Carta del economista Alvaro Díaz al Ministro de Hacienda Ignacio Briones

He decidido escribir esta carta con el objeto de clarificar mis posiciones. La dividiré en dos partes: por un lado, daré mis opiniones sobre la composición y contenidos que propuso el equipo convocado por usted. Como se sabe, este incluyó a los 6 economistas convocados por el Colegio Médico; a 9 economistas cercanos al gobierno; y a mí como economista de izquierda.

Luego haré algunas consideraciones respecto a la propuesta del gobierno que, en algunos aspectos, es bastante diferente a lo que propuso el equipo.
Sin menoscabar la calidad de los participantes, considero que fue un grave error establecer un marcado desequilibrio en la composición del grupo, porque la mayoría tiene una inclinación más cercana al gobierno. Por ello, lamento la exclusión de otros economistas de prestigio que habrían
enriquecido el diálogo, ampliando el abanico de propuestas. Entre ellos destaco a economistas que fueron parte de los convocados por los rectores de las principales universidades del país, así como otros economistas que son parte del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. También se podría
haber incluido a expertos que están en las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Todos estos profesionales han tenido una vasta experiencia en gobiernos anteriores y tenían propuestas importantes en un marco de responsabilidad fiscal.

1 Las propuestas del equipo técnico 
Sobre el documento del equipo convocado por Hacienda, quiero hacer comentarios sobre la magnitud del esfuerzo fiscal y su marco, los objetivos de la política económica y los instrumentos.

1. En primer lugar, valoro que el equipo haya coincido en un fondo COVID-19 de US$ 12 mil millones. Esto es lo mismo que había propuesto el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, el 1 Por ejemplo, el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible emitió una declaración hace 4 semanas diciendo lo siguiente:

(i) Consideramos que el Fondo de Emergencia debe tener un rango entre US$ 12 y 15 mil millones adicionales a los ya establecidos, concentrando en el esfuerzo en los próximos 6 meses; (ii) Chile puede recurrir a un mayor endeudamiento bruto y/o girar contra sus Fondos Soberanos; (iii) el mecanismo de endeudamiento es relevante porque ahora es cuando hay amplia liquidez internacional y demanda por títulos de economías como la chilena, a largo plazo y a un interés muy bajo; (iv) una cosa es endeudarse y otra es realizar el gasto fiscal que debe priorizar el Plan de Emergencia y la reactivación; (v) el gasto fiscal requerido para el Plan de Emergencia y la Reactivación debe considerarse como un gasto transitorio que debe ir terminando, a medida que las circunstancias lo permitan, una vez que la economía se reactive y recupere mayores tasas de crecimiento. Sin embargo, las incertidumbres dificultan fijar una fecha de término; (vi) el gasto público en los próximos años excederá con creces las metas compatibles con la regla fiscal que existe actualmente, por lo que esta deberá modificarse, haciéndola compatible con los criterios de credibilidad, transparencia y simpleza; (viii) Se requerirá un esfuerzo de consolidación fiscal futura que sólo puede ser asumido mediante un acuerdo político amplio sobre una nueva regla fiscal; (ix) lo anterior debiera ir acompañado de una trayectoria más pausada del balance fiscal estructural, cuyo nivel también debiera ser objeto de discusión; (x) Post 2021, la responsabilidad fiscal exige una reforma tributaria progresiva, centrada en una mayor progresividad de los impuestos directos y que podría incluir un impuesto a las grandes fortunas, si éstos fueran viables. equipo del Colegio Médico y los economistas convocados por los rectores de las principales universidades del país.

Teniendo como referencia los US$ 12 mil millones que el Comité Técnico aprobó, tuve un acuerdo general con el marco fiscal, porque vengo de una tradición de economistas progresistas que se han formado en la tradición de política fiscal responsable y anticíclica, así como altamente coordinada con la política monetaria. Esto implica cuidar los límites de la autonomía del BCCH, del CMF y del CFA para asegurar la coherencia de las políticas gubernamentales.

Valoro que los objetivos del marco fiscal son explícitos en que las prioridades son contener la pandemia y luego asegurar una reactivación económica. Ello significa que el Estado tiene un rol ineludible en materia de política macroeconómica, política sanitaria, política de protección social
y de reactivación.

Sin embargo, no comparto que la mayoría del equipo convocado decidió publicar proyecciones hasta el 2024 cuando hay mucha incertidumbre. Mi objeción es que, se podría generar en el gobierno una ilusión de una recuperación rápida, lo que en la práctica se constató y comentaré más adelante. En efecto, en el documento considera que la recuperación tendría una curva en forma de V. En otras palabras, aceptan que habrá una gran recesión este año, pero luego insinúan que habría un fuerte crecimiento en el 2021, con lo cual se instala la ilusión de que este es un shock meramente temporal. Pero la realidad es que la tasa de crecimiento de la última década 2010-2020 fue de sólo 2,2%, mientras que la década de 1990-2000 fue de 6,3%.

