frei, Chile; Felipe González, España; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Luis Alberto Lacalle H., Uruguay; Mauricio Macri, Argentina; Jamil Mahuad, Ecuador; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana, Colombia; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Julio María Sanguinetti, Uruguay; Luis Guillermo Solís, Costa Rica; Álvaro Uribe V., Colombia y Juan Carlos Wasmosy M., Paraguay, además del secretario general del grupo IDEA, el Dr. Asdrúbal Aguiar.