“Estoy muriendo a pausa y le pido reemplazar la actual pena por el extrañamiento a un país extranjero en el que legalmente esté autorizada la eutanasia”, es parte del dramático texto de una carta enviada al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, por el coronel en retiro del Ejército Jorge Muñoz Pontony (76), quien cumple una condena de 15 años en Punta Peuco como autor de un doble homicidio registrado el 27 de septiembre de 1973 y del que se declara inocente. La carta fue publicada este miércoles en el vespertino La Segunda de Santiago.

Cárcel de Punta Peuco donde está internado el coronel en retiro del Ejército Jorge Muñoz Pontony.

En la misiva explica que ha solicitado tres veces el indulto presidencial, sin resultados, pese a sus varias dolencias físicas.

Los hechores confesos de los dos homicidios simultáneos están en esta misma prisión (Punta Peuco), cumpliendo penas menores a la que se confabularon para endosarlas a mi persona», afirma el coronel en retiro.

«No he matado a nadie ni ordenado matar a nadie», dice en otro punto de la misiva, y sostiene que nunca perteneció a organismos de inteligencia o seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, sino que desempeñó en el área de la docencia.

La salida del país y la eutanasia «corregirían la sanción penal, (…) evitándome sufrimientos físicos, síquicos y morales por algo no realizado», argumenta.

Ola de asesinatos tras el cruento golpe militar

La justicia chilena condenó el 3 de enero de 2017  a cuatro militares en retiro por los crímenes de los dirigentes sindicales Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán (Fotos izquierda y derecha, respectivamente) cometidos en septiembre de 1973.

Según fuentes judiciales, la Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de Jorge Muñoz Pontony, a 15 años y un día de presidio; Jaime García Zamorano, a 7 años de presidio, y Pedro Silva Jiménez y Pedro Rivera Piña, a 5 años y un día por los ilícitos perpetrados el 27 de septiembre de 1973, en la Academia de Guerra del Ejército, en Santiago.

En la etapa de investigación, el ministro (juez Especial) Mario Carroza (foto abajo-derecha) logró establecer que «el 27 de septiembre de 1973, una patrulla militar concurrió hasta la empresa Chilean Autos S.A. y solicitó la presencia de dos de sus trabajadores, ambos dirigentes sindicales, Luis Herrera González y Mario Parra Guzmán, quienes al llegar fueron detenidos por funcionarios del ejército y trasladados a dependencias de la Academia de Guerra, donde fueron interrogados.

Se les mantuvo en la unidad hasta la madrugada y posteriormente se decidió su ejecución y el abandono de sus cuerpos en la vía pública.

Luis Herrera González perdió la vida por múltiples heridas a bala toráxico abdominales y Mario Parra Guzmán por múltiples heridas a bala en extremidades inferiores y una herida abdominal y pelviana con perforaciones múltiples del intestino y hemoperitoneo».

Alrededor de 3.200 chilenos murieron a manos de los represores durante el régimen militar (1973-1990), según un informe oficial.

Este es uno de los centenares de casos registrados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo chileno creado por el presidente Patricio Aylwin Azócar, mediante el Decreto Supremo n.º 355, de 25 de abril de 1990, del Ministerio del Interior, ​ con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, periodo correspondiente a la Dictadura Militar del General Augusto Pinochet, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que pudieran dar lugar tales hechos. La comisión fue presidida por el jurista y político Raúl Rettig, un exembajador del Presidente Salvador Allende en Brasil, razón por la cual se le conoce popularmente como Comisión Rettig y su resultado como Informe Rettig.