Es decir, el país lleva un largo período de un limitado ingreso potencial y bajísimo incremento de la TPF, lo que evidencia problemas estructurales e institucionales que dificultan un buen abordaje de las raíces profundas del estallido social. Por ello, el escenario podría ser bien diferente al ejercicio que contiene el documento. Es posible que adopte la forma de una curva en forma U aplanada, porque la recesión podría ser sucedida por años de crecimiento raquítico, lo que sólo será superado con profundos cambios en el modelo de desarrollo.

2. En segundo lugar, en materia de objetivos, fui explícito en señalar que no se prestó suficiente atención en los aspectos sanitarios del Plan de Emergencia y en la fase de reactivación. Esto implicó que no se reconociera el gasto adicional necesario para los municipios y la red de salud sanitaria, para al menos duplicar los testeos por día y para lograr una rigurosa trazabilidad, lo que significaría contratar a miles de personas y capacitarlas.
Tampoco se reconoció el gasto necesario para asegurar que las empresas y establecimientos que están activas, cumplan con las normas establecidas. Al mismo tiempo, tampoco se consideró que debe prepararse la capacitación y los protocolos sanitarios obligatorios, que son necesarios para una retomada segura de la actividad empresarial, cuando la crisis sanitaria se reduzca. Todo lo anterior va acompañado por con una estricta fiscalización, para lo cual es necesario contratar más personal. Si estos prerrequisitos no se cumplen, la experiencia internacional indica que se arriesga nuevos focos de contagios y nuevas oleadas de la pandemia. Sin embargo, esto no fue abordado en el documento, porque no se entendió los aspectos económicos de la política sanitaria.

3. Respecto a los instrumentos, explicitaré mis principales desacuerdos con la mayoría de la Comisión:

– Encuentro positivo que se haya dicho que “deben impulsarse medidas que incentiven a los bancos e instituciones financieras a la renegociación de los créditos para las MIPYMES que están sobre endeudadas”. Sin embargo, faltó especificar los instrumentos que se utilizarán. El objetivo es
habilitar a las personas (microempresarios) y PYME para endeudarse nuevamente. Para ello es indispensable suspender todo tipo de ejecuciones y acciones judiciales durante la fase de emergencia. Además, toda deuda pendiente o con morosidad sea trasladada al final del período
de pago de la deuda. Si no se consideran estas medidas, muchas MIPYMES innecesariamente entrarán en quiebra, aun cuando sean innovadoras y viables.

– Teniendo acuerdo con que debe eliminarse el deducible del FOGAPE, rechazo terminantemente que las empresas con ventas superiores a un millón de UF, accedan al FOGAPE. Creo que este fondo debe destinarse exclusivamente para las MIPYMES y debe ampliar las facilidades para este
sector.

– La mayoría del equipo estuvo por mencionar la capacitación de trabajadores, pero se prestó poca atención a los instrumentos. Es sabido que hay grandes fallas institucionales en el SENCE y de las OTIC, así como de muchos de los programas de capacitación están mal evaluados. En este
contexto, hay una oportunidad de innovación institucional. El CODIV-19 y la digitalización acelerada de la economía abren la posibilidad de una capacitación masiva de carácter público para las y los trabajadores, focalizados en materia sanitarias y en tecnologías de información. Esto es
crucial y debe cuantificarse la magnitud del esfuerzo fiscal necesario.

– También expresé mi desacuerdo en materia de monto y cobertura del IFE. En mi opinión, la emergencia requiere que nadie quede bajo la línea de la pobreza y no haya burocracia para la entrega de este beneficio. Un monto entre $ 240 y 270 mil mensuales para una familia de 3 personas es insuficiente y muy inferior a los $ 369.000 mensuales que obtendrían si se toma como referencia la línea básica de la pobreza por hogar. En mi opinión, los montos aprobados por la mayoría no son los suficientes para que las familias y personas se queden en casa en tiempos de
emergencia.

Las propuestas del gobierno

Para decirlo claro, encuentro decepcio nante e inexplicable que el Ministerio de Hacienda haya propuesto un fondo de US$ 10.000 millones, cuando todos los economistas de la comisión y de oposición habían consensuado un fondo con un piso mínimo de referencia de US$ 12 mil millones.
También creo que fue decepcionante un presupuesto 2020 de “base cero”, lo que significa que sólo estarán disponibles US$ 3.000 millones para lo que resta del año, monto que se financiará con reasignaciones fiscales. Mi discrepancia es que los recursos disponibles son muy disponibles para un
plan de emergencia para los próximos 4-6 meses, que incluya tanto las dimensiones sanitarias como las medidas de apoyo social y de apoyo a las empresas, especialmente PYMES. Es lamentable que en los meses “peak” de la pandemia recién comienzas, no se entienda que no se deben escatimar
recursos para asegurar las cuarentenas, el apoyo a las familias y a la salud curativa y preventiva. Esto costo en vidas y también tendrá costo para la reactivación.

