Los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre del 2019 han dejado de 8.575 víctimas, indica un reporte oficial de la Fiscalía entregado este lunes a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El informe lo entregó la directora de la Unidad de DD.HH de la Fiscalía, Ymay Ortiz. Este sería entonces un reporte que analiza la situación que dejó el estallido social de hace casi un año.
La abogada del Ministerio Público fue convocada por la instancia para entregar este balance, que añade que de las denuncias realizadas, hay 919 imputados conocidos; 63 efectivos formalizados -todos con medidas cautelares- en 29 causas.
Según la funcionaria hubo que realizar un verdadero trabajo de «pirquineo» para determinar si en las causas que llegaron podrían haber violaciones a las garantías fundamentales.
Hay casos, por ejemplo, en que se presentan denuncias por lesiones leves, pero en el contenido de las declaraciones se da cuenta de que las víctimas habrían sufrido vejaciones, como obligaciones a desnudarse o a hacer sentadillas.
Posteriormente, intervino en la comisión el general inspector Gonzalo del Alcázar, director de Contraloría de Carabineros, quien dio cuenta de la realización de 1.270 procesos indagatorios internos, los que derivaron en la formulación de cargos contra 170 efectivos policiales, de los cuales 16 ya fueron desvinculados de la institución en forma inmediata, mientras que a otros 19 también se les está proponiendo una medida de expulsión en el correspondiente sumario administrativo.
Asimismo, otros 135 uniformados recibieron cargos como arrestos, reprensiones o amonestaciones, sanciones que aparecen en sus respectivas hojas de vida y potencialmente afectarían su carrera dentro de Carabineros.
