Por Enrique Fernández

Enrique Fernández

En tiempos de los romanos no había contienda de autoridades, como aquélla en la que se vio envuelto el diputado Hugo Gutiérrez, porque la máxima autoridad era el César en su condición de representante de Dios. También Augusto Pinochet se consideraba un enviado de Dios y muchos no se atrevían a discutir la autoridad del dictador, como lo hizo el diputado con los infantes de marina.

«Yo los estoy viendo desde arriba porque Dios me puso ahí, la providencia, el destino, como quieran llamarlo, me ha puesto ahí», decía Pinochet, que acostumbraba evocar pasajes de la historia del Imperio Romano. Incluso usaba una capa, al estilo de los emperadores.

«No se mueve ninguna hoja en este país si no la estoy moviendo yo, que quede claro», advirtió en octubre de 1981, para reafirmar su autoridad.

Hoy, en cambio, ese concepto aparece desvanecido como una luz en la niebla. Por eso los infantes de la Armada que interceptaron al diputado comunista en Iquique no se atrevieron a ir más allá en su fiscalización. El jefe de la patrulla que abordó su automóvil aceptó la actitud desafiante del parlamentario cuando le advirtió: “Yo soy más autoridad que usted… yo lo controlo a usted”.

– Que le vaya bien, señor diputado -se limitó a decir el oficial naval, en tono deferente. Y lo dejó libre, en lugar de exigir los permisos que, en tiempos de pandemia, debían portar los familiares de Gutiérrez que viajaban en su automóvil esa mañana de domingo. 

En sus tiempos de brillante abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez desconocía la autoridad de Pinochet y lo calificaba como “este sujeto”. Ahora, en cambio, admitió que no tiene ese mismo valor ante su esposa, porque esa mañana no le preguntó si llevaba el permiso de la Comisaría Virtual para circular por las calles de Iquique: “No le he preguntado a mi mujer”, reconoció honestamente. 

Es lo que sucede en muchas familias, donde la autoridad de ella se impone sobre la autoridad de él. O viceversa. 

Y si los familiares del legislador viajaban en su automóvil sin permiso de la autoridad -la autoridad policial, por cierto-, ¿con qué autorización se hallaban en el Palacio de La Moneda los hijos del nuevo Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, cuando juró el nuevo gabinete del presidente Sebastián Piñera el martes 28 de julio?

– Se está investigando -informó el nuevo ministro de Defensa Mario Desbordes, ante la incómoda pregunta de una periodista. Está por verse, entonces, si conoceremos algún día los resultados de esa investigación. ¿Qué cree usted?

La autoridad se debilita cuando el presidente de la República utiliza en exceso las cadenas de televisión y radio para pronunciar discursos llenos de “anuncios” que caen en el vacío, por la falta de credibilidad que le rodea. ¿Será necesaria una ceremonia de largos minutos, transmitida a todo el país, para anunciar un proyecto que dispone sanciones contra quienes agredan a los bomberos? ¿No será preferible un buen reportaje en vez de las piezas oratorias del mandatario y la autoridad bomberil?

También hay pérdida de autoridad cuando el Parlamento impulsa y aprueba una ley que debió haber sido iniciativa del Ejecutivo, según la norma constitucional. Ese fue el caso de la legislación que permite a los cotizantes de las administradoras de fondos previsionales (AFPs) retirar el 10% de sus ahorros. Una idea a la que se oponía el Gobierno pero que contaba con el apoyo no sólo de la oposición sino de la mitad de los diputados y senadores oficialistas.

Hay debilitamiento de la autoridad cuando el Ministerio de Salud entrega informes confusos sobre el avance o la disminución de la pandemia del corona virus. O cuando anuncia el plan “Paso a Paso” para terminar con las “cuarentenas dinámicas” y no explica con claridad sus diferentes características. O cuando informa que el próximo año Chile importará 10 millones de vacunas contra el virus, creando expectativas que pueden ser falsas porque nadie sabe con certeza si existirá esa vacuna 

Está en juego la autoridad del Poder Judicial cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso (foto derecha), junto a otros cuatro jueces de una comisión, conceden en 2016 la libertad condicional a Hugo Bustamante, al cumplir 11 de los 27 años de prisión a que fue condenado por el asesinato de su pareja y el hijo de ella. Desde el pasado fin de semana, Bustamante es acusado por el asesinato de Ámbar Cornejo, la menor de 16 años que había desaparecido en Villa Alemana. 

Y hay razones para dudar de la autoridad cuando el 31 de julio aparecen ahorcadas una activista mapuche, Iris Rosales Quiñilén, y su hija Rosa Quintana, de 17 años, en la comuna de Ercilla. La Fiscalía y el Servicio Médico Legal determinaron que “no hubo intervención de terceros” y que las dos se suicidaron en medio de la violencia que reina en la Araucanía.

Lo mismo sucedió hace cuatro años con la activista Macarena Valdés, que apareció ahorcada en su casa de la comuna de Panguipulli, el 22 de agosto de 2016. La autoridad afirmó que ella, madre de cuatro hijos, se suicidó. Pero su esposo, el comunero René Collío, nunca aceptó esa versión.