También es inexplicable que el gobierno haya declarado que no autorizará recursos adicionales al fondo propuesto de US$ 10.000 millones. Esto no es entendible porque todo depende de la evolución de la pandemia, de la reactivación y el desempleo. Tampoco tiene sentido que el gobierno opine sobre lo que se debe hacerse pos-2021, sin considerar la opción de reforma tributaria que el propio ministro antes reconoció que era necesaria.
La razón de fondo es que el gobierno nuevamente asumió una perspectiva optimista de la pandemia, que genera mucha preocupación y crítica de los epidemiólogos. También predomina una visión optimista de la reactivación, cuando la economía arrastra graves problemas de crecimiento. Y en lo
social, se subestima que podríamos pasar varios años con graves problemas de desempleo. Por ejemplo, después de una recesión de 0,4% en 1999 que elevó la tasa de desempleo a más de 10%, pasaron 4 años para que bajara a menos de 10%, a pesar que la tasa de crecimiento medio era superior
al 4,5%. Según organismos internacionales, la recesión de año 2020 será entre 4,5%-8,0%, mucho peor que la de 1999 y el potencial de crecimiento es mucho menor que a principios del 2000. Esto requerirá un nuevo trato social y profundos cambios en la política desarrollo.

A modo de conclusión

Aunque valoro la magnitud del esfuerzo fiscal propuesto por el equipo de economistas, me decepciona que el gobierno lo haya reducido a US$ 10.000 millones. También me decepciona que no haya considerado más recursos frescos para este año, orientados hacia un Plan de Emergencia. Este
debería incluir un IFE para que nadie quede bajo la línea de la pobreza; un fortalecimiento de la red centros de salud primaria; más recursos para los municipios; así como activar el ministerio de educación y la CORFO para la educación y capacitación. Estos errores agravarán la crisis y debilitarán
la recuperación.

Con el tiempo, se hará inevitable con la nueva Constitución, un nuevo pacto social y un nuevo modelo de desarrollo.

Saludos cordiales
Alvaro Díaz
PhD © en Economía
Ex subsecretario de Economía y Ex Embajador.

Otra propuesta de unos 60 economistas (ex ministros y ex autoridades):

Economistas de centroizquierda proponen congelar pago de créditos, impuestos y dividendos para enfrentar coronavirus

Un grupo de sesenta ex ministros y ex autoridades del sector elaboró un documento  en el cual plantean una serie de medidas para evitar que la pandemia genere una crisis económica en el país.

Cerca de sesenta economistas de centroizquierda dieron a conocer este jueves un documento en el que plantean una serie de medidas para evitar que la expansión del coronavirus provoque una crisis económica de proporciones en el país, entre las cuales incluyeron el cese del pago de créditos de consumo e hipotecarios, entre otras iniciativas. La declaración, publicada por Emol.com , está suscrita por figuras como el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, los ex ministros Carlos Ominami, Andrés Palma, Álvaro García y el ex subsecretario Álvaro Díaz, entre otros, quienes se agruparon en torno al «Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible».

«Para evitar una crisis económica protegiendo las cadenas de pagos y de abastecimiento, es fundamental asegurar el empleo y las remuneraciones para mantener niveles de demanda, evitando el desempleo y generar suficiente liquidez a las empresas para evitar su quiebra». En esa línea, mientras dure la cuarentena, proponen poner la prioridad en las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, subrayaron la necesidad de la «congelación sin intereses del pago de dividendos hipotecarios y cuotas de créditos de consumo», junto con la «postergación sin intereses del pago de servicios básicos», como luz, agua y gas.

En cuanto a los trabajadores, el texto elaborado por los expertos menciona la importancia de «incorporar al Código del Trabajo una cláusula transitoria que impida durante 90 días invocar como causal de despido caso fortuito, fuerza mayor o necesidades de la empresa».

«Recomendamos postergar pago de contribuciones, de impuestos, patentes comerciales y permisos de circulación, sin acumular intereses». También plantean que se debe asegurar un ingreso a quienes deban permanecer en sus casas. «Como en general son las mujeres las que estarán a cargo de hijos y/o familiares, incorporar el enfoque de género en las medidas laborales dado que serán las que cargarán con el peso de la pandemia».

Otra medida que consideran necesaria implementar es «una inyección masiva de recursos al Fondo Común Municipal para que los municipios puedan atender los desafíos de la epidemia, teniendo en cuenta que el 80% de la población se atiende en la salud municipal y para la mayoría de la población es la puerta de entrada al Estado».

«También a través de los municipios, asegurar una canasta de alimentos a los grupos más vulnerables. Asimismo, apoyar a trabajadores informales o por cuenta propia con un ingreso mensual equivalente al salario mínimo», recalcaron. Mayor gasto fiscal En cuanto a las medidas adoptadas por el Banco Central, valoraron algunas de sus disposiciones «orientadas a mantener la cadena de pagos y a proveer liquidez, aunque consideramos que debiera bajar aún más la Tasa de Política Monetaria».