Un acuerdo entre el Gobierno chileno y el gremio de camioneros anunciado este miércoles  puso fin a la polémica huelga que iniciaron hace siete días transportistas para exigir seguridad en carreteras y que provocó disturbios, desabastecimientos puntuales y controvertidas fiestas en la vía.

Sin embargo, a pesar del acuerdo, los ataques e incendios en el sur de Chile no han parado y en la provincia de Arauco, en el extremo sur poniente de la Región del Biobío., se registraron este mismo miércoles ataques. interrupciones de rutas y quema de cabañas.

A pesar de estos nuevos ataques, el anuncio sobre el acuerdo destraba las arduas negociaciones entre el Ejecutivo y los camioneros, que exigían soluciones concretas para el problema de inseguridad que existe en la Araucanía, a unos 600 kilómetros de Santiago, y en otras regiones del sur donde aumentaron los ataques incendiarios a camiones atribuidos a grupos mapuches radicales.

Según un comunicado oficial, el acuerdo incluye una inversión de 5.600 millones de pesos (sobre 7 millones de dólares americanos) en infraestructura policial para combatir la peligrosidad en varias regiones del sur del país y programas de apoyo e indemnizaciones a las familias de los conductores afectados.

«El Gobierno comprende el sufrimiento que la violencia en la macrozona sur del país ha generado a tantas víctimas. Empatizamos con cada uno de ellos y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la reparación de las víctimas de la violencia rural», asegura el comunicado del Ejecutivo.

En un comienzo los transportistas buscaban presionar al Parlamento chileno para aprobar varias leyes que plantean modernizar la institución policial, endurecer penas por delitos de robo o quema de camiones y reconsiderar la pena de cadena perpetua, entre otras cuestiones.

La huelga, que sacó a más de 2.000 camiones a las carreteras, generó desabastecimientos de gasolina y productos básicos en algunas regiones del sur de Chile, el bloqueo de varios puertos marítimo, y al menos 50 cortes en rutas que comunican la capital con el resto del país.

La muerte de un camionero el pasado marzo a consecuencia de un ataque incendiario por parte de un grupo de encapuchados y el ataque que sufrió hace dos semanas una niña que recibió disparos durante un ataque al camión en el que viajaba con su familia fueron los detonantes para iniciar el paro.

El llamado «conflicto mapuche», que enfrenta desde hace décadas a comunidades indígenas con empresas agrícolas y latifundistas, se ha reactivado en las últimas semanas en el sur de Chile con ataques incendiarios a maquinaria agrícola y predios, boicots a camioneros, ocupaciones de edificios municipales y marchas racistas.

Nuevos ataques incendiarios tras el acuerdo

Tras el anunció del acuerdo entre camioneros y el gobierno se informó de una serie de incidentes y ataques incendiarios registrados en las últimas horas en la provincia de Arauco, en el extremo sur poniente de la Región del Biobío. La tarde de este miércoles, un grupo de personas no identificadas portando armas de fuego interrumpió en la ruta P-72 Sur, que une las comunas de Cañete y Tirúa. El intendente, Sergio Giacaman, informó que hubo «disparos a vehículos de Carabineros». Por el momento, no hay personas detenidas ni heridos. En paralelo, dos cabañas fueron quemadas en la caleta de Quidico, en Tirúa.

«No tenemos ningún respaldo del Gobierno para protegernos de estos ataques incendiarios. Esta es la construcción número 39 que queman en la zona urbana de Quidico. Queremos saber hasta cuándo podemos seguir soportando estas situaciones», dijo Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana y miembro de la Mesa Provincial de Desarrollo Productivo.

El siniestro más grande de la jornada afectó al fundo San Ernesto, perteneciente a Forestal Mininco, en Contulmo, cuando entre seis y siete desconocidos encapuchados incendiaron dos camionetas y cuatro maquinarias. «Condenamos estos eventos y esperamos mayores antecedentes para formular las querellas que correspondan», manifestó Giacaman, pocas horas después del acuerdo logrado por el Ejecutivo con los camioneros, que permitió terminar esta tarde con la paralización que los transportistas empezaron hace una semana contra la violencia rural en la macrozona mapuche.

Acusación constitucional

En la mañana de este miércoles el diputado DC Daniel Verdessi anunció que “habiéndose cumplido el plazo que hemos dado para solucionar la grave situación en que se encuentra el país por el paro de camioneros, he pedido al diputado Gabriel Ascencio que comience la redacción del texto de la acusación constitucional”.

Igualmente, agregó que “evidentemente aquí se ha trasgredido la ley, no se ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado que correspondía aplicarla. Al igual que varias otras leyes: la Ley Antibarricadas -que se ha trasgredido de forma abierta y descarada- y el código sanitario”. Verdessi expresó, además, que ya se están registrando situaciones de desabastecimiento en el sur del país por esa movilización.

La bancada DC había dado un plazo de 24 horas al titular de Interior para que se restituyera el orden público -o invocara Ley de Seguridad Interior del Estado- en el marco del paro nacional de camioneros.

Al respecto el ministro  del Interior Víctor Pérez sostuvo que “no hay duda de que si esto hubiera generado desabastecimiento o violencia en la ruta, nosotros la habríamos aplicado, como estábamos decididos a hacer, (la ley de seguridad del Estado), pero preferimos el diálogo y hoy estamos con las carreteras absolutamente despejadas”.

“Ha concluido un trabajo intenso de conversaciones con el gremio de transporte terrestre. Creo que el hecho de que ellos hayan aceptado la definición del gobierno para terminar este conflicto, demuestra que ese trabajo de conversación fue fructífero, y por lo tanto el gobierno quiere expresar su satisfacción”, agregó Pérez.

“Lo que va a hacer el gobierno (frente a la acusación) es demostrar que actuó correctamente, apegado a la ley y donde permanentemente nuestro interés y actitud fue de resolver los problemas. Por lo tanto las incomodidades fueron mucho menores que las que se hubieran producido si se alarga este conflicto, porque los temas de desabastecimiento fueron incertidumbre y puntuales”, dijo.

Además, agregó que el conflicto con los camioneros se resolvió dentro del diálogo y sin hechos de violencia. “Lamentablemente hubo un accidente con un vehículo de Cenabast que trasladaba insumos médicos, lo que demuestra lo inconveniente que es que los camiones estén alrededor de la carretera y que en algún momento una persona toma la decisión de no permitir el paso de otra persona”, añadió el jefe de gabinete Víctor Pérez.