Por Sergio Arancibia

La Constitución y las leyes orgánicas constitucionales que de ella se desprenden conformar un binomio que es importante analizar con el mayor detenimiento, pues lo que se dice el primer texto puede ser claramente desvirtuado en el segundo, cuestión que debe ser claramente visualizada en los debates constitucionales que desde ya recorren el país. Esa incongruencia entre la Constitución y las leyes orgánicas queda particularmente de relieve en materia minera.

Según la Constitución actual “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Un texto de esa naturaleza pudiera entenderse como una afirmación de alto sentido nacionalista, y podría esperarse, a partir de ella, que el Estado ejerciera ese dominio por medio de la explotación directa de los yacimientos, de modo de convertir las riquezas enterradas bajo tierra en riqueza económica que facilitara un mejor vivir para todos los chilenos. Pero no es así. Porque en el mismo artículo constitucional donde se dice lo anterior, se señala también que las minas podrán ser objeto de concesiones, las cuales se regularán de acuerdo a una ley orgánica constitucional, LOC. Y es allí donde se esconde toda la trampa y todo el carácter perverso de la actual legislación minera.

Por la vía de esta ley orgánica constitucional, el derecho absoluto del Estado sobre las minas queda totalmente desvirtuado. Todas las grandes minas que hoy en día explotan el cobre, se supone que gozan, obviamente, de la concesión correspondiente. Su eventual expropiación – o por lo menos el cambio de las reglas del juego para que Chile pueda gozar efectivamente de las riquezas de su subsuelo – es un camino difícil, pero el primer paso tiene que ser, necesariamente, cambiar el texto nos solo de la Constitución, sino también de la ley orgánica, que es mucho peor que el propio texto constitucional.

Aporte al artículo con material del archivo de Kradiario

El experto en cobre y ex parlamentario,  Jorge Lavandero Illanes, ha señalado que el 51% de nuestro cobre, especialmente de las multinacionales en Chile, sale como un subproducto y que no se tranza en las bolsas metaleras.

Esto se hace así, porque el concentrado que sale del país, no lo fiscaliza ninguna autoridad de los gobiernos de Chile en su cantidad y en sus contenidos: ni Impuestos Internos, ni Cochilco, ni el Banco Central, ni Aduanas.

De esa manera, se llevan de contrabando el oro, la plata, el molibdeno y de 34 metales preciosos, mas valiosos que el cobre mismo.

Según un estudio del economista de Cenda, Manuel Riesco, Codelco paga todo el trabajo de extracción, fundición y refinado, con lo que les dejan las utilidades, por la venta de los sub productos contenidos en el concentrado de cobre.

Cada año se llevan las empresa privadas del cobre en nuestro país el equivalente al 60% del presupuesto de la Nación, sin pagar los debidos impuestos, ni el royalty, por un producto que le pertenece a todos los Chilenos, escribió Lavanderos en 2019.

Los recursos de cobre que quedan en Chile, fundamentalmente provienen de Codelco y a pesar de todo lo oscuro que allí ocurre, como será el robo de las multinacionales del cobre que operan en Chile.

El economista Orlando Caputo (foto derecha), ex gerente de Codelco, compara el costo del programa social ofrecido por el Presidente Piñera (1.200 millones de dólares) con los 13.780 millones de dólares de ganancias que el 2018 obtuvieron las grandes mineras privadas, principalmente extranjeras, que explotan el cobre chileno. Orlando Caputo sostiene con toda razón: “La desnacionalización del cobre, es el robo a Chile del siglo XX y XXI”.

Chile permanece atado a un modelo que le impide desarrollarse. Está prisionero en garras del capital financiero. El economista Roberto Pizarro apunta a la necesaria diversificación de la estructura productiva y de las exportaciones. El ex ministro de Planificación afirma que “de cada 100 dólares que el país vende al mercado global, 90 dólares son materias primas en bruto o con escasa transformación, provenientes de los sectores mineros, forestal, pesca y agricultura”.

El también articulista de Kradiario, Manuel Cabieses, escribió que  Chile es una economía de bisutería. 28 millones de celulares y 5 millones y medio de automóviles encubren salarios de 300 lucas(300.000) y pensiones de 120 (120.000) y aún menos (1US$=$786). Casi 5 mil millones de dólares se despilfarraron el año pasado en la compra de autos. Mientras los hospitales públicos carecen de insumos elementales para atender a los pacientes cuyas esperas pueden durar años.