Martín Vizcarra (derecha) es uno más de los políticos peruanos caídos por haber cometido supuestas acciones de corrupción cuando era gobernador en Moquegua (ver nota separada).

Para resumir, en Perú la totalidad de los últimos presidentes han finalizado sus mandatos acusados de corrupción y en la lista Alan García (foto izquierda), quien –se suicidó- estaba investigado por el escándalo de corrupción más grande de América Latina: el caso Odebrecht. Pero además de García se han visto implicados en casos similares los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski (investigado desde diciembre de 2017), Ollanta Humala y Alejandro Toledo— vinculados a una causa por cuenta del caso Odebrecht. Toledo intenta evitar desde California su extradición al Perú.

La investigación contra Kuczynski es por supuesta sociedad con la empresa First Capital Partners (FCP), una consultora financiera que habría asesorado al consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht. En ese momento, el mandatario negó tal relación, pero, el 10 de abril de 2019, la Fiscalía de Perú solicitó prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Al  final Kuczynsji (foto derecha) reconoció que sí asesoró a H2Olmos S.A., una empresa de Odebrecht que ganó la licitación de un proyecto de irrigación llamado Olmos. Este escándalo le costó la Presidencia a Kuczynski, que renunció en marzo de 2018. Tras su renuncia, el Poder Judicial le prohibió salir de Perú durante 18 meses.

Pero cuando el 16 de abril comenzaba la audiencia de prisión preventiva por un plazo de 36 meses contra el exmandatario, esta tuvo que ser aplazada. Y PPK fue trasladado a la clínica Angloamericana con un cuadro de fibrilación auricular. Hasta este jueves se encontraba en cuidados intensivos.

Otros dos expresidentes peruanos -Alberto Fujimori y Francisco Morales Bermúdez- están condenados por homicidio y desaparición forzada, respectivamente. Morales por la justicia italiana.

Otro caso es el de Ollanta Humala. El 26 de abril de 2018, un Tribunal Constitucional de Perú falló a favor de que el expresidente y su esposa, Nadine Heredia, enfrentaran el proceso penal que se les sigue en libertad. En julio del año anterior, el juez Concepción Carhuancho había ordenado 18 meses de prisión preventiva contra la pareja, sin que eso significara una condena.

Heredia y Humala son acusados de haber cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir pues, según el fiscal, los dineros recibidos para las campañas de Humala, en 2006 y 2011, habrían sido justificados a través de falsos aportantes.

Esto porque, por un lado, el gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, supuestamente también apoyó económicamente la candidatura del expresidente. Y por otro lado, la empresa brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo mayúsculo de corrupción por cuenta de los sobornos que pagó para quedarse con diferentes construcciones de obras públicas, le habría entregado 3 millones de dólares, para financiar su campaña de 2011.

Sin embargo, para el abogado de Humala estas supuestas pruebas no son nuevas. Por su parte, el defensor de Heredia consideró que se trata de un caso en el que ella nada tiene que decir, pues no ostentaba el cargo de tesorera del partido que llevó a su esposo a la Presidencia. La pareja se pronunció en su momento, vía Twitter, rechazando la decisión de ser enviados a la cárcel alegando “abuso de poder” y “arbitrariedad”.

El 7 de mayo de 2018, la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú confiscó cuentas bancarias y cinco inmuebles propiedad del expresidente Ollanta Humala. Según el fiscal del caso, la vivienda se habría pagado con dinero procedente de enriquecimiento ilícito, algo que Humala rechazó tajantemente diciendo que no se han presentado pruebas de esto.

El caso Toledo

A Toledo la Fiscalía de Perú lo acusa de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para supuestamente favorecerla en la licitación de una obra de infraestructura en Perú durante su periodo presidencial, entre los años 2001 y 2006. A raíz de esto, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Toledo, quien se encuentra en EE.UU.

El expresidente niega los cargos en su contra.

Desde el 9 de febrero de 2017, las autoridades peruanas emitieron una orden de captura internacional contra Toledo, y dos días después la Interpol emitió circular roja para efectuar el arresto del expresidente en cualquiera de los países miembros de Interpol.

Toledo ha dicho además que ha habido irregularidades en los procesos en su contra y dijo ser víctima de una persecución política. También aseguró que ha colaborado con las autoridades pero que se rehúsa a ir a la cárcel sin que su versión de los hechos sea escuchada.

Actualmente, Toledo se encuentra en libertad en Estados Unidos. El 1 de febrero, la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE) de la Fiscalía de Perú informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos está revisando el pedido de extradición del expresidente peruano, reportó la agencia estatal de noticias Andina.

Caso Alberto Fujimori (presidente entre 1990 y 2000)

El expresidente Alberto Fujimori, de 80 años, paga en prisión una condena de 25 años por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su gobierno. Además, en 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado. Sin mencionar que el mes pasado, la Corte Suprema de Chile decidió que ampliaría los cargos en la extradición por Fujimori, lo que implican nuevos juicios por lesa humanidad y asociación ilícita.

En la víspera de Navidad de 2017, Fujimori volvió a los titulares de prensa cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario. Pero en 2019 el condenado expresidente regresó a prisión tras anularse su indulto humanitario, en octubre de 2018.

Cuando el entonces presidente Kuczynski le otorgó el indulto, se refirió a la «enfermedad progresiva, degenerativa e incurable» del expresidente y agregó que las condiciones carcelarias ponían en «grave riesgo su vida, salud e integridad”.

Al volver a prisión a principios de 2019, Fujimori dijo que el final de su vida «está cerca».

«Tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente?», dijo en una carta escrita a mano publicada en su cuenta de Twitter.

Francisco Morales Bermúdez condenado a cadena perpetua en Italia

En octubre de 2016, un tribunal de Roma acusó al expresidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez, junto a otros exmilitares, de matar y desaparecer a una veintena de ciudadanos ítalo-latinoamericanos en el desarrollo del Plan Cóndor, una operación coordinada por las dictaduras de países del Cono Sur —Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay— durante los años 70 y 80 para perseguir y reprimir opositores.

Morales Bermúdez, quien fue presidente durante la junta militar de Perú de los 70, resultó condenado décadas después por un tribunal fuera del país: una corte en Italia lo sentenció a cadena perpetua en relación en el Plan Cóndor.

En una columna de opinión, publicada el 28 de agosto de 2015 en el diario El Comercio, Morales Bermúdez aseguró que Perú no participó en la Operación Cóndor. “Como gobernante del Perú, de 1975 a 1980, debo exponer que nuestro país no formó parte de la denominada Operación Cóndor”, escribió el expresidente. El hijo del exmandatario, Remigio Morales Bermúdez, señaló que su padre fue sentenciado de manera arbitraria por una decisión política, según fue citado por el canal oficial peruano TV Perú.

Un país puede juzgar crímenes cometidos fuera de su territorio por la nacionalidad de las víctimas (en este caso italianos) y cuando se trata de “graves crímenes internacionales que, de otro modo, quedarían en la impunidad”, explicó la abogada Cristina Blanco, coordinadora académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesora en dicha institución. De ahí que haya sido Italia el país que profiriera la condena contra Morales.