Venezuela  consideró «inadmisibles» las condiciones planteadas por la Unión Europea para enviar observadores a las elecciones parlamentarias, entre ellas el aplazamiento de dicha cita, y ha advertido de que seguirá adelante con el proceso «de manera libre y soberana».

El chavismo ha convocado a elecciones para el  6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional, pero una misión de la UE planteó esta semana en Caracas la posibilidad de aplazar la votación por unos seis meses para obtener ciertas garantías, algo que el régimen de Nicolás Maduro siempre había rechazado.

En un comunicado el Ministerio de Exteriores de la dictadura ha vuelto a descartar esa posible prórroga y ha acusado al Servicio Europeo de Acción Exterior, encabezado por el alto representante Josep Borrell, de mantener una «posición sesgada» en este tema al «desconocer los esfuerzos» realizados por parte de las autoridades venezolanas.

En este sentido, el departamento que dirige Jorge Arreaza ha defendido que se ha pactado «un amplio marco de garantías con los distintos sectores políticos nacionales», a pesar de que los principales partidos de la oposición, liderados por el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, han descartado participar en los comicios.

Para Caracas, es «lamentable» que la UE «responda con un pliego de condicionamientos» a la oferta de Maduro de enviar observadores electorales -invitación que también se ha hecho extensible a la ONU-. Lo considera «un acto inadmisible que no corresponde con el espíritu de la invitación realizada, ni con el buen ambiente que en los últimos meses se ha logrado desarrollar en la relación con el Gobierno de Venezuela».

El Ejecutivo venezolano ha asegurado que la disposición demostrada en la recepción a la misión europea, que pudo «llevar a cabo una agenda al más alto nivel», evidencia la «irreductible posición» de Caracas para entablar un «diálogo productivo y sincero» con otras partes.

Venezuela advirtió  que «no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos de ninguna naturaleza» de cara a la cita electoral de diciembre, que en principio sigue adelante.

La ONU acusó a Venezuela de la «cero existencia» en el estado de una  división de los poderes. Esta acusación se basa en que luego de que en Venezuela la Asamblea Nacional quedara en manos de la oposición venezolana en diciembre de 2015, el régimen de Maduro comenzó a crear una serie de organismo paralelos a fin de debilitar el mandato del parlamento. Así nombró un tribunal supremo, diferente al asignado por la Asamblea Nacional (como manda la Constitución Nacional), y llegó a crear una Asamblea Nacional Constituyente, con unas funciones que se han desdibujado en el tiempo.

En los últimos comicios presidenciales no se cumplieron con las garantías electorales para que se consideraran imparciales, equilibradas y democráticas, tal como denunció la oposición y la comunidad internacional. En mayo de 2018 los principales partidos y líderes políticos fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia oficialista. En la contienda solamente acudió Nicolás Maduro y unas agrupaciones políticas sin ningún tipo de posibilidades  electorales.

En los meses previos a mayo, cuando se celebró la  elección, estos candidatos, desconocidos para la mayoría de los venezolanos, fueron acusados de estar haciéndole el juego al régimen a la firmar un «acuerdo de paz» presentado por el régimen como un supuesto logro con «la oposición» a espaldas de la Asamblea Nacional.

Ahora, en 2020 tampoco existen las condiciones para que se celebren unas elecciones transparentes, democráticas y justas, informa la prensa en Miami, Florida.