El escrito de defensa del Presidente Sebastián Piñera para hacer frente a la acusación constitucional presentada en su contra por un sector de la oposición tiene 155 páginas. El documento fue entregado la última noche por la Segpres a la comisión de la Cámara ad hoc que revisa el libelo.

La acusación pide la destitución del Mandatario argumentando que hubo vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones que han ocurrido desde el estallido del 18 de octubre, además de haber “infringido” la Constitución y comprometido “gravemente el honor de la nación”. Los firmantes del libelo, cuatro parlamentarios de la ex Nueva Mayoría, cinco del Frente Amplio y uno del FRVS, apuntan a la supuesta responsabilidad en estos hechos del Mandatario.

La defensa de Piñera -representada por el abogado Juan Domingo Acosta– plantea cuatro ejes principales para abordar, primero, la denominada cuestión previa, es decir si la acusación cumple o no con los requisitos constitucionales. En este sentido, se argumenta que el libelo “no es admisible” porque no cumple el requisito de “ser de carácter excepcional”. Así, se señala que “utilizar la Acusación Constitucional, en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos”.

“La acusación constitucional no debe ser utilizada para ejercer presión política sobre un gobierno. El desacuerdo político tiene otros cauces para manifestarse”, se agrega como dice La Tercera.

Como segundo argumento se señala que la “acusación vulnera gravemente el debido proceso, por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados”.

Así, se recalca que “las imputaciones que se realizan al Presidente de la República son genéricas e imprecisas, y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigadas y que no han sido acreditadas por los tribunales de justicia (…) En efecto, los acusadores se refieren a los ‘presuntos’ o ‘posibles’ hechos, dando cuenta de la fragilidad de sus antecedentes y que todavia falta establecer la verdad judicial”.

Como tercer fundamento, la defensa de Piñera sostiene que el libelo no cumple con uno de los requisitos mínimos, que es que una acusación constitucional contra un Presidente solo puede proceder por actos propios y no por omisiones.

En este sentido, se señala que “los acusadores no han apuntado hacia ningún acto del Presidente que pueda contravenir abiertamente la Constitución” y que todos “los reproches se fundan en presuntas omisiones”.

En cuarto lugar, el documento de la defensa sostiene que la acusación es “un abuso del derecho” porque pretende revisar el mérito de la declaración del estado de emergencia, una potestad privativa del Presidente y consagrada en la Constitución. “El hecho que los diputados acusadores no estuvieran de acuerdo con decretar un Estado de Emergencia, no es motivo para intentar la destitución del Presidente”, se expone.

Respecto del primero -en el cual se acusa a Piñera de infringir la Constitución por “consentir” que se “cometieran violaciones a los derechos humanos”- la defensa señala que la situación “no es efectiva”, porque la “acusación no formula ninguna imputación al Presidente basada en actos materializados por él. “Se invocan hechos de terceros que todavía están siendo investigados, y no actos de su administración”, se enfatiza.

Y se agrega que tampoco existieron omisiones que afectaran los derechos humanos, “como lo intentan establecer los acusadores” y que “por el contrario, el Presidente desplegó todos los medios dentro de sus atribuciones para prevenir cualquier violación a los derechos humanos”.

En cuanto al capítulo segundo del libelo, que acusa al Presidente de haber comprometido el “honor de la nación”, la defensa argumenta que “la cancelación de la APEC y la COP25 no han tenido un efecto negativo en el honor de la nación”

Este análisis lo tendrá que hacer la Sala de la Cámara el próximo 12 de diciembre, tras escuchar los argumentos de los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional, quienes cuatro de sus cinco integrantes son de oposición. Será la primera vez que los diputados tendrán que analizar y votar una acusación contra un Presidente en ejercicio.

Piden transmisión directa de la acusación por TV

Un grupo de diputados de oposición ofició en las últimas horas a Televisión Nacional de Chile (TVN) para que transmita en vivo por su señal abierta la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

La carta fue firmada en su totalidad por los diputados Carmen Hertz (PC), Emilia Nuyado (PS), Jaime Mulet (FRVS), René Saffirio (IND), Esteban Velásquez (FRVS), Carolina Marzán (PPD), Raúl Saldívar (PS), Miguel Crispi (RD), Claudia Mix (Comunes), Víctor Torres (DC), Renato Garín (IND), Jaime Naranjo (PS), Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC) y Daniel Verdessi (DC).

Uno de los argumentos que entregaron los legisladores fue que este debate sería un hecho histórico para el país, debido a que el único antecedente que existe, de este tipo, es la Acusación Constitucional contra el expresidente Carlos Ibáñez del Campo en 1956.

“La actual acusación constitucional es entonces, más allá de la opinión que se tenga sobre su procedencia, un acontecimiento histórico que la ciudadanía debe conocer para formarse su propia opinión”, expresaron en el documento.

En el escrito se agregó que es muy probable que la acusación se vote en la Cámara de Diputados entre el 11 y 12 de diciembre y, de ser aprobada, pase a argumentación y votación en el Senado.

“Se hace necesario que Televisión Nacional de Chile transmita en directo, para todo el país, la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados en que será votada, con el objeto que todos los chilenos puedan informarse sobre los hechos y argumentos en discusión, tanto de los acusadores, como de la defensa del Presidente”, expusieron.

Sin embargo , “TVN no ha recibido ningún oficio de la Cámara de Diputados sobre esta materia. Cabe mencionar que, de acuerdo a Ley de Televisión Nacional de Chile, el canal tiene garantizada su independencia y libertad editorial, y no está obligado a transmitir ningún hecho por instrucción u orden de alguno de los poderes del Estado”, indicaron en el canal estatal.

“Sin perjuicio de ello, TVN siempre da cobertura noticiosa a los hechos relevantes de la actualidad del país”, agregaron.

Críticas desde la Cámara contra Piñera

El presidente de la Cámara, el DC Iván Flores, insistió al Gobierno a que tome medidas más efectivas que den soluciones a las demandas sociales de la ciudadanía, considerando las siete semanas que ya se llevan de movilizaciones desde el estallido social del 18 de octubre.

Dijo que las iniciativas impulsadas por la administración de Sebastián Piñera, como el bono de 100 mil pesos para las familias más vulnerables «alivia en algo», pero que no arregla los problemas de fondo, ya que la solución pasa por «avanzar en las reformas estructurales», para lo cual se necesitan plazos y fechas. Advirtió que de lo contrario «no habrá tranquilidad si no se le pone coto a las mega utilidades de algunos y a la economía del abuso. Te friega la isapre, la AFP, los remedios».