Los tres principales grupos de acreedores de la Argentina presentaron este lunes una nueva oferta para reestructurar la deuda que ofrece «importantes concesiones» en un último intento por llegar a un acuerdo que saque al país del default, una movida que fue recibida con críticas por el Gobierno, que, sin embargo, pareció dejar la puerta abierta a una nueva negociación, informó el diario La Nación de Buenos Aires.

Sin embargo, otras fuentes indican que la negociación estaría cerrada porque el gobierno de Alberto Fernández no está dispuesto a apartarse mucho de su planteamiento original.

Mientras, la oferta del Gobierno como dijo el Presidente Fernández “supone que nuestros compromisos sean bajos los primeros años. Mi mayor preocupación es que la Argentina se desarrolle de otro modo. Quiero una Argentina verdaderamente federal. La pandemia nos da la oportunidad de desarollar la Argentina de otra manera. Lo que hemos garantizado es que la deuda no nos impida poder empezar a desarrollarnos».

El Gobierno propuso empezar a pagar la deuda a los bonistas en tres años con una quita del 62 por ciento en los intereses. La propuesta contempla además una reducción del 5,4% en el capital. Así lo informó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una reunión realizada en Olivos con el Presidente, Cristina Kirchner y varios gobernadores.

Contrariamente la propuesta conjunta del Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés), el Grupo Ad Hoc y el Grupo Exchange -que poseen más de un tercio de los bonos emitidos en el último canje y durante el gobierno de Mauricio Macri-, unió en un solo frente a los tres grupos y los acercó a la última oferta del ministro Guzmán. Esta ofrece un alivio de más de US$ 35.000 millones en nueve años. Los fondos proponen los mismos bonos y plazos de la última oferta oficial, aunque con un cupón de intereses promedio mayor, del 3,4%, y con modificaciones en las cláusulas legales del contrato, o indenture, de los títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, según una copia a la que accedió  La Nación.

La jugada de los bonistas fue recibida con críticas en el Gobierno, donde se insistió en que la última oferta, rechazada por los fondos, tendrá un respaldo mayoritario, y representa el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina para honrar sus compromisos sin someter al país a un ajuste mayor. Pero, a la vez, el Gobierno reiteró que quiere evitar confrontar con los acreedores, y aspira a resolver el problema de la deuda y se mostró dispuesto a «seguir hablando».

«Esperábamos esto», dijo el presidente, Alberto Fernández. «Lo único que pasó es que se formalizó la posición de un grupo de bonistas. Vamos a seguir hablando y negociando, sabiendo que la argentina ha hecho un enorme esfuerzo ya con la oferta que ha hecho. Es muy difícil hacer una oferta mejor, una oferta mejor empieza a poner en riesgo el mañana y la verdad es que lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tengamos que discutir más con los acreedores, que los acreedores cada vez que hay que cobrarles a la Argentina, simplemente cobren», agregó.

La deuda bajo legislación extranjera que el Gobierno debe reestructurar asciende a USD 66.238 millones, que llegan a USD 83.000 millones si se suman los títulos bajo legislación local, que el ministro Guzmán ya anunció que postergará su pago hasta 2021.

La oferta anunciada hoy apunta a resolver la deuda bajo ley Nueva York, que se reduciría en apenas 5,4% el capital. La quita es prácticamente nula. En lo que sí habrá recorte es en el pago de los intereses, ya que el ahorro será de casi USD 38.000 millones. Los títulos a reestructurar son 21, de los cuales 17 de ellos fueron emitidos en los últimos 4 años en dólares, euros y francos.