La Corte Suprema brasileña  dio este miércoles un fuerte golpe al presidente Jair Bolsonaro, tras obligarlo a revocar el  nombramiento de un nuevo jede de la Policía Federal de Brasil por tratarse de un amigo suyo y de su familia.

Se trata de Alexandre Ramagem quien debe retornar a su cargo anterior como nuevo jefe de los servicios secretos. Fuentes oficiales señalaron que Bolsonaro no apelará a la decisión de tribunal.

La Corte reaccionó así frente a una denuncia realizada por el Partido Democrático Laborista, que criticaba que un amigo personal del presidente  asumiera como director de la Policía Federal.

El juez Alexandre de Moraes asumió el caso, y sostuvo que es posible que el presidente haya incurrido en un «desvío de finalidad» al nombrar a Ramagem, desobedeciendo «los principios constitucionales de impersonalidad, moralidad e interés público». La decisión judicial suspende al menos transitoriamente la asunción del amigo del presidente ultraderechista.

El nombramiento de Ramagem, jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia, se produjo en medio de acusaciones de que Bolsonaro intentaría interferir en investigaciones que lo afectan personalmente. Su llegada al puesto en reemplazo de Mauricio Valeixo, destituido por el mandatario,tuvo como consecuencia la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro, quien está muy vinculado con la cúpula militar brasileña.

Moro fue sustitído por el abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendonça. Al dejar su cargo el último viernes, el exjuez Moro acusó a Bolsonaro de intentar interferir políticamente en los rumbos de la institución policial, que tiene en curso  investigaciones contra familiares y aliados del presidente.

La decisión-decreto  ministerial, en la que el mandatario también anunció el nombramiento de Alexandre Ramagen como nuevo director de la Policía Federal, en sustitución de Mauricio Valeixo, cuyo despido motivó la salida de Moro. André de Almeida Mendonça, antes de convertirse en ministro, estaba al frente de la Oficina de Abogacía del Estado.

Tras las declaraciones de Moro, otro juez del alto tribunal,  Celso de Mello, decidió abrir una investigación para determinar si el presidente cometió delitos como prevaricación y obstrucción a la justicia.  El magistrado dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro, el ex juez que llevó a la cárcel al ex Presidente Lula da Silva en el marco de una condena a 12 años de prisión, reducida posteriormente a ocho, por haber estado implicado en un caso de corrupción vinculado a la empresa multinacional de construcción OAS, red de corrupción que afectó a varios países de América Latina, especialmente a Perú,  y que fue investigada ampliamente por el ahora ex ministro de justicia.

Las conclusiones, que deben ser entregadas al Fiscal General de la República, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.

Según Celso de Mello, “los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República” parecen tener “íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial”, lo que permite la investigación del mandatario.

Moro, uno de los ministros estrella del mandatario ultraderechista por su papel en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, presentó su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al jefe de la PF, un órgano de investigación que depende del Ministerio de Justicia.

El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricación y obstrucción a la justicia.

Después de sus declaraciones, Moro presentó a la televisión un intercambio de Whatsapp con Bolsonaro en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la PF. Según medios brasileños, el exjuez dispone de grabaciones de discusiones con Bolsonaro.

En caso de que el fiscal Aras encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar al Tribunal Supremo (STF) a llevar a cabo la investigación. Y si esta confirmara las sospechas, corresponderá nuevamente al Congreso abrir un proceso de «impeachment» contra Bolsonaro. Dilma Rousseff fue destituida como Presidenta de Brasil tras un «impeachment»

En 2017, la Fiscalía pidió abrir dos investigaciones contra el entonces presidente Michel Temer, y en ambos casos la solicitud fue rechazada por la Cámara.

Estas tensiones se producen en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, con fuertes críticas de Bolsonaro a gobernadores que aplican medidas de aislamiento social que a sus ojos paralizan la economía.

Una encuesta publicada este lunes muestra división de opiniones sobre el futuro de Bolsonaro. Un 45% de los brasileños opina que el Congreso “sí debería” abrir un proceso de “impeachment” contra el mandatario, frente al 48% que opina lo contrario, indica la encuesta de Datafolha, publicada por el diario Folha de S. Paulo.