El sistema de Justicia en Chile carece de la eficiencia deseada, como lo revelan las encuestas, pero esto no es parte de un drama actual sino se arrastra ya desde hace varios años, como han criticado analistas de distintos sectores. Sin embargo es justamente ahora cuando el fiscal nacional Jorge Abbott se decide a rechazar de plano y con toda su fuerza, en medio de la severa crisis política y social que afecta al país,  una serie de críticas en contra de la Fiscalía originándose un conflicto nuevo e innecesario que involucra al Palacio de La Moneda y a la Fiscalía Nacional (ente autónomo), como se ha observado esta semana.

Lo que rebasó el vaso en la Fiscalía Nacional fueron las críticas lanzadas desde el Gobierno y el oficialismo en los últimos días, pero Abbott calificó las quejas de una “absoluta ignorancia” y «pretender traspasar al sistema procesal penal una responsabilidad respecto de un estallido político y social, sobre el cual el Ministerio Público no tiene una responsabilidad mayor. La responsabilidad del Ministerio Público es de investigar delitos y pedir sanciones para las personas que incurren en conductas que son sancionadas por la ley”, dijo Abbott.

El Fiscal Nacional respondió así al subsecretario Rodrigo Ubilla y a la vocera Karla Rubilar, quienes han criticado la labor del Ministerio Público en la resolución de los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones sociales.

El cuestionamiento oficialista  se refiere al supuesto intento de la Fiscalía a la búsqueda de salidas alternativas en causas como saqueos, «sin investigar». El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, acusó que “muchas veces, la Fiscalía no nos acompaña y básicamente los detenidos quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a controles».

Abbott replicó diciendo que “cada vez que hay un procedimiento policial exitoso el subsecretario del Interior y los ministros del Interior de todos los gobiernos” corren a ponerse en la foto, pero   cuando hay fracasos o teóricamente críticas, no, no están para la foto. “Es decir, las utilidades las hace el Ministerio del Interior y las pérdidas, el Ministerio Público», aseveró el Fiscal Nacional.

Agregó que «la realidad desmiente» a la crítica, ya que “hasta el 22 de noviembre hemos pasado a control de detención a más 30 mil personas, hemos formalizado a más de 20 mil y tenemos más de 2 mil personas en prisión preventiva».

Igualmente reprochó algunas afirmaciones que “parten de una ignorancia realmente increíble: un senador de la República me decía ‘los fiscales tienen que estar en el sitio del suceso para ordenar las detenciones’; eso es no entender nada de cómo funciona el sistema. Los fiscales actuamos una vez que se ha cometido el delito y llegamos al sitio (…) que ya se encuentra aislado por las policías (…) buscando pistas o algún antecedente. Se está hablando desde la ignorancia más absoluta».

Aclaró también que la Fiscalía Nacional fijó «instrucciones» de actuación en la crisis social «desde el primer día» (18 de octubre), en respuesta a «abogados que afirman lo contrario, que no han existido criterios».

«Si ellos consultaran al Ministerio Público, a diferencia de salir por los medios criticando», expuso Abbott, sabrían que el 20 de octubre «dimos las instrucciones, y luego las ampliamos; donde fijamos criterios de actuación obligatorios para todos los fiscales, en términos de ser muy rigurosos en pedir prisión preventiva respecto a quienes tienen antecedentes anteriores, no terminar las causas en la primera audiencia, en las suspensiones condicionales tener la prevención de consultar con los querellantes».

En ese marco, precisó el Fiscal Nacional los detalles del caso de los 29 imputados por un saqueo a un supermercado de Conchalí que optaron a una salida alternativa, que dio pie a la polémica con los abogados del Gobierno: «Hubo un error, se incumplió una instrucción del fiscal regional, que es escuchar antes a los querellantes (..) se anticiparon en pedir audiencia (…), pero nos reunimos ayer (martes), con él (un abogado representante del Gobierno en la causa)», dijo, y agregó que la suspensión condicional aún no ha sido concedida.

Para «las personas que promovieron y llevaron adelante» saqueos e incendios en recintos como supermercados, «por cierto que el Ministerio Público, ya establecida su identidad, va a buscar la mayor de las sanciones».

«Pero por Dios, respecto de aquellas personas que ingresaron una vez que el supermercado ya estaba abierto y sustrajeron algunas especies, no nos pidan las penas del infierno. Negar salidas alternativas a esas personas y otorgárselas a otras se está generando la promesa casi autocumplida del nuevo sistema de procesal penal que va a ser una máquina de moler carne de gente pobre, cosa que no estamos dispuestos a tolerar», enfatizó.

Derechos humanos

En tanto, sobre las voces que acusan que durante la crisis ha existido una violación «sistemática» a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, sostuvo que «es una afirmación que se podría hacer una vez que terminemos nuestra investigación», pero «hacerla a esta altura es una enorme irresponsabilidad»

«Ha sido un tema complejo. Hasta el 22 de noviembre teníamos 2.670 denuncias de violaciones de derechos fundamentales, estamos llevando adelante las investigaciones, hemos encontrado en la mayoría de ellas cooperación por parte de las policías y el Ejército. Nos ha preocupado desde el primer día el uso de armamento que ha derivado en daños en los ojos; hemos sido extraordinariamente proactivos en buscar a las víctimas de estos delitos, hemos estado recorriendo hospitales», añadió.

Además, sobre la actuación policial, planteó que «Carabineros tienen un problema porque ha tenido que destinar un grupo muy importante de funcionarios a resguardar algunos sitios emblemáticos que los manifestantes pretenden atentar. Y más encima se generan hechos violentos producto de personas que actúan a rostro cubierto, hay una cantidad enorme de carabineros heridos, con lesiones gravísimas».

Pero en ese marco, resaltó, las policías «han hecho un trabajo notable, se han visto enfrentadas a una situación inédita (…) un trabajo digno de destacar».

La Fiscalía y la justicia en Chile

En Chile, la Fiscalía trabaja en colaboración con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y los organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Instituto de Salud Pública. Existe también un Consejo General, que reúne al Fiscal Nacional con todos los 18 Fiscales Regionales y que cumple funciones de órgano consultivo y asesor. En el sistema procesal penal chileno, son los fiscales los que dirigen a las policías en la investigación de los delitos.

Sin embargo, en torno a la desigualdad social existente en Chile es posible constatar también una considerable desigualdad de las personas ante la aplicación de justicia. En Chile, en el ámbito de la justicia civil (resolución de conflictos de interés privado o particular), los altos costos involucrados, la congestión y lentitud de los procesos en tribunales y la desconfianza generalizada en el sistema judicial, conforman una realidad que termina alejando a los sectores de menores recursos de la posibilidad de resolver sus problemas por la vía jurídica. Quienes se animan a acudir a los tribunales cuando se encuentran ante una disputa, deben disponer de recursos no menores para solventar un abogado, un receptor y probablemente un perito, además de la eventualidad de tener que pagar las costas del juicio si así lo determina el juez. De manera que buena parte del resultado de un litigio se basa en la capacidad de pago para obtener una mejor asesoría jurídica.