Por Walter Krohne

Siempre han habido terroristas de derecha y de izquierda, aunque a veces lo hayan negado las fiscalías y gobiernos de turno. Sin embargo la existencia de grupos organizados, con dinero y armas de guerra -poderosas y costosas – no se escuchaba desde hacía  años.

El problema está en que se logra poco si se detiene a un grupo de «soldados del terrorismo» y no a los cabecillas, quienes ponen el dinero, planifican las acciones y finalmente dan las órdenes de «ataque o combate».

El grupo o célula detenido este jueves es un hecho muy grave, porque los ocho detenidos son integrantes  de una organización mayor de extrema derecha, a la cual el gobierno le bajo el perfil en las primeras horas. Sin embargo estos hallazgos animan también a otros sectores, como a la extrema izquierda, para hacer lo mismo y al final nos encontraremos en el medio de una guerra de civiles armados hasta los dientes que se atacan entre si o realizan atentados mayores en distintos puntos de Chile. Recordamos entonces los primeros años de la década del setenta y no nos olvidemos tampoco que en este país las organizaciones narcos son ahora poderosas y podrían estar también vinculadas a estos sectores más violentos.

Ocho integrantes del grupo de ultraderecha ‘Aun tenemos Patria’ (ATP, como era en los setenta Patria y Libertad-logo en la portada), fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), acusados de amenazar a la fiscal Ximena Chong (foto derecha) quien está a cargo del caso del joven (16 años) que cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono, caso en el cual fue acusado como responsable un carabineros que tras el hecho fue expulsado de la institución policial.

Por la gravedad del hecho, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció este viernes que el Gobierno se querellará por ley de control de armas contra el poseedor de la subametralladora UZI que es uno de los detenidos este jueves por amenazas contra la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

El tribunal que lleva ahora el caso definirá este viernes las medidas cautelares contra los ocho detenidos por amenazas contra la fiscal. En ese contexto, el subsecretario indicó que «es por ello que como Gobierno hemos decidido iniciar acciones legales, presentar una querella criminal por la ley de control de armas en contra del poseedor de esta arma de fuego, delito que tiene las penas más altas del ordenamiento jurídico chileno que van  desde los tres años y un día a diez años de prisión (para aquellas personas que sean responsables de tener y utilizar armas de fuego prohibidas en Chile como fueron detectadas en la detención de esta semana).

El subsecretario Galli (foto izquierda) además se refirió a la polémica que generaron esta mañana sus propios dichos en Radio Cooperativa, en donde junto con condenar las amenazas a la fiscal, se refirió al armamento encontrado por la PDI. «Por lo que se vio, los utensilios que tenían (la agrupación) no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora UZI que es un arma prohibida», comentó Galli, declaraciones que gatillaron críticas desde la oposición.

Luego agregó en otras entrevistas que «esas amenazas son graves, condenables y afectan seriamente el Estado de Derecho. Por eso mismo, quise distinguir entre la gravedad de un arma de fuego y aquellos otros elementos que se detectaron como eran cascos que simulaban a cascos balísticos o armas a fogueo que claramente son de menor gravedad que el arma de fuego detectada y por la cual nos estamos querellando».

La fiscal Chong lleva el caso rotulado como «homicidio frustrado»  contra el hoy ex carabinero en un hecho ocurrido en medio de una agitación publica en el sector del puente. Pío Nono. El suceso y la forma de investigarlo  generó un gran rechazo a nivel nacional en las redes sociales, y por la  actuación de ella de culpar el primer día, sin mayores pruebas,  al ex carabinero de haber prácticamente empujado al joven de 16 años al río.

Este jueves el director de la PDI Héctor Espinoza (derecha) junto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, detalló a la prensa que las detenciones se realizaron tras el allanamiento de siete casas y una oficina en distintas municipalidades de la Región Metropolitana, donde fueron confiscadas armas, incluida la subametralladora UZI de guerra; cascos, escudos y chalecos antibalas con el logotipo del grupo terrorista ‘Patria y Libertad’, que operó activamente en el tiempo de la Unidad Popular en 1973 hasta el golpe militar.

A los detenidos, seis hombres y dos mujeres de entre 20 y 50 años, se les incautaron además afiches y documentos contra el fiscal general, Jorge Abbott, el Partido Comunista y el pueblo mapuche.

La investigación policial reveló que todos los implicados son integrantes del grupo de extrema derecha ATP, que ha tenido una notoria participación en recientes manifestaciones, sobre todo en el rechazo a una nueva Constitución para Chile.

Esas personas fueron identificadas mediante seguimientos realizados con registros de cámaras de seguridad que captaron cuando fue entregada en la residencia de la fiscal Chong la carta con las amenazas de muerte.

En breves declaraciones a la prensa, el director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, señaló que los implicados actuaron planificadamente, mientras que el ministro Delgado subrayó que acciones de ese tipo resultan lesivas a la democracia.