Por Martín Poblete

La inclinación de algunos por negar situaciones cuya veracidad ha sido verificada sin lugar dudas, es tendencia muy antigua, hay numerosos registros en la historia de todas las civilizaciones. A nosotros nos conciernen con singular fuerza hechos acaecidos en la civilización occidental, en particular aquellos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
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Hacia fines de la década de 1970 en Europa Occidental, varios autores en Holanda y el Reino Unido pasaron del escepticismo a frontal negación del Holocausto judío durante el régimen nazi en Alemania y en los países ocupados por los nazis, en particular los regímenes de ocupación de Europa Central / Mittel Europa. A comienzos de los 1980, el Gran Papa Juan Pablo II enfrentó enérgicamente a grupos de católicos de matices integristas pre-conciliares, involucrados en la negación de los crímenes de guerra en los regímenes nazis de ocupación, particularmente del Holocausto judío; por su propia experiencia, el Pontífice sabía que debía frenar esa tendencia en sus comienzos.
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Los políticos europeístas en Bruselas también decidieron actuar, el Parlamento Europeo promulgó legislación condenatoria del negacionismo, en cuanto acto consciente de negar acontecimientos cuya historicidad estaba sólidamente verificada. Dicha legislación buscaba el efecto de un tiro libre con chanfle, ¿se acuerdan? los ejecutaba el inolvidable Waldir «Didí» Pereira en los seleccionados brasileños de 1958 y 1962, en nuestro medio los especialistas consumados fueron Enrique «Cua Cua» Hormazábal y Francisco «Chamaco» Valdés, en esos tiros la pelota parecía ir fuera, de pronto bajaba, hacía una rosca y se metía en el arco por el rincón de las ánimas; en el caso de los negacionistas, el tiro libre europeo buscaba golpear con el efecto de chanfle a fuerzas políticas de extrema derecha, hacerlas inviables en un sistema democrático.
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Acontecimientos en Europa tienden a rebotar en Latinoamérica, con matices muy diferentes de los originales, sin perjuicio de algunas similitudes. En Chile, en el año 2017, a fines del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, se envió al Congreso legislación calificando como delito la negación a las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, así como también la incitación a la violencia. Después de largo recorrido, dicho proyecto llegó al Senado, en su texto se pretende sancionar el negacionismo a los crímenes de lesa humanidad; asimismo, se pretende sancionar a «quien justifique, apruebe o niegue violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, durante la dictadura». El lenguaje de la legislación propuesta no consigue precisar, ni tipificar, con claridad los supuestos delitos a los cuales se dirige. Las imprecisiones aludidas hacen del texto una amenaza a la libertad de expresión en todas sus formas, a la libertad de cátedra, a la integridad de la investigación historiográfica; el Senado debe rechazarlo, si no lo hace, al Presidente Sebastián Piñera le corresponderá vetarlo.