Por Walter Krohne
Ya lo hemos insinuado varias veces: la mala política, unida a anarquistas, a narcotraficantes, a vagos y a otros lastres de nuestra sociedad, junto a la falta absoluta de líderes políticos y a la existencia de malos dirigentes o, mejor dicho, politiqueros, están arrastrando al país a un quiebre de nuestra democracia, que es harto débil por lo demás, para que después vengan las lamentaciones que nuevamente pueden llegar a durar años. Y esto ya es parte conocida de nuestra historia.
Lo ocurrido el domingo no es una acción de gente civilizada. Es una cuestión de perturbados mentales. No es posible que después del incendio y posterior derrumbe de dos iglesias centenarias, grupos de “chilenos”, de ellos mismos, los violentistas, se abrazaran en plena vía pública para “festejar” lo “infestejable y lo más repudiable” como fue la destrucción de dos monumentos patrimoniales que eran parte de la riqueza histórica de Chile. Y lo peor de todo es que terminaron alimentando el fuego de una de las iglesias con una bandera chilena que se destruyó como se está destruyendo Chile.
¿Estas bandas son las que quieren ahora destruir el país, saquear sus tiendas, asaltar bancos, ingresar a robar a casas particulares y violarse a las dueñas de casa, realizar cada vez más portonazos mientras la droga circule libremente entre las mafias y los consumidores? O simplemente asesinar en plena vía pública? ¿Eso es lo que quieren hacer de Chile? ¿Estos son nuestros nuevos patriotas?
¡Lo siento, pero Chile está enfermo!
Los festejos de los manifestantes, muchos encapuchados, eran por los resultados en dos atentados nefastos y por haber logrado la completa ausencia de carabineros en los lugares de los hechos, lo que aparece como una señal de que controlar o no controlar el orden público a esta altura ya da lo mismo.
El personal policial está cansado de arriesgar su vida, su trabajo y la de su familia por nada y para después ser acusado de violar los derechos humanos como son las voces llegadas desde el exterior y del Instituto de Derechos Humanos. Estos son todos funcionarios impecablemente bien vestidos que observan por televisión lo que está ocurriendo en la calle para después ponerse a criticar y acusar a “los represores”. No entienden mucho de pobreza, necesidades sociales u otras temáticas, pero dificultan la labor de las policías. En esto está también una señora que vive cómodamente en Suiza y que después de ser presidenta se ha dedicado a criticar, sin haber intentado siquiera ella misma resolver algunos de los problemas más graves que dejó en Chile, o por lo menos los más urgentes. A todos estos críticos parece no importarles para nada si los carabineros son o no golpeados por los violentistas en plena Plaza Baquedano y alrededores y si los policías heridos son llevados o no al hospital institucional como corresponde. En este caso no existe la violación de los derechos humanos porque los carabineros son funcionarios del Estado de Chile y ellos son «los únicos violadores», como dicen.
El respeto se acabó totalmente: La autoridad pinta de negro el monumento al general Baquedano y a las pocas horas vienen las “hordas” violentistas y lo repintan de rojo. El Mir y otros grupos extremistas de izquierda y también de la extrema derecha están activos, pero La Moneda sin servicio de inteligencia (porque la izquierda se opone a ello), no sabe ni tiene idea lo que está sucediendo realmente, especialmente en muchas poblaciones del país donde mandan los narcos.
El presidente y sus ministros ya no tienen autoridad y la gente ni siquiera ya los escucha, además que el tono de sus discursos es parejo, como si Chile fuera un país normal y en realidad es un país enfermo.
A ellos y a los políticos que no quieren perder sus puestos y, sobre todo sus dietas, se les ocurrió llamar a una nueva Constitución como una “acción psicológica salvadora” en un país que da señales de estar moribundo y muy cerca de una guerra civil.
¿De qué puede servir una nueva Carta Magna? De muy poco. Sólo puede ser un buen símbolo para apaciguar artificialmente los ánimos siempre y cuando los chilenos puedan llegar el domingo sin problemas ni violencia a los lugares de votación, porque esto también es posible que ocurra. Los anarquistas están aún vivos.
Es poco lo que se puede cambiar en una Constitución que en el fondo es un documento que registra solamente los valores y derechos fundamentales de una nación, pero esto no significa que todo va a cambiar.
Para algunos “patriotas de izquierda” este llamado constitucional es un ejemplo «para todo el mundo» por el hecho que será un pueblo entero el que va a escribir una nueva Carta Fundamental, pero cuando se piensa no creo que una asesora del hogar, o un maestro “chasquilla” vayan a poder intervenir en el nuevo texto constitucional porque no tienen casi posibilidades de ser elegidos si no están anexados a un partido. ¿Como independientes? A olvidarse. Son palabras que se transforman en “palabrerías” y punto.
Las necesidades de todos los chilenos son hoy político-sociales: Mejor educación, mejor salud y gratuíta (si es posible), mejores salarios, vivienda, una previsión más justa y ordenada y otras necesidades urgentes de los chilenos, por dar algunos ejemplos, pero todo esto lamentablemente no lo mejorará una nueva Constitución. Las mejoras vendrán luego con leyes políticas que lo deben y tienen que regularlo todo. El problema es que se habla y se habla, es cosa de escuchar sólo la franja electoral, con promesas que no existen ni tampoco pueden llegar a existir, porque todo cambio social dependerá siempre de las posibilidades económicas y financieras del Estado de Chile. Si no hay recursos, todas las buenas intenciones quedarán solamente en el papel de la nueva Constitución. Y esto ocurre en todos los países, también en los más desarrollados. También los corruptos pueden ser anulados con buenas leyes políticas y no necesariamente con una nueva Constitución.
Y para esto, para terminar en lo mismo o más o menos en los mismo, tendremos que esperar dos o tres años. Entonces podríamos hablar de una pausa para los violentistas que al Estado chileno le costará unos 21.000 millones. Pero si no se logra estaremos otra vez frente al que sería «el tercer estallido social».
