Sin embargo, Guzmán en declaraciones a Télam, consideró que «las negociaciones continúan en un curso que consideramos positivo, con una comprensión mutua cada vez mayor», agregando que sin embargo «todavía hay una distancia importante que recorrer, pero, lo que es más importante, todos las partes permanecen en la mesa para encontrar una solución».
La Argentina pospuso la fecha del cierre de la operación, luego que la semana pasada los tres grupos de acreedores más grandes del país presentaran sus contraofertas que denotaron un acercamiento con la posición oficial.
Guzmán recalcó que para Argentina, es esencial que el acuerdo esté alineado con la capacidad de pago del país; las propuestas aceptables y un acuerdo posterior deben alinearse con nuestras restricciones de sostenibilidad de la deuda, incluidas las identificadas por el Fondo Monetario Internacional».
El ministro aseguró que «la extensión de la oferta brinda flexibilidad en caso que la República decida realizar modificaciones en los próximos días para asegurar un acuerdo sostenible con nuestros acreedores».
Respecto del pago de los 503 millones de dólares en intereses que vencían el 22 de abril, y cuyo período de gracia finaliza este viernes, Guzmán reconoció que el mismo «también forma parte de estas discusiones, y esperamos que se aborde en el acuerdo más amplio que se está buscando».
«El grupo celebra que Argentina haya expresado una intención de trabajar con los acreedores, pero las acciones hablan más que las palabras. Durante el último mes, Argentina no ha tenido prácticamente ninguna comunicación sustancial con sus acreedores», apuntó un comunicado acreedor.
BlackRock dejó trascender esta semana ante medios internacionales, que había flexibilizado su postura con la Argentina, en busca de tender un puente de negociación con el Gobierno.
Por otra parte, Hans Humes, el representante del fondo Gramercy y cabeza de otro grupo de acreedor de Argentina, dijo en un seminario organizado desde Washington por el Wilson Center, que se veía «un amplio deseo de una resolución constructiva en el proceso» para alcanzar un acuerdo, al vaticinar que habría de producirse una suerte «short default» por el vencimiento cuyo plazo de gracia vence este viernes.
Dichos inversores no aceptaron las propuestas de canje que se hicieron en 2005 y 2010 y optaron por la vía judicial. Terminaron ganando en el juzgado de Nueva York y en las sucesivas apelaciones que llegaron incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Los bonos de este «default técnico» se habían emitido para salir de otro default, situación que aparece «rara» porque sería difícil hallar un antecedente igual en la historia de las finanzas mundiales, comentó «irónicamente» el diario bonaerense.
El propio Ministro de Economía, Martín Guzmán, comunicó este viernes que está dispuesto a mejorar la oferta original que presentó semanas atrás el país, y que fue rechazada formalmente por más del 80% de los bonistas.
Posiblemente el límite que no se deberá traspasar parece ser el 30 de julio. Ese día se vencería la prórroga para la fecha de pago del 30 de junio, cuando deban abonarse los intereses de los bonos Discount emitidos en el canje 2005. Son 572 millones de dólares que deben ir a los bonistas que entraron en aquel canje y que no están dispuestos a esperar más para cobrar, agrega Clarin.
Esta emisión de deuda, como todas las que se hicieron desde el regreso a la democracia en 1983, fueron realizadas con acuerdo del Congreso argentino.
La herencia recibida por Fernández
La herencia más pesada que recibió el actual presidente, Alberto Fernández, es la deuda pública. Cuando el mandatario asumió el cargo, él y su ministro de Economía, Martín Guzmán, debieron ponerse a negociar con acreedores del país para ver como afrontaban más de US$300.000 millones que le deben a organismos de créditos, agencias del sector público y a bonitas. Esto equivale al 88,8% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Hasta el momento, el país ha postergado el pago de algunos vencimientos, mientras que buscan reestructurar la deuda y así evitar otra cesación de pagos (default), como se declaró en 2002. Ese año tuvieron un default soberano de casi US$145.000 millones.
