La Ocupación de la Araucanía, también conocida como Pacificación de la Araucanía, fue un conflicto bélico acaecido en la zona sur de Chile. Esta estaba ocupada, principalmente, por los mapuches y los pehuenches. Se calcula que residían allí alrededor de 100.000 nativos. Esto ocurrió entre 1861 y 1883.
Por Martín Poblete
En otros tiempos era pueblo apacible, se movía en verano con el turismo, su condición de punta de rieles en el extremo oriental del ramal Púa / Curacautín lo hacía lugar de trasbordo a taxis, cuyos pasajeros iban a las termas de Tolhuaca y/o de Río Blanco; el resto del año la economía se movía alrededor de los fundos ganaderos, madereros y trigueros. Hacia el norte la Cordillera de Pemehue, la Sierra de Malalcagüello; al este Lonquimay; al sur los espectaculares parajes de las fuentes del Río Blanco hoy Parque Nacional Conguillio; el grupo nativo mayoritario los Pehuenches.
La dictadura destruyó el ferrocarril del Sur, sobre todo los ramales, en su reemplazo se construyeron caminos, llegó un turismo diferente; también llegaron las empresas forestales; se incrementó el tráfico transandino, crecieron las actividades comerciales, se construyó la carretera pavimentada conectándolo con Lautaro y Temuco sin necesidad de salir a la Ruta 5. En este pueblo mas grande tuvieron lugar los sucesos del sábado recién pasado.
Los incidentes protagonizados por grupos de mestizos mapuches ajenos al pueblo culminaron en la toma de la Municipalidad, ese hecho en sí mismo de singular violencia generó la enérgica reacción de gente del pueblo armados con palos y otros objetos contundentes, quienes procedieron a desalojar de su edificio municipal a los violentos ocupantes afuerinos. En este punto radica la importancia de lo sucedido en Curacautín.
Cuando ciudadanos se organizan para desbaratar acciones de grupos violentistas, alzando el potencial de enfrentamiento entre bandos civiles opuestos, el asunto deja de ser solamente un problema policial para tomar rasgos de situación de seguridad nacional; por si algunas dudas todavía quedaban de la precariedad del estado de derecho en Araucanía, los incidentes de Curacautín las despejaron.
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en particular su recién instalado ministro del interior, deberá responder al desafío de grupos terroristas bien organizados cuyos líderes, los señores Ancalaf, Huilcaman, Llaitul, sus adláteres y secuaces, han proclamado públicamente sus intenciones además de exhibir parte de su armamento en numerosas ocasiones recientes; debemos agradecerles su franqueza.
Algo así como espectáculo en la tercera pista del circo, mestizos mapuches condenados a servir pena aflictiva por variados delitos, han iniciado huelgas de hambre pidiendo trato preferencial a su situación carcelaria. Esto no es aceptable, todos recibieron los beneficios del debido proceso al cual tenían derecho, en el marco de la legislación criminal vigente fueron juzgados y sentenciados por tribunales competentes; el reclamo de agitadores y propagandistas de considerarlos presos políticos, es simplemente ridículo. En la segunda pista del circo, se sitúan los activistas y políticos de variados pelajes enarbolando el argumento del racismo para referirse a los sucesos de Curacautín.
Vienen tiempos difíciles en la Araucanía. Las autoridades no pueden permitir nuevos enfrentamientos de grupos de civiles, en trincheras opuestas del espectro ideológico/político; el gobierno puede disponer otros estados de excepción constitucional, en el marco del sistema democrático vigente.
Sin embargo, el Presidente Piñera se ha mostrado reticente a ordenar los procedimientos necesarios para restaurar el orden público. No es posible desconocerlo, las medidas necesarias para restablecer la seguridad en las actividades propias de la cotidianidad ciudadana, pueden conllevar riesgos propios de autorizar el uso de su armamento a Carabineros, también a personal del Ejército, en el control de violentistas y terroristas.