Foto de Portada Ministro de Hacienda Ignacio Briones
Por Sergio Arancibia
El Gobierno lanzó en el mes de mayo un plan consistente en asumir la garantía de nuevas líneas de créditos que fueran otorgados por la banca. Ese plan no solo tenía como posibles beneficiarios a las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes tipo 1 y las grandes tipo 2, siendo estas últimas las que presentaran ventas anuales hasta un límite superior de un millón de UF.
Ese plan, que pretendía beneficiar a un millón de empresas, hasta el día de hoy solo ha beneficiado a 85 mil empresas, ubicadas en todo el universo de empresas elegibles. Se podría decir, legítimamente, por lo tanto, que el plan ha fracasado, pues no ha cumplido con los objetivos o las metas que se propuso. Muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas, han solicitado créditos invocando este plan, pero han sido rechazadas, pues la banca, que es la que tiene la última palabra en esta materia, les encuentra alguna razón para negarles la solicitud.
Pero ahora – en el acuerdo recientemente logrado entre el Gobierno y la oposición – se establece que también podrán ser beneficiarias con créditos de la misma naturaleza aquellas empresas que están por arriba del millón de UF como nivel anual de ventas. No queda claro en el acuerdo si esas empresas super grandes beberán del mismo fondo ya creado para garantizar los créditos a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, o si se creará un fondo distinto.
Si se trata de lo primero, es obvio que éstas super empresas agotarán rápidamente el total de crédito disponible, y no dejarán nada para el resto de las empresas más chicas. Si se trata de un nuevo fondo, se necesita que alguien explique cuál será su monto, y una vez que se sepa ese dato, hay que explicar de dónde se sacarán esos recursos. Esos son algunos de los aspectos abiertos, o sujetos a debates posteriores, presentes en el famoso acuerdo entre Gobierno y oposición.
Tampoco el acuerdo establece condicionalidad alguna para que las empresas super grandes puedan ser beneficiarias de esta nueva línea de crédito. No se les impone, por lo menos hasta este momento, condiciones en términos de su comportamiento reciente en materia de respeto a las leyes laborales y tributarias, ni condiciones en materia de transparencia, apego a normas sindicales, de género, medioambientales, nacionalidad de sus propietarios, residencia legal de la empresa etc. En la medida en que no hay condicionalidad alguna, pareciera que el acceso a la nueva línea crédito tendrá un carácter automático. Todo esto – en la medida en que no está explicito, en un sentido u otro, en el Acuerdo – deja a los partidos en libertad de acción como para plantear y defender sus particulares puntos de vista al respecto. El momento en que estos acuerdos – que son hasta este momento meros acuerdos entre caballeros – lleguen al parlamento como proyectos de ley, se supone que será la ocasión de entrar en todo ese tipo de aclaraciones.
Pero, además de todo lo anterior, en el Acuerdo se mencionan apoyos de diferente naturaleza – que pueden ser garantías a de créditos, compra de bonos u otros mecanismos financieros – para favorecer a las llamadas “empresas estratégicas”, que no se define cuáles son, ni en que se diferencian de las empresas grandes y supergrandes. Para este grupo indefinido de empresas se establece en el acuerdo que su tratamiento será “caso a caso” – no un acceso automático como se supone sucede en los casos anteriores – pero no se explicita cual será el criterio de diferenciación que permitirá elegir a una empresa y dejar fuera a otras. Tampoco se explicita el monto de recursos financieros que estarán disponibles para este tipo de empresas, ni de donde se sacarán.
Como se puede ver, hay muchos temas que quedan abiertos y sobre los cuales cabe la más amplia y legítima discusión a nivel parlamentario, social y ciudadano. No hay que perder de vista que el diablo se oculta en los detalles, que en este caso son muchísimos.
