El proyecto de Ley de Reforma Judicial (de reforma del fuero federal) enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la Justicia Federal argentina obtuvo dictamen este miércoles en  un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima semana en sala. Esto ocurre a pesar de las masivas protestas en contra de esta reforma en el país transandino.

La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.

El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económico.

Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.

No obstante, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, anunció algunos cambios a la iniciativa original como la de otorgarle mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados; sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados; y la no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo.

Sin embargo, no se aceptaron algunos reclamos hechos por senadores del oficialismo, como el de Adolfo Rodríguez Saá, que pidió incorporar la exigencia a los jueces de un “plazo determinado para dictar sentencia”, así como “atribuirle la competencia de la Cámara Federal a los Tribunales Orales Federales”.

Por otro lado, la senadora Sancum reconoció que no creía “que con solo esta ley” se solucionarán “las grandes dificultades que tiene la justicia federal, pero este es un paso muy importante” y resaltó el artículo 70 del proyecto que “busca evitar que el Poder Judicial sea presionado por los poderes fácticos de la Argentina”.

El tema también fue mencionado por el presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, quien dijo “los vimos haciendo eso” en alusión al gobierno de Mauricio Macri.

Además, Parrilli evaluó que el Senado “demostró que no es una escribanía” y que incluso “se introdujeron sugerencias de la oposición, aunque no quieran firmar el dictamen”.

El presidente de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, acusó a Juntos por el Cambio de utilizar la “especulación política” para no acompañar el proyecto y dijo que no perdía “la esperanza de que la oposición cambie su actitud”.

“Ellos apoyarían el proyecto si lo leen”, aseguró Mayans luego del reclamo de la senadora de Juntos por el Cambio por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, quien pedía que le pasaran la nueva redacción.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti le pidió a la oposición “elevar un poco el nivel de discusión” y acusó a sus senadores de “trabajar desde la ignorancia o la malicia, o desde ambas”.

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (centrista de derecha), reiteró que “acá la justicia se reforma en interés de la política”, que “lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante” e hizo alusión a la movilización del lunes pasado interpretando que “la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena”.

Naidenoff reclamó “parar la pelota con este proyecto” y le sugirió al oficialismo que “escuchen las demandas de la sociedad para gobernar bien” para luego señalar: “La gran reforma de la justicia penal la firma en soledad el oficialismo”.

Según el diario Ámbito, al cierre del debate, Naidenoff, consideró que en este proyecto no se reforma “la Justicia en beneficio de los ciudadanos, sino en beneficio de los intereses políticos”. Y agregó: «Para el tratamiento era necesario un acuerdo democrático amplio. Cuando el punto de partida es equivocado genera tensiones desde lo político”. “Lo que quedó demostrado en estos 15 días en que ustedes avanzan en soledad. No escuchan ni a la sociedad, ni al resto de los partidos políticos”.

Finalmente, el bonaerense Esteban Bullrich advirtió que “el Senado se ocupa más de los problemas de algunos dirigentes del oficialismo que de la gente”.

“La oposición no está en contra de la Argentina. Hacemos aportes permanentemente en los proyectos que atienden a la gente. Cuando son proyectos que atienden a dirigentes, como la moratoria que resolvió los problemas de (el empresario) Cristóbal López o este, no lo vamos a acompañar”, aseguró.

El diario La Nación señaló que el oficialismo tiene amplia mayoría para avanzar con la ley en la Cámara alta, pero introdujo cambios en el texto para lograr los votos que le faltan en la Cámara de Diputados. «En un hecho sin precedentes, el dictamen fue pasado a la firma sin que la mayoría de los senadores que integran el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia conocieran su contenido», señaló el medio.

Según pudo saber «la Nación», el texto del dictamen seguía siendo revisado por la vicepresidenta Cristina Kirchner mientras los senadores discutían el proyecto en el plenario de comisiones. De hecho, la oposición no obtuvo respuesta cuando la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba) pidió tener acceso al texto impulsado por el Frente de Todos. «El despacho tiene que ser público, pero no hemos podido lograr ver el dictamen», se quejó la senadora en diálogo con La Nación.

Solo se conocieron algunos cambios que en una apretada síntesis adelantó la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun (Santa Fe), entre los que se destaca la marcha atrás con la fusión de los fueros civil y comercial y contencioso administrativo porteños.

En esa exposición inicial, la senadora oficialista reveló que el costo de la reforma ascenderá a los 1.930 millones de pesos, según una estimación que le acercó el Ministerio de Justicia, que conduce Marcela Losardo.

Así, se avanzará con la creación de 23 nuevos juzgados federales en la Capital que, sumados a la fusión con el fuero penal económico porteño, llevará la cifra del nuevo fuero penal federal a 46 tribunales.

Tampoco se cambió de manera sustancial el sistema que se utilizará para cubrir los 23 nuevos juzgados hasta tanto se realicen los concursos para designar a los magistrados titulares, agregó La Nación.

El diaro Clarín agregó que los cambios realizados al proyecto son sólo un «maquillaje».