El primer ministro del Líbano, Hassan Diab, anunció este lunes la dimisión en bloque de su Gobierno. “Hoy damos un paso atrás para estar al lado del pueblo”, dijo en un discurso dirigido a la nación. La renuncia se produce en medio de la creciente indignación popular contra la élite política libanesa tras la trágica explosión de un almacén con 2.750 toneladas de nitrato de amonio que sacudió el puerto de Beirut el martes 4 de agosto que ya cobra 164 vidas humanas y deja 6.000 heridos.

La tragedia (foto derecha) ha supuesto un nuevo punto de inflexión en el movimiento que desde el pasado octubre exige la salida en bloque de toda la élite política, elecciones anticipadas, un Gobierno de tecnócratas y una justicia independiente.

El último fin de semana miles de libaneses se echaron a las calles de Beirut exigiendo nuevamente  la renuncia del Ejecutivo en lo que se convirtió en la jornada más violenta desde el inicio de las protestas, que se saldó con un policía muerto y más de 700 heridos. Por tercer día consecutivo, cientos de manifestantes se dirigieron al centro de la ciudad para escuchar el discurso de Diab. El anuncio de la dimisión fue recibido con fuegos artificiales, aunque en el centro de Beirut se han registrado enfrentamientos entre policías y decenas de manifestantes.

La dimisión del Gobierno allana el camino a la posibilidad de nuevas elecciones lo antes posible.  En las últimas 48 horas, cinco de los 30 ministros han presentado su dimisión, entre ellos los de defensa, justicia  y finanzas.

En el Parlamento diez de los 128 diputados también renunciaron a sus cargos.

El nuevo Gobierno apenas ha durado seis meses, periodo durante el que los libaneses aseguran que no se ha llevado a cabo ninguna de las reformas necesarias para evitar el colapso del país.

Las protestas que inicialmente arremetieron contra una clase político-económica anquilosada en el poder desde hace más de tres décadas y de corte confesional tornaron en protestas del pan a principios de año, conforme la ya grave crisis económica se vio amplificada por las medidas de confinamiento en la lucha contra la covid-19. Sin un paquete de ayudas estatales para paliar el impacto, más de mil locales han cerrado definitivamente sus puertas y 200.000 personas han perdido sus puestos de trabajo desde octubre, elevando la tasa de paro en el sector formal al 30% y hundiendo a casi la mitad de los 4,5 millones de libaneses bajo el umbral de la pobreza.

La trágica explosión ha supuesto un punto de no retorno para los manifestantes. Los ciudadanos libaneses consideran que el suceso es fruto de una nueva negligencia y de la desidia del sistema político al completo. El deterioro económico, la vertiginosa caída de la libra libanesa y una inflación del 60% han acabado por ahondar las tensiones políticas y sociales que arrastra el país. Grupos de jóvenes armados se han enfrentado en repetidas ocasiones y en clave sectaria en las calles de Beirut conforme sus líderes políticos se enfangan en un cruce de acusaciones mutuas que paralizan todo medida de reforma.

El Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (unos 76.000 millones de euros, el 170% del PIB).

El país es afectado también por una corrupción estructural que lo sitúa en el puesto 137 de 180 (cuanto más cerca del 180, más corrupto) en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional.

Diab, después de Harire,  tomó el relevo a la cabeza de un Gobierno respaldado por el grupo mayoritario que conforma el tándem chií Amal-Hezbolá y el partido cristiano Movimiento Patriótico Libre, que encabeza el yerno del presidente, Yibran Basil. En la oposición quedó el dimitido Hariri, junto con los partidos Socialista Progresista, del druso Walid Yumblat, y Fuerzas Libanesas, del cristiano Samir Geagea.

El destino de Harire

El atentado contra Harire.

Quince años después que un coche bomba acabara con la vida del ex líder suní de Líbano Rafik Hariri en Beirut, un asesinato que sacudió hasta los cimientos al país del cedro, un tribunal respaldado por Naciones Unidas ha dado a conocer elu veredicto, una resolución que ya se temía que pudiera volver a agitar a la sociedad libanesa y tras la descomunal explosión en el puerto beirutí cobró aún mayor expectación.

Los cuatro acusados, miembros del grupo chií Hizbolá, respaldado por Irán, han sido juzgado en ausencia de cargos por planear y organizar el atentado que mató en 2005 a Hariri, el primer ministro que precisamente encabezó el esfuerzo de reconstrucción de Líbano tras una larga guerra civil.

Su violenta muerte desató protestas multitudinarias en Beirut y una ola de presión internacional que llevó a Siria a concluir su presencia militar en el país después de 29 años, ya que una investigación de Naciones Unidas le relacionó con el asesinato.

Tras la explosión de la semana pasada en la capital libanesa, se sucedieron los pronunciamientos de solidaridad y ofertas de ayuda tanto por parte de Israel como de diversos países árabes. El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, expresó a través de las redes sociales sus condolencias y simpatía con el pueblo y el Gobierno del Líbano, y deseó a los heridos una pronta recuperación y consuelo a las familias de las víctimas.