«El caso Ere» (sigla de expediente de regulación de empleo), es el mayor escándalo político y financiero registrado en Sevilla, España, entre el 2001 y el 2009, y que involucra al Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A). Hoy se dieron a conocer las sentencias.
La Audiencia Provincial sevillana condenó entre 21 procesados a dos expresidentes de la Junta andaluza, José Antonio Griñón y Manuel Cháves (foto derecha). El primero recibió una sentencia de seis años de prisión por el delito continuado de prevaricación y malversación, y el segundo, nueve años de inhabilitación por prevaricación.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla impone en total diez condenas de cárcel y nueve de inhabilitación, absolviendo completamente a dos personas: Francisco del Río (exjefe del gabinete jurídico de la Junta) y Manuel Gómez (exinternventor general de la Junta).
De acuerdo con un informe de la Dirección General de Seguros, organismo del Ministerio de Economía y Competitividad de España, el fraude asciende a un total de 152 millones de euros, tratándose así de uno de los mayores escándalos conocidos en los últimos 38 años, en el que la mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz ha sido acusado por delitos de corrupción política en algún momento. En la década previa al destape del caso, la Junta de Andalucía está acusada de diseñar, instaurar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno: el PSOE-A.
Los documentos difundidos hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no se pronuncian sobre la petición de la Fiscalía de que, entre todos los procesados, pagaran 741 millones de euros, el dinero en juego. Todos ellos fueron acusados igualmente de haber participado directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas, sin que hubiera “ningún control” sobre ellos.
La listas de condenados continúa con la inhabilitación por nueve años de la exministra y de la exconsejera, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, respectivamente.
Además de Griñón, otros cuatro exconsejeros han sido condenados a prisión: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez Aguayo (Economía). La pena más alta es para Fernández, siete años y 11 meses. En el caso de Vallejo y Viera, la condena es de siete años; y la de Martínez Aguayo, de seis.
Solo dos de los 21 procesados han resultado absueltos (ver arriba). A estos dos se les suman cuatro antiguos dirigentes acusados también de ambos delitos y para los que Anticorrupción pedía cárcel, pero que podrán eludir la prisión porque han sido absueltos de malversación, aunque inhabilitados por prevaricación. Estos son los ex directores generales de la agencia Idea Jacinto Cañete (ocho años y seis meses de inhabilitación), y los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado y Juan Francisco Sánchez (nueve años) y Lourdes Medina (ocho años y seis meses).
El PSOE se defiende
La sentencia sobre los ERE Andalucía, que condena entre otros a José Antonio Griñán a seis años de prisión, “no nos puede dejar indiferentes ni al gobierno ni a la dirección del PSOE”, admitió este martes José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y secretario del partido socialista, argumentando que “se trata de una sentencia muy dura”, y porque afecta a personas que “en su día tuvieron importantes responsabilidades institucionales y orgánicas en el PSOE”. Aunque, a renglón seguido, Ábalos ha circunscrito el caso juzgado a la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2009. “Es decir, hechos de la pasada década”, dijo.
«Es por lo tanto un caso que no afecta ni al actual gobierno de Pedro Sánchez ni a la actual dirección del PSOE”, subrayó el ministro. “En esa época, lo más que pudo ser Pedro Sánchez fue concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid”, aseguró. Comparó este caso con el caso Gürtel por el que fue condenado el Partido Popular (derecha) cuando lo presidía su líder, y entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.