Un 38 por ciento de los detenidos y formalizados durante la crisis social por cometer   supuestos delitos en manifestaciones públicas “ilegales”,  en los que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE),  se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

El registro en siete Regiones del país –según La Tercera- anota 45 casos en que los detenidos fueron puestos a disposición de un tribunal, luego de que el Ministerio del Interior invocara la LSE que eleva las penas en determinados delitos contra el orden público.

Los delitos supuestamente cometidos abarcan una amplia gama de casos como la quema de una iglesia en la Región de Los Lagos, ataques con bombas molotov a la policía en distintas zonas del país, la quema de estaciones del Metro de Santiago, el levantamiento de barricadas en líneas férreas en Pedro Aguirre Cerda.

Las regiones con un mayor número de casos o denuncias formales son Atacama (14 causas); la Región Metropolitana (12) y Coquimbo (5). Y al analizar en detalle los antecedentes, se puede visualizar que 17 de los 45 imputados bajo esta ley están cumpliendo prisión preventiva (38 por ciento).

Además, según el informe cinco imputados cumplirían la medida cautelar de arresto domiciliario y los restantes 23 estarían sujetos a una firma mensual, la prohibición de salir del país o bajo la sujeción del Sename, como es el caso de un menor de edad imputado bajo esta normativa.

Entre los casos de mayor impacto en la Región Metropolitana en que el gobierno presentó querellas invocando la LSE, se encuentra la quema de las estaciones del metro Del Sol, Las Parcelas y San Joaquín. Este último caso corresponde al que implicó al profesor Roberto Campos, quien pasó 56 días en prisión preventiva tras ser formalizado por causar destrozos en una estación del tren subterráneo en octubre de 2019.

Otro de los delitos son las barricadas en la línea férrea del tren central, ubicado en Pedro Aguirre Cerda y  la instalación de neumáticos encendidos para obstaculizar el paso del tren el  30 de octubre “con inminente peligro de descarrilamiento”, según el gobierno (tres formalizados).

En Valparaíso las cinco personas formalizadas bajo la Ley de Seguridad del Estado se mantienen privadas de libertad. Uno de los casos es el que involucra al concejal de La Calera, Karim Chahuán (RN), quien fue detenido por la PDI por su presunta participación en un saqueo a un centro comercial en esa comuna, ocurrido en medio del estallido social.

El balance, igual que el de daños y saqueos, es  también muy grave en la industria

Pero no sólo delitos en la vía pública se suman al balance de la crisis, también  pérdida de empleos

En una reunión-desayuno este martes, el  presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Dante Arrigoni, se mostró preocupado por el desastre de la rebelión dejado en este sector industrial que, como consecuencia, este año perdería más de 25 mil empleos.

 «Según nuestras estimaciones, el shock de incertidumbre y deterioro de expectativas, junto a condiciones financieras menos favorables producto de aumentos en las tasas de interés, nos hacen proyectar esta cifra no muy alentadora en materia de destrucción de empleos», dijo Arrigoni.

A su vez, el  gremio de la Construcción anticipa un «incierto 2020» y proyecta pérdida de 40 mil puestos de trabajo. El dirigente  comentó que «mientras no se restablezca por completo el orden público, que permita el normal funcionamiento de las fuentes productivas, al igual que un mejoramiento del escenario político y económico, creemos que no será posible generar las confianzas que permitan reactivar la actividad productiva. Esperamos que las autoridades, y la clase política, empiecen a dar señales de convergencia». En esa línea, y respecto a lo que ha hecho el Ejecutivo en medio de la crisis.