Por Martín Poblete

Desde hace varias semanas, el Primer Ministro Boris Johnson y el negociador de la Unión Europea Michel Barnier, han estado en duros intercambios de palabras, declaraciones van y vienen.  El gobierno del Primer Ministro Johnson anuncia enviar al Parlamento legislación, escrita en lenguaje agresivo, que de ser aprobada podría terminar en un BREXIT unilateral sin acuerdo con la Unión Europea;  mientras M. Barnier le exige al gobierno inglés retirar de consideración esa legislación, le da veinte días para hacerlo, algo así como un ultimátum.

La última semana, de manera inesperada, surgió la cuestión de las obligaciones contraídas por el Reino Unido respecto de la institucionalidad europea de derechos humanos.

El Primer Ministro Johnson plantea retirar su país de las convenciones relacionadas con derechos humanos promulgadas por la  Unión Europea y el Parlamento Europeo cuyo documento básico, el Acta Europea de Derechos Humanos, fue firmado por el Reino Unido en noviembre de 1998, durante el gobierno del entonces Primer Ministro Tony Blair.

En opinión de Johnson, el Acta y la legislación adyacente impiden ejecutar con eficiencia la deportación de inmigrantes ilegales; además, conllevan la implicancia de llevar a tribunales internacionales a los encargados de prevenir, impedir, la inmigración ilegal. En este punto Johnson se refiere a las Fuerzas Armadas británicas, especialmente a los Royal Marines una fuerza militar profesional fuertemente armada cuya participación reciente en operaciones de norma entregadas a la Real Guardia Costanera ha sido motivos de polémicas por su estilo agresivo, de duro trato a quienes arrestan.

En declaraciones al Sunday Telegraph de Londres, el Primer Ministro ha dicho:  «Los jueces europeos han ido más allá de los límites de la Ley, si se lo permitimos podrían hacer pedazos nuestro país», para terminar recordando una frase de Lady Thatcher: Que la Corte Suprema del Reino Unido sea  suprema.

Estas palabras han desatado intensas reacciones entre parlamentarios del partido gobernante, y también en algunos miembros del Gabinete del Primer Ministro. El Ministro de Justicia, Sir Robert Buckland, ha dicho que no permanecerá en el Gobierno si se incluyen en las propuestas cuestiones ilegales ya sea bajo la legislación británica o en parte del BREXIT.

Desde la trinchera opuesta, el líder socialista, Sir Keir Starmer, acusa al Primer Ministro de reabrir viejos conflictos que hace tiempo se han dado por superados. Sin embargo, ofrece apoyar el BREXIT si se mantienen los términos originales de la negociación.   En lenguaje mas enérgico, el encargado de los temas de justicia y derecho de los tratados por los socialistas en el Parlamento, Lord Falconer, afirmó: «Un futuro en el Reino Unido fuera de sus obligaciones internacionales, fuera del Acta Europea de Derechos Humanos, sería un futuro muy oscuro».

En un gesto transversal, los ex-primeros ministros Sir John Major y Tony Blair, llaman a mantener el compromiso con los derechos humanos en el marco del Acta Europea; advierten que la propuesta de Boris Johnson representa serio riesgo al proceso de paz en Irlanda, al curso de negociaciones comerciales y financieras de mutua importancia, así como a la integridad del Reino Unido en cuanto parte negociadora en acuerdos internacionales.

Pero, les  ha salido al paso el destacado columnista conservador Daniel Hannan desde las páginas del Daily Telegraph: Los señores Major y Blair erran su análisis, la Unión Europea no está negociando de buena fé. Es hora de partir de una vez, sin mas consideraciones.

Los días venideros serán de difíciles tratativas, las relaciones personales, si alguna vez las hubo, entre el Primer Ministro Boris Johnson y el principal negociador europeo M. Michel Barnier son pésimas, no hay entre ellos la confianza tan necesaria para concretar negociaciones.

Llamado de la Unión Europea en torno a Irlanda del Norte

La Unión Europea llamó el último jueves al gobierno británico a retirar «antes de que termine este mes» los planes de Londres para modificar el acuerdo de Brexit so pena de acciones legales ante una «grave» violación del derecho internacional, pero el  gobierno británico encabezado por el conservador Boris Johnson  rechaza la petición (Ler en Kradiario).

El  vicepresidente de la Comisión Europea,  declaró en Bruselas que no modificaríamos el acuerdo del Brexit que tantos dolores de cabeza dio a los líderes europeos.

El eslovaco Maroš Šefčovič, vicepresidente para Relaciones Interinstitucionales de la Unión Europea, se reunió la última semana en la capital británica con el influyente ministro del Gabinete, Michael Gove, para «obtener aclaraciones del Reino Unido» sobre su controvertido proyecto de «ley de mercado interior».

Sefcovic advirtió que Londres «ha dañado seriamente la confianza entre la UE y el Reino Unido» y para restablecerla llamó al ejecutivo de Boris Johnson a retirar del texto las medidas relativas a Irlanda del Norte «lo antes posible y en cualquier caso antes de finales de mes». También dejó en claro que a la Comisión Europea no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas legales.  En esta situación extrema la UE podría llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «una vez que se adopte el proyecto de ley» o «incluso antes».

El Gobierno del Reino Unido ya había reivindicado, por su parte, su convicción de que el derecho británico permite al Parlamento aprobar una ley que vaya en contra del acuerdo sobre el brexit al que llegó con la Unión Europea (UE). «El Parlamento es soberano en materia de legislación nacional y puede aprobar leyes que violen las obligaciones del tratado para el Reino Unido», según una nota publicada por el Ejecutivo del primer ministro británico, Boris Johnson.