Tres décadas después del cobarde asesinato ocurrido en 1989 en la Universidad Centroamericana de El Salvador contra seis sacerdotes jesuitas, el mundo conoció hoy la sentencia del único culpable gracias a la justicia española.

El excoronel  Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad en la época en que ocurrió la tragedia, era el único acusado y ahora el único condenado, quien deberá pasar el resto de su vida en la cárcel tras ser condenado a 133 años, 4 meses y 5 días como responsable en grado de autor de los cinco delitos de asesinato de “carácter terrorista” (en foto de portada aparece Montano en el momento que escucha la sentencia).

El autor

El asesinato en masa fue cometido en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de soldados del batallón Atlacat  irrumpió en la UCA y mató a tiros a seis sacerdotes jesuitas: los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. Esa noche también acabaron con la vida de la mujer e hija del encargado de seguridad de la universidad, Elba y Celina Ramos.

El nombre de Ignacio Ellacurría (foto derecha) dio origen años después a la creación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. en la Universidad Iberoamericana Puebla, México.

La condena fue dictada por la justicia española. Entre los años 2007, 2008 y 2010, Montano se refugió en Estados Unidos y al ingresar a ese país ocultó su participación en crímenes de guerra por temor a ser deportado por las autoridades. En 2013 se presentó ante la corte John Joseph Moakley de Boston acusado de falsear documentos migratorios. Fue extraditado de EEUU a España en 2017

Tras conocerse el fallo en contra del excoronel Montano, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) se pronunció de manera oficial al señalar que la justicia salvadoreña está en deuda por no haber juzgado a los que considera “autores intelectuales” de  este acto de terrorismo.

En ese sentido, la UCA señala que “la continuación del proceso judicial en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del horrendo crimen, es una deuda de la justicia, y no debe seguir esperando más”.

Agrega que “el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón”.

Sostiene que el proceso penal que los familiares de los sacerdotes jesuitas promovieron en España tiene “un valor subsidiario en favor de la justicia salvadoreña”.

Agrega que “aunque la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, lo es aún más por su extraordinario servicio a la verdad”.

Todas las víctimas del asesinato en masa.

Considera la UCA que las pruebas y los testimonios presentados en el juicio revelaron “el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil”.

Por su parte, el vicepresidente Félix Ulloa dijo que como gobierno salvadoreño respetaban el fallo de la Audiencia Nacional de España.

“La justicia aunque sea tarde, llega. En este caso el mensaje que se está enviando, de un crimen que se cometió hace 31  años, que no hay impunidad y que no se pudo juzgar este caso en El Salvador por el origen de las víctimas, España lo hace hoy y vamos a respetar lo que ha sido este fallo”, dijo Ulloa.

El general Mauricio Vargas, diputado por ARENA (derecha y militarista), consideró que el proceso judicial estuvo lleno de “malintenciones” para poder dañar al coronel Montano, quien según él, no tenía ningún mando directo en la Fuerza Armada. Al momento de los asesinatos, Montano era viceministro de Seguridad Pública.

El  diputado arenero sirvió de testigo de descargo en el juicio en España.

La Fiscalía salvadoreña acusó   a Montano de participar en el diseño y ejecución del violento plan para acabar con las víctimas.

Ante una gran expectación internacional, los jueces de la Audiencia Nacional leyeron este viernes su fallo pasada la una de la tarde: 26 años, 8 meses y un día de cárcel por cada una de las muertes de los cinco sacerdotes españoles.

La UCA considera que las pruebas y los testimonios presentados en el juicio revelaron “el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil”.

Sus palabras ponen un punto y aparte en un proceso en el que se ha logrado sentar en el banquillo, por primera vez, a uno de los supuestos autores intelectuales del crimen cometido en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de soldados del batallón Atlacatl irrumpió en la UCA y mató a tiros a seis sacerdotes jesuitas: los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. Esa noche también acabaron con la vida de la mujer e hija del encargado de seguridad de la universidad, Elba y Celina Ramos.

La Fiscalía y la Asociación Pro Derechos Humanos de España destacaban que el excoronel, entonces viceministro, jugó un papel clave en el crimen. Según sus escritos de acusación, formó parte del grupo de autoridades que decidió y ordenó a los militares la matanza. Montano, con 77 años a día de hoy, era un reconocido miembro de La Tandona, una promoción de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército, y destacaba por sus arremetidas contra Ellacuría, rector de la UCA, y sus compañeros, a los que consideraba cómplices de terroristas por apostar por la vía del diálogo para poner fin a la guerra civil.