En medio de las negociaciones que hoy continúan en Santiago entre los presidentes de partidos de oposición y oficialismo, para definir el mecanismos que establecerá una nueva Constitución, un grupo de diputados de la denominada centroizquierda y donde está el Partido Comunista y el Frente Amplio, se descolgó de las conversaciones e insistieron en que el camino o la vía para la nueva Constitución debe ser a través de una Asamblea Constitucional .

Contrariamente  en Chile Vamos y la ex Concertación (PR, PS, PPD y DC)  la fórmula que avanza es la de realizar un plebiscito  de entrada en el que se pregunte a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución sin considerar por el momento el mecanismo, aunque habría acuerdo en la vía de «convención constituyente»  con un porcentaje de representación ciudadana y otro de parlamentarios. El porcentaje de representación de ambas partes también se está analizando.

Sin embargo, la UDI no está de acuerdo con el plebiscito y crítico a esto fue este jueves el diputado udiísta Jaime Bellolio, quien decidió marcar distancia con su sector y se abrió a la opción de un plebiscito para consultar a la ciudadanía por el cambio de la Constitución.

Mediante su cuenta de Twitter, el parlamentario apoyó este mecanismo para «salvar al país» mediante la democracia. «La violencia es nuestro principal enemigo hoy y la señal de la política tiene que ser contundente: o estamos todos quienes queremos más democracia o no sirve de nada. Si hacer un plebiscito es lo que nos separa de salvar a nuestro país, tenemos que estar dispuestos a hacerlo», planteó el gremialista. Bellolio es el primer parlamentario de la UDI disponible para el plebiscito, partido que ha rechazado reiteradamente esa opción.

Aparte de este hecho, hay un grupo de diputados que hoy protestó en Valparaíso porque piden que en el plebiscito de entrada se  consulte también por el mecanismo, con tres opciones: asamblea constituyente,  convención constituyente u congreso constituyente.

La diputada Andrea Parra (PPD) dijo que le era  «inaceptable» llamar a un plebiscito con una sola opción «eso no es democracia».

El Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social anunciaron ya hace rato que no participarán de las reuniones con sus pares de oposición y el oficialismo, alegando además que junto a Comunes no fueron convocados a participar. «Somos diputados y diputadas que creemos en la democracia, que creemos que el pueblo es el que tiene que decidir. Estamos aquí los parlamentarios que no creemos en la cocina («arreglín») que se hace entre cuatro paredes y que creemos que el pueblo de Chile ha hablado durante estas semanas y que nos está pidiendo la forma como ellos quieren elegir y la forma de como hacer esta nueva Constitución», dijo la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

La diputada Carmen Hertz (PC)  fue enfática:  «Nosotros no negociamos nada, absolutamente nada. No nos sentamos a nada que se pueda negociar a espaldas de la gente», a lo que algunos analistas se preguntaron: ¿Cuándo el PC ha negociado algo? ¿Acaso negocia o solo impone?

La diputada Parra que no está de acuerdo con la forma del plebiscito señaló, a pesar de todo, que «yo creo que la política no puede renunciar a dialogar, lo que sí me parece inaceptable y por eso estoy acá, es que algunos pretendan imponer que solamente la convención constituyente y esa sea la única cosa que vamos a plebiscitar a la ciudadanía. Es inaceptable  llamar a un plebiscito con una sola opción, eso no es democracia», apuntó.

Debate Constitucional

Hace una semana, los ministros del Interior y Segpres, hablaban de “sumarse al debate constitucional” que había iniciado la oposición en el Congreso. Durante y al final de la última semana el Presidente Sebastián Piñera parece haberse convencido  que La Moneda tiene que liderar ese proceso, sin embargo, hasta el viernes el Mandatario solo creía que había que realizar “cambios” y no establecer una nueva Carta Fundamental. ¿Qué cambió?

Lo que se dijo hace una semana por parte del Gobierno que en “principio” se había tomado la decisión política de participar activamente del debate constitucional, es hoy una realidad completa y todos van caminando hacia allá, pero, al parecer, menos el Congreso Nacional, que causa desconcierto y mucha desilusión. Según algunos observadores, convencer al Presidente en este sentido fue obra del ministro del Interior Gonzalo Blumel.

El hecho que este fin de semana el Gobierno se haya abierto al debate  es un un hecho inimaginable, como subrayó en la Comisión de Constitución de la Cámara el ministro Segpres Felipe Ward esta semana.

El día de la decisión

Todo quedó decidido el domingo último en que tras una reunión de tres horas de duración el ministro del Interior Gonzalo Blumel dio por iniciado el proceso constitucional de la Carta Fundamental a través de un Congreso Constituyente y con plebiscito ratificatorio.

Hasta la semana pasada la UDI y Evópoli se habían mostrado públicamente en contra de cambiar por completo la Carta Fundamental. Sin embargo, la postura del propio Presidente Sebastián Piñera y de los partidos se modificó en los días siguientes.

