En los últimos 10 años se ha duplicado el presupuesto para la prevención y el control de la criminalidad en el país.

Por Hernán Ávalos

Hernán Ávalos

Ni los gobiernos de Michelle Bachelet, ni los de Sebastián Piñera han logrado los resultados esperados para disminuir los niveles de delincuencia y  mejorar la sensación de seguridad en la población.

Los entendidos esperan que los últimos cambios estructurales propuestos  por  el  Ejecutivo a debate parlamentario, puedan revertir esta situación en el mediano plazo.

En la última década fue duplicado el presupuesto para la prevención y la contención de los robos, hurtos y lesiones, los delitos de mayor ocurrencia en el país.  También ensayados y publicitados diversos programas, algunos olvidados, como el Plan Cuadrante, incrementada la dotación de carabineros, adquiridos modernos vehículos y sofisticados equipos. Pero sin resultados como revelan las propias estadísticas oficiales.

 Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la de mayor credibilidad,  realizada por el INE de forma directa en hogares, la inseguridad promedia el 80% en los últimos 10 años. Esto significa que en la práctica, 8 de cada 10 chilenos vive con temor a la delincuencia, o siente miedo a los ladrones cuando ocupa los espacios públicos (aceras, calles, plazas y parques). 

Por otra parte,  el mismo estudio establece la cifra de victimización en el 22% promedio en el mismo período observado (2018-2019). Es decir los delitos contra la propiedad y/o  las lesiones sufridas por los propios encuestados o su familia. No se considera una “cifra negra” de delitos no investigados por desconfianza en la administración de justicia o porque los seguros por lo general cubren las pérdidas. 

Aún así Los  datos estadísticos revelan que no hay ninguna relación entre la sensación de inseguridad de la población  y la victimización que ella declara.  Esta brecha sostenida  en las mediciones  plantea un verdadero desafío a la sociología, la psicología, la antropología,  entre otras disciplinas. Hasta ahora, las autoridades no han dado respuestas satisfactorias. Y en alguna oportunidad han responsabilizado a la prensa, principalmente a la televisión, de estimular el temor con programas que hacen apología de la violencia delictual.

Cuando el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer los resultados de la ENUSCH 2019, en mayo último, sin vestigios del relato exitista de años anteriores, reconoció  las complejidades que tiene la prevención y contención del delito, pero no las definió ni entró en detalles. Luego reiteró el compromiso de su gobierno de seguir bregando, no sólo contra el delito común, sino también contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Este relato ya lo hemos escuchado antes, no sólo a Piñera, sino también a otras autoridades encargadas de la seguridad y el orden público. Pero resulta insuficiente para que la población  comprenda los alcances del  fenómeno delictual.  Y entre tanto,  los disparos al aire que algunas noches se escuchan en los funerales,  hacen reflexionar sobre la efectividad de la estrategia anti delictual,  muestran la punta del iceberg del narcotráfico y de seguro generan mayor inseguridad en las personas.

Según la última encuesta, entre el año 2018 y 2019 el temor a la delincuencia subió el 5,2%, un porcentaje de alto valor estadístico. 

Por  otra parte,  la victimización medida en hogares cayó 2,1%. Pero como la ENUSC fue realizada en los meses de octubre  y noviembre pasados, los datos aparecen interferidos por las protestas del Estallido Social, el Toque de Queda, el aumento de la vigilancia policial y militar en las zonas urbanas,  donde justamente el INE levanta la información.

También hay que considerar que los saqueos a tiendas y supermercados en su mayoría no fueron denunciados,  por la desconfianza en la administración de justicia, ya mencionada, o porque las compañías de seguros responden por las pérdidas. Entonces,  la baja anual de 2,1% en la última encuesta de victimización pierde relevancia.

Con todo Piñera dio a conocer la habilitación de la pagina web  autoseguro.gob.cl con acceso público para individualizar los vehículos encargados por robos. La entrega de 960 cámaras GoPro inviolables  y la habilitación de 45 pórticos en las principales carreteras,  para detectar el tránsito de vehículos utilizados por las bandas delictuales.

Para el senador Felipe Harboe (PPD), ex subsecretario de Interior  y ex subsecretario de Carabineros de la Presidenta Bachelet, resulta necesaria una verdadera decisión política para hacer las reformas legales presentadas al Parlamento, en especial, la nueva estructura organizacional de Carabineros, perfilando su rol preventivo, reforzando la dotación de la PDI y dejándole la responsabilidad de la investigación criminal que esa ha sido su misión principal, evitando así la dualidad de funciones y la dilapidación de recursos materiales.

Harboe cree que al terminar la pandemia y ocurrir una reactivación de la protesta social, como resulta probable, los conflictos producidos al Estado en la mantención del orden público,  serán los mismos que ocurrieron en octubre pasado, si no se hacen los cambios prometidos tanto en la institucionalidad de Carabineros, como otras leyes destinada a recuperar niveles de seguridad ciudadana aceptables. 

Para discusión en el Parlamento están en debate, además, la nueva Ley de Inteligencia Nacional y la reforma a la Ley de Control de Armas y Explosivos, ambas para dotar de más instrumentos en la prevención y el control del delito.

Por su parte el ingeniero Daniel Johnson,  director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, institución que estudia el fenómeno criminológico, otorga mayor  valor estadístico a la tendencia observada en la década y coincidió en que las encuestas realizadas en octubre y noviembre de 2018, están influidas por las protestas. También admitió que la vulnerabilidad social influye, en la percepción de inseguridad de las personas.

Por de pronto la Unidad de Análisis Financiero, UAF, dependiente del Ministerio de Hacienda, investiga las denuncias a que están obligados los bancos e instituciones financieras, sobre operaciones sospechosas de narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado o terrorismo. Su labor es reservada. Quizás demasiado silenciosa, cuando la población ya atemorizada requiere de evidencias de que está siendo protegida.

La última intervención conocida de la UAF fue cuando detectó en Punta Arenas  las primeras operaciones bancarias que condujeron a la investigación del Ministerio Público, por el fraude de $28.300.000.000 (veintiocho mil trescientos millones de pesos)  en las cuentas fiscales de Carabineros, conocido como “caso Pacogate” y que involucra a un centenar de oficiales superiores destacados en la Dirección General de esa policía.

Montar en dos o tres años un sistema para defraudar al Estado en beneficio personal de un grupo de policías, utilizando los recursos fiscales destinados a los servicios de administración,  vigilancia, prevención y contención de los delitos, resulta una clara evidencia de profunda corrupción, como de alteración de los valores, principio de y mística institucional, que conspiran contra la sensación de seguridad que la ciudadanía espera de sus funcionarios públicos.