En medio de la pandemia por coronavirus, el presidente argentino Alberto Fernández anunció el lunes la intervención  del megagrupo agrícola e industrial Vicentin y el envío de un proyecto de ley para su expropiación (caso inédito en medio de la  tragedia fiscal que vive  Argentina con una deuda millonaria que la mantiene en “default” casi permanente).

Sin embargo, este viernes, el juez Civil y Comercial de Reconquista (Santa Fe) Fabián Lorenzini , a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, dispuso  que el directorio de la cerealera volvieran a ocupar sus funciones y desplazó a los interventores dispuestos por Fernández, que pasarán a ser solo «veedores»(observadores)de la firma.

Antes, el mismo juez rechazó los cuestionamientos al Decreto de Necesidad y Urgencia del mandatario que disponía la intervención. El magistrado santafesino consideró «improcedentes» los cuestionamientos a la constitucionalidad del  Decreto que se publicó el martes de la semana pasada en el Boletín Oficial, y prevé la intervención de la empresa agroexportadora, que nació en 1922 en Avellaneda.

En este fallo, Lorenzini también se declaró «incompetente» para definir los planteos de constitucionalidad del decreto de Fernández (foto derecha). Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá determinar si el juez debe o no definir el tema de la constitucionalidad del decreto presidencial.

La medida de intervención fue fundamentada por el Gobierno con el argumento de querer rescatar al grupo de su debacle financiera y preservar las fuentes laborales, pero los opositores consideraron que todo esto es parte de una estrategia para empezar a acercarse a las políticas llevadas a cabo por el chavismo en Venezuela, como informó el diario Ambito Financiero. Esta opinión se basa en que en este caso no se está hablando de una empresa ni de una fábrica, más bien es un grupo de empresas, fábricas, plantas industriales, cerealera, aceitera y en pocas palabras definida como un gigante exportador central para el eje económico de la Argentina y que extiende sus brazos en varias actividades, aunque siempre con el centro puesto en la producción.

Vicentin, que en 2018 terminó en el sexto lugar entre las principales exportadoras del país con 6,3 millones de toneladas entre cereales, oleaginosas, aceites y subproductos, curiosamente, en febrero de este 2020, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores con una deuda global de 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos (el Banco Nación, el principal) y el resto a empresas del sector agrícola. A modo de comparación la deuda externa de Argentina actual es de 323.177 millones de dólares y representa el 88,8% de su PIB).

Antes de las palabras del presidente Fernández, el 8 de junio, dirigentes políticos, sindicales y sociales allegados al gobierno solicitaron que la empresa fuera  declarada «empresa pública no estatal» para evitar «una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria».  Así el 8 de junio el jefe de Estado confirmó que había intervenido la compañía para preservar los puestos de trabajo y lograr que “alrededor de 2600 productores puedan seguir contando con una fuente poderosa para vender sus productos.

Ese mismo día se conoció que el proyecto fue elaborado por el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas y la senadora Anabel Sagasti, al tiempo que el interventor designado por el Ministerio de Economía era Gabriel Delgado y el subinterventor,  Luciano Zarich. Kulfas fundamentó la estatización en que “la idea es que Vicentin le de más previsibilidad a la oferta de alimentos en la Argentina y también más previsibilidad en el mercado de cambios”.

La respuesta de la empresa fue la siguiente: “Desde diciembre de 2019 el directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión”, aunque remarcaron su presente complicado por las deudas con acreedores y proveedores.

Tres días después del discurso presidencial, el subinterventor Luciano Zarich ingresó a la sede administrativa de la empresa en la localidad santafesina de Avellaneda y, luego de varios minutos de diálogo con las autoridades de la compañía, se logró concretar la intervención con la firma del acuerdo de traspaso.

Los opositores al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández comenzaron una serie de críticas que, en su mayoría, tuvieron el objetivo de generar dudas sobre el papel y la estrategia oficialista en Vicentin.

Por su parte, Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria, opinó que «todas las veces que el Estado se ha metido en aventuras empresariales le ha ido mal».

El Director de Banco Nación, que realizó el informe de situación sobre la firma Vicentín, Claudio Lozano, habló en exclusiva con el medio La Grieta y contó detalles de lo que espera el banco de la empresa.

Según el ejecutivo del Banco Nación, el comportamiento de empresas que teniendo una performance económica importante apelan al recurso del endeudamiento con la banca pública, luego dejan de pagar y llevan adelante manejos absolutamente irregulares, cuasi fraudulentos que no se si no están asociados a un intento de venta por debajo del valor hacia algún socio de carácter transnacional y manejos irregulares en la operatoria de la banca pública en donde en función del vínculo político, del amiguismo y demás, se pasa por encima de las regulaciones existentes, se comprometen recursos prestables, capacidad financiera que debería tener otro destino. Confluyen ambas cosas en este tema: el manejo irregular de la empresa y el manejo irregular del banco frente a una empresa, que por otro lado fue la primera aportante de Cambiemos del ex Presidente Macri en la última campaña y que paradojalmente deja de pagarle al banco luego de la derrota electoral a fines del año pasado y que “defaultea” toda su deuda a partir de la derrota de octubre en primera vuelta.

Paralelo a los señalamientos de Lozano, en varios medios periodísticos se publicó que la holding agroindustrial donó, a través de distintas de sus empresas, cerca de $27,5 millones a Cambiemos como parte de apoyo durante la campaña presidencial de Macri.

Vicentin y Latam: comentario del Diario Clarín

«Las dos empresas representan a sectores con los que siempre tuvo conflictos el círculo más cercano a Cristina Kirchner. Avanzan las ideas de la vicepresidenta (ex presidenta Cristina Fernández, procesada por «fraude» al Fisco).

«Vicentin es un grupo dedicado a la exportación de productos agrícolas argentinos que desde hace décadas compite contra los gigantes globales que dominan su mercado. Latam es una compañía de capital extranjero que compite con una empresa argentina que domina el mercado de los vuelos de cabotaje. No se parecen en nada y no hay nada que las unifique, salvo el hilo rojo que organiza la historia argentina desde hace casi veinte años. Y ese hilo es el kirchnerismo, la encarnación del peronismo que logró condensar en un sólo núcleo ideas, obsesiones y modos de mirar que flotaban dispersos en la sociedad desde mediados del siglo pasado.

«Para el kirchnerismo, al menos para el grupo que rodea física o simbólicamente a Cristina Kirchner, Vicentin es poco más que una mesa de dinero con el tamaño necesario para incidir en el mercado cambiario y Latam Argentina algo así como una célula aerocomercial de la derecha chilena que amenaza la soberanía de Aerolíneas Argentinas sobre los desplazamientos a través de los cielos de la patria. Se trata, en los dos casos, de una guerra de intereses, para citar la terminología castrense que tanto le gusta citar a la vicepresidenta de la Nación.

«Aunque el sector del Frente de Todos que regresó al kirchnerismo insista en hablar de “alternativas superadoras” o del “rescate” a la cerealera, el kirchnerismo que nunca se fue ya ganó la batalla de la expropiación. Los empresarios ya tomaron nota de que un concurso de acreedores naciente bien puede convertirse en una estatización, porque el Gobierno cree que hoy entre sus tareas está la de comprar y vender granos o aceite, así como antes creyó que estaba la de refinar petróleo o asegurar la llegada de connacionales a Orlando. No importa si hay alguien que cree otra cosa: el núcleo intenso del oficialismo lo cree así y ya dio una y otra vez muestras de que se toma muy en serio sus ideas».