Por Walter Krohne

La verdad es que cuesta entender la decisión anunciada este martes por el Gobierno chileno sobre el Acuerdo de Escazú, que se había comprometido a acoger como promotor del mismo, lo que hizo en distintas instancias regionales y mundiales en un período que se extendió por años.

El nombre viene de Escazú, una  pequeña localidad de Costa Rica, enclavada estratégicamente en el centro de este país centroamericano. Proviene de la voz indígena itzkazú, que significa lugar de descanso. Sin embargo, «el descanso»  fue perdiendo entusiasmo en La Moneda y todo lo contrario se transformó en un tema molesto.

El Acuerdo fue precisamente en sus inicios promovido por Chile y Costa Rica y ahora que está terminado y que busca mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe, el gobierno chileno le da vuelta la espalda.

Esto no sólo tiene repercusiones nacionales de credibilidad, sino también internacionales. La Deutsche Welle (Voz de Alemania) dijo en una columna que con esta decisión, Chile  renunciaba a su aspiración de liderazgo ambiental, o sea ya casi ha renunciado a todo lo más importante y hoy sólo nos quedamos con un deterioro económico que está lejos de los tiempos del Jaguar de América Latina.

Esto no se entiende ahora porque desde el comiezo del gobierno de Piñera éste siempre quiso aparecer internacionalmente como un país ligado al medio ambiente, “aunque doliera”. Así logró que Chile fuera sede de la cumbre de la Cop 25 y la actual ministra del medio ambiente Carolina Schmidt fuera su presidenta en Madrid cuando Chile tuvo que renunciar como sede en Santiago debido al levantamiento social.

El pacto aspira a proteger tres derechos básicos: acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano).

Chile estuvo tan inmerso en el origen del tratado, que el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena (2017-2018), confidenció que el mismo “pacto” estuvo a punto de llamarse el “Acuerdo de Santiago de Chile”.

La discusión comenzó a dar un sorpresivo giro en septiembre de 2018, cuando la ministra Schmidt, anunció, antes de la Cop25 , que Chile postergaba la firma del tratado, una dilatación que finalmente dio paso a la decisión final de este martes de no adherir al pacto.

El argumento de fondo del gobierno es que su firma crearía incertidumbre, porque contiene fundamentos legales que condicionarían la legislación chilena y que exponen al país a ser llevado a tribunales internacionales. Un tema delicado, esgrime La Moneda, tras vivir de cerca los altercados judiciales  con Perú y Bolivia de hace algunos años.

El gobierno ha hecho sus descargos. Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, afirmó a través de un escrito presentado a las comisiones de medioambiente del Senado y la Cámara de Diputados, que es “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual auto-ejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.

Sin embargo, voces medioambientales han señalado que la razón de fondo, es el temor del gobierno a someterse a presiones ciudadanas, además de sucumbir ante algunas voces del empresariado. Mucha gente no recuerda que, al momento en que Chile negociaba el Acuerdo de Escazú, estaba viva la contienda marítima con Bolivia. Evidentemente la Cancillería que lideraba Heraldo Muñoz estaba muy pendiente de no causar ningún flanco que pudiera debilitar la posición chilena frente a La Haya, por lo tanto es absurdo que eso sea ahora o a estas alturas,  una razón por la cual no firmar”.

Para que el acuerdo comience a funcionar, necesita que 11 países se adhieran antes del 26 de septiembre (ya hay nueve comprometidos), pero eso podría posponerse, si es que no se logran las 11 firmas.

Así Chile, acompañado de otros latinoamericanos como El Salvador, Honduras, Cuba, y Venezuela, rechazan el compromiso ¿buen grupo de «aliados» para Chile o  no es verdad? Es por lo menos lo que algunos analistas señalaron esta semana.

Mena asegura que la decisión tendría algo de “intencional” porque el Gobierno señaló como un problema que el tratado abordara los temas de forma «vaga y ambigua».

«Negociamos un texto que fuera amplio para permitir que los distintos gobiernos adoptaran este tipo de derechos en forma gradual, de acuerdo a sus circunstancias, con ‘lenguaje ambiguo’ justamente para poder convencer a potencias diplomáticas como los casos de México o Brasil», señaló.

«Pareciera ser acá que simplemente a alguien se le ocurrió rechazar este acuerdo por razones políticas y dos años después se sacan argumentos del sombrero, que realmente no dicen relación con la realidad. Nosotros negociamos este acuerdo, no es que haya llegado de otro país, es la misma Cancillería la que propuso este texto con el Ministerio de Medio Ambiente».

A Juicio de Marcelo Mena el Presidente Piñera «tuvo que buscar razones, porque razones no había» para retractar su apoyo al tratado. En estos últimos dos años, postula, «creo que el empresariado empezó a darse cuenta de que esto podría causar algún tipo de mayor estándares de participación y causar algún tipo de judicialización, cosa que no es verdad», expuso. Para él la no firma del acuerdo  «debilita la misma posición que ganó Chile, que se autoasigna liderazgo ambiental que él mismo define. Es muy triste, porque en definitiva este acuerdo llevó de verdad al liderazgo a Chile, y ese liderazgo lo ganamos con acciones y hoy día simplemente lo resignamos porque pensamos que la participación ciudadana debilita a las inversiones, cosa que es mentira», agregó Mena.