El ex presidente peruano, Alejandro Toledo, intentó hacerse pasar por «loco» ante un tribunal estadounidense para conseguir abandonar la cárcel y lograr una libertad provisional.
Sin embargo, el juez, tras revisar el informe de un psiquiatra, consideró el caso no probado y falló en su contra.
Alejandro Toledo está acusado de haber recibido 30 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
Así el juez de apelaciones del Distrito Norte de California (EE.UU.) Vince Chhabria denegó este miércoles de forma definitiva la solicitud de libertad bajo fianza formulada por la defensa del exmandatario (2001-2006), quien, por lo tanto, permanecerá en prisión.
Tras una audiencia a principios de febrero en la que el exmandatario hizo testificar a un psiquiatra sobre su estado mental para justificar que su estancia en la cárcel le estaba produciendo un gran deterioro psicológico, el magistrado consideró ese extremo no probado y falló en su contra.
“El testimonio del doctor resulta insuficiente para determinar que las condiciones particulares en el penal de Maguire (donde se encuentra encarcelado Toledo) están causando o causarán a este preso problemas de salud mental serios”, indicó el magistrado.
Tras la decisión de este miércoles, Alejandro Toledo agotó la última posibilidad que le quedaba de salir en libertad mientras dure su juicio de extradición a Perú, donde está acusado de corrupción, puesto que el juez que lleva su caso, Thomas Hixson, ya le denegó la libertad el año pasado, ante lo que la defensa apeló ante el juez Vince Chhabria.
Además de considerar el supuesto deterioro mental de Toledo no probado, el magistrado también consideró que el riesgo de fuga del expresidente en caso de salir en libertad bajo fianza ha aumentado en los últimos meses, ya que se descubrió que él y su esposa, Eliane Karp (foto izquierda), mantenían escondidos activos por valor de más de un millón de dólares.
Alejandro Toledo nunca comunicó a la corte que poseía ese dinero, pese a las múltiples declaraciones de activos que se le pidieron a la pareja y, de hecho, el expresidente recibió los servicios de un abogado de oficio al segurar que no podía pagarse una defensa privada.
Por otro lado, Chhabria determinó que, si bien Toledo no huyó de EE.UU. entre febrero de 2017, fecha en que el Perú presentó cargos contra él, y julio de 2019, cuando fue detenido en California, las circunstancias desde entonces han cambiado sustancialmente.
“Ahora Alejandro Toledo se enfrenta a la posibilidad real de pasar el resto de su vida bajo custodia en Perú, y los últimos meses en prisión puede haber hecho las consecuencias de la extradición mucho más concretas de lo que eran anteriormente”, apuntó el magistrado.
