Las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos persisten en Venezuela, aseguró este jueves la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, aunque también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de ese país.

En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena, en el mismo día en que  su madre Angela Jeria murió en Chile (leer en Kradiario),  denunció asimismo los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos.

La población venezolana «sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos», afirmó la funcionaria.

Además, «continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional», señaló Bachelet, quien lamentó que la clase política venezolana no logre encontrar una solución negociada «que resuelva la profunda crisis política».

Bachelet subrayó que recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela -que nombró nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas- «disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos».

El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, respondió que el informe «incorpora información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas».

«Excluye los importantes progresos alcanzados en la mesa de diálogo nacional entre el Gobierno venezolano y los diversos partidos de la oposición», añadió y declaró que «si se condenaran la politización y los dobles raseros de este consejo hoy no se estaría hablando de Venezuela sino de las graves violaciones que se están cometiendo en países donde la discriminación racial y la violencia contra minorías y grupos vulnerables campean a sus anchas, como ocurre en Estados Unidos».

Maduro obligado a dar marcha atrás en su conflicto con la Unión Europea

Marcha atrás de Nicolás Maduro en su guerra diplomática contra la Unión Europea (UE). El jefe revolucionario ha decidido dejar sin efecto la expulsión de la representante diplomática europea en Caracas, tras la conversación mantenida entre su canciller, Jorge Arreaza, y el Alto Representante de la UE, Josep Borrell. Este nuevo conflicto se originó a raíz que la UE  sancionó a 11 funcionarios venezolanos por su actuación en lo que se consideró actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho.

Ambas partes «coincidieron en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político», señaló Bruselas hoy en un comunicado.

Maduro incluso se jactó el lunes de que iba a prestarle un avión a la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa para que abandonara Venezuela en 72 horas, pese al cierre de aeropuertos y fronteras por culpa de la Covid-19. Todo ello rodeado de un vendaval de improperios y amenazas contra los europeos: racistas, supremacistas, colonialistas, injerencistas…

De esta forma Brilhante ya no será persona non grata, al menos de momento. Ambas partes «acordaron promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel, en el marco de una cooperación sincera y del respeto al Derecho Internacional», como informó el diario El Mundo de España.