Engordó la billetera del Gobierno
Según el reciente acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los parlamentarios de las comisiones de hacienda del Senado y de la Cámara – que se supone es un acuerdo de caballeros entre el Gobierno y la oposición – se crea un fondo que administrará la suma de 12 mil millones de dólares, que se utilizará para gastos relacionados con la crisis sanitaria y la reactivación económica en los años 2020, 2021 y 2022. Se trata de una suma muy elevada y, por lo tanto, debería ser manejada con el máximo de controles. Sin embargo, esos controles aparecen muy débiles en los textos del acuerdo que se conocen hasta este momento.
Según el texto de los acuerdos – hasta donde son conocidos hoy en día- se crearía una nueva estructura legal que administrará ese fondo. Se dice también que será un fondo extra presupuestario, independiente y transitorio, lo cual, en buen romance, significa que sus gastos no estarán sujetos a una ley previamente acordada con el parlamento, del mismo tipo que la ley de presupuesto que se discute y se aprueba anualmente en dicha instancia legislativa. La ley de presupuesto asigna fondos a ciertas actividades necesarias para el funcionamiento del aparato del Estado y para el buen funcionamiento de otras instituciones nacionales. Nadie puede salirse de lo establecido en dicha ley de presupuesto – gastar en otra cosa o gastar más de lo asignado – pues eso pasa a ser condenado por el conjunto de las instituciones contraloras y judiciales del país.
El fondo recién creado, en cambio – precisamente por ser extra presupuestario – no se regirá por un presupuesto previo y rígidamente aprobado en el parlamento, sino que quedará a criterio del Gobierno el destino preciso de esos fondos, aun cuando se establecen algunas directrices muy generales que deben presidir el uso de esos recursos. Se dice, por ejemplo, que esos fondos se destinarán a gastos corrientes, gastos de inversión y gasto relacionados con el impulso a la reactivación económica, lo cual es extraordinariamente general, pues todo gasto imaginable cae, de una u otra forma, dentro de alguna de esas grandes categorías. También hay transferencias a las personas -el ya famoso ingreso familiar de emergencia – y ayudas crediticias a las grandes empresas, o traspasos de fondos a los municipios, al seguro de cesantía, y otros gastos mencionados y comprometidos en el acuerdo, pero todavía no completamente cuantificados en cuanto al monto que significarán. Se supone que todos o parte de esos gastos se cargarán también a este fondo del cual estamos hablando. En todo caso, todo esto tiene que ser muy grato a los ojos del Gobierno – pues incrementa en forma sustantiva la cantidad de recursos financieros de los cuales podrá disponer, por la vía de simples decretos ministeriales, en un periodo que se anuncia altamente electoral.
La estructura legal que se cree debe dar cuenta mensualmente al parlamento de cómo se está gastando esa plata. Eso está muy bien, pero dar cuenta es lo mismo que informar a posteriori de lo que ya se hizo. No es pedir autorización para gastar. En una o en otra cosa. El control de Contraloría, que también estará presente, es un control encaminado a ver que nadie se haya robado la plata, o usado para algo no autorizado, o si se violó alguna ley en su utilización, pero no tiene capacidad de juzgar si es una buena o una mala utilización. No es rol de la Contraloría el opinar sobre la bondad o no de una determinada política económica. Ese es un rol – irrenunciable a nuestro juicio – del parlamento y de los partidos políticos.
Además, la utilización de esos fondos puede hacerse en 24 meses o menos. Podrían gastarse ms rápidamente -en 20 o en 18 meses – según las urgencias y el cronograma que el gobierno vaya decidiendo. Y como a este gobierno le queda poco tiempo, se puede decir, sin temor a equivocarse, que con este acuerdo el gobierno tendrá la billetera llena como para gastar en forma cómoda hasta el último día de su mandato.
Este acuerdo de caballeros se tiene que transformar prontamente en leyes marco formalmente aprobadas por el parlamento, donde todavía es posible lograr un poco más de precisión y un poco menos de discrecionalidad.
