El detenido expresidente y senador Álvaro Uribe presentó este martes su carta de renuncia a la curul que ostentaba por el Partido Centro Democrático desde 2014 en el Senado de la República, en medio de la detención de casa por cárcel que le dictó la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto por presunta manipulación de testigos a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, confirmó el diario El Heraldo de Colombia.
La misiva, dirigida al presidente del Senado, Arturo Char, de Cambio Radical, comienza criticando las actuaciones del máximo tribunal de la justicia ordinaria. «El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron».
Estos asuntos, afirma, «anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio en los diferentes temas».
En el documento, el exmandatario insiste en la necesidad de «una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política».
El 4 de agosto último, la Corte Suprema colombiana ordenó la detención domiciliaria del expresidente colombiano y líder del derechista partido oficialista Centro Democrático, Álvaro Uribe (68), quien es considerado además el mentor del actual presidente colombiano Iván Duque. Uribe enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y castigados con unos 8 años de cárcel.
En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. El sostuvo que Cepeda (a la derecha con el mismo Uribe), uno de sus mayores adversarios políticos, contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.
Pero la Corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió en 2018 abrir la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha de manipulación de testigos.
Cepeda (de Polo Democrático) presentó en un debate en el Congreso testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas contra las guerrillas. Uribe lo denunció en la Corte y seis años después, en febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles irregularidades en la defensa de Uribe. A partir de ese momento, el alto tribunal detectó posibles presiones de Uribe y su defensa contra los testigos que le habían hablado a Cepeda.
Uribe seguirá vinculado a la investigación, solo que privado de la libertad en su domicilio. La Corte Suprema deberá decidir, con base en las pruebas que ha recabado, si llama a juicio al expresidente. En ese caso, el juicio lo llevaría otra instancia del alto tribunal, la Sala de Primera Instancia, conformada por tres magistrados, que enjuician a todos los altos funcionarios con un fuero que los exime de ser investigados por la justicia ordinaria. El mismo fuero que tienen los magistrados, los embajadores, los ministros y, como es el caso de Álvaro Uribe, los congresistas.
En el diario El Heraldo, el senador Iván Cepeda, quien aparece como víctima en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema al expresidente Álvaro Uribe, aseguró que con la medida de detención domiciliaria dictada en contra del exmandatario «ha cambiado algo en Colombia: la Corte nos ha recordado que existe una Constitución, un ordenamiento legal y que los jueces tienen la posibilidad de ejercer justicia para bien de los colombianos».
Señaló Cepeda además que esta «es una fecha trascendental. Le otorgamos gran valor a la decisión, que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. La lección que hoy nos da esta decisión es que no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean».
Hizo énfasis en el hecho que fue el propio Uribe quien comenzó con el proceso: «Este ha sido un proceso muy largo, que comenzó el 23 de febrero de 2012. Cumplimos ocho años de este proceso que ha tenido dos etapas: una primera en la que Uribe entabló una denuncia en mi contra y que fue objeto de un auto inhibitorio y de una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos por presunto soborno de testigos que buscaría influir la actuación de la justicia».
Afirmó el senador del Polo Democrático que «hay un abundante material probatorio que sustenta esta decisión», concluyó que «no tenemos actitudes arrogantes, vengativas o de animadversión» e hizo un llamado «a mantener un estricto respeto a la majestad de la justicia».
Los datos de esta última arrojaron que el expresidente y senador pasó de un rechazo de 63% a 66% y un apoyo entre 32% a 29% (12.8.2020) . Con esta nueva cifra, la imagen de Uribe nuevamente va a la baja luego de que en los últimos sondeos de Datexco fuera al alza en el último semestre. Desde diciembre de 2019 hasta junio de este año, esta cifra venía en aumento.
Desde entonces, la imagen de Uribe venía subiendo de a poco, pero en este último sondeo se evidencia nuevamente una caída en su imagen y lo ubica en un 29% de rechazo. Esta caída en la aceptación del presidente de Colombia durante 2002-2010 coincide con la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de ordenarle medida de aseguramiento preventiva por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.
Sobre este punto, la encuesta tuvo una pregunta totalmente dedicada a la opinión que tuvieron los colombianos sobre la medida en contra de Álvaro Uribe. El 64% de los colombianos encuestados aseguraron estar de acuerdo “con la orden de detención domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez, emitida por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia”. El 30% de los encuestados expresó estar en contra de dicha determinación.
En esta misma línea se le preguntó a los encuestados sobre su opinión sobre una posible constituyente, propuesta del Centro Democrático (el partido liderado por Uribe). En este apartado, la opinión fue mucho más cerrada. El 47% de las personas respondieron que están de acuerdo con dicha propuesta, mientras que el 43% está en desacuerdo. Lo que hace pensar que el país estaría dividido ante una convocatoria de este tipo para entrar a modificar la Carta Magna en el apartado de justicia.
Vale recordar que tras la detención del expresidente Uribe por orden de la Corte Suprema, la respuesta de su partido fue proponer una constituyente para reformar la justicia. La intención de esta iniciativa es crear un alto tribunal único, concentrando las labores que actualmente se reparten en el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema. La propuesta también busca acabar con el sistema de justicia transicional acordado en la Habana, representando en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.