Según dicen en el oficialismo, influyeron en ese giro las encuestas (Cadem el lunes y otras – Leer en Kradiario) que mostraron el apoyo de la ciudadanía a que se cambie por completo la Constitución con un respaldo mayoritario a la asamblea constituyente como mecanismo. Además, según relatan, la presión de RN fue clave para que el gobierno se allanara a hablar de una “nueva” y no solo de reformas a la Carta Magna (leer en Kradiario).

Durante el transcurso de la semana, desde La Moneda se contactó a varios constitucionalistas –entre ellos, a Sebastián Soto y Gastón Gómez– para calibrar el anuncio que finalmente se dio a conocer esta semana.

Hay senadores que, recapitulando lo sucedido en los últimos días, subrayan que Sebastián Piñera prácticamente no tenía margen luego que voces como la del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dirigentes de RN y hasta Alfonso Swett, líder de la CPC, se abrieran a la misma idea entre el sábado y el domingo.

La prensa extranjera habla de una «claudicación» de Piñera. La Vanguardia de Barcelona escribe:  «El presidente Sebastián Piñera se quedó solo en la intención de volver a sacar a la calle a los militares y claudicó, aceptando una nueva Constitución. Sin embargo, el anuncio no frenó las manifestaciones, que no cesarán mientras no se vean cambios concretos. La oposición de centroizquierda presiona al Gobierno derechista para que las reformas legislativas se tomen con urgencia en el Parlamento esta misma semana. Hoy se conmemora en la región de la Araucanía la muerte hace un año del joven mapuche Camilo Catrillanca a manos de la policía, y se teme que la protesta se extienda a otros puntos del país esta noche (entre jueves y viernes)».

Una versión del encuentro en la casa del mandatario en San Damian el domingo  señala  que Piñera les dijo a los asistentes que esa era su propuesta (la que se discute ahora) y que esperaba que todos la apoyaran, y que los que no, pues se harían responsables de ello. Es, por lo bajo, la segunda vez en menos de una semana que el gobernante demanda lealtad a su coalición. Otro testimonio indica que el Presidente empleó un tono más dialogante y menos duro.

En el oficialismo, eso sí, dicen ser conscientes que el factor tiempo juega en contra y que por eso hay que colocarle fecha de término al proceso.

Hace varios días, el presidente de RN, Mario Desbordes, junto a algunos parlamentarios de su partido, ya estaban hablando de cambiar la Constitución por completo. A tanto llegaron las intenciones del diputado y líder de RN que, en varias ocasiones, se reunió con miembros de la oposición para destrabar el tema constitucional.

Sin embargo, sobre el mecanismo, el timonel dijo públicamente que nunca iba a apoyar una asamblea constituyente pero que sí estaba de acuerdo con una mezcla entre ciudadanía y Parlamento. Sin embargo, por presión de la UDI se habría llegado  a un mecanismo “institucional” como es el Congreso Constituyente, lo mismo que dijo Blumel en una entrevista con Canal 13 el domingo.

“Lo que a nosotros nos interesa saber, más que el mecanismo que es lo que está pidiendo la oposición, es qué se quiere cambiar. Lo que no se puede hacer es generar falsas ilusiones, la gente que salió a la calle cree que porque se cambia la Constitución van a mejorar las pensiones, la salud o la educación, y eso no es cierto. A nosotros nos gustaría ir al fondo y saber qué cosas se quieren cambiar de la Constitución”, comentó la timonel UDI Van Rysselberghe a La Tercera.

En la oposición que está conversando se ha criticado que el gobierno no está teniendo la capacidad de “leer” que el tema constitucional está instalado en la ciudadanía y, además, que tienen “poca flexibilidad” para abrirse a una asamblea constituyente.

Hace 46 años

El 10 de septiembre de 1973, un diario titulaba de manera muy categórica “Renuncie, hágalo por Chile”, en un llamado explícito al Presidente Salvador Allende para que dejara su cargo en el contexto de la crisis política, social y económica que vivía el país. Luego de 1.000 días y una legitimidad severamente cuestionada, el gobierno de la Unidad Popular llegaría a su fin producto de un país que iba en picada: una economía estaba en el suelo, la inflación por las nubes y el estado de tensión social era insoportable.

46 años después, Chile vive una nueva crisis. Pero no es tan solo una crisis política, crecientemente social y más que probablemente económica; sino que, más allá de cada una de estas categorías, es una crisis de violencia, como se ha demostrado en los últimos 25 días y que se iniciaron con el incendio de estaciones del metro, actos vandálicos graves que buscan alterar significativamente la marcha del país y los saqueos a grandes, medianas y pequeñas tiendas de todo tipo de productos y artículos.

Es ciertamente, otra vez, una crisis política por causas quizá distintas a las de 1973. Esta vez, la  clase política ha sido incapaz de responder a las verdaderas demandas de la gente y ha priorizado su propia agenda personal, por sobre los intereses de los ciudadanos, situación que se ha extendido a través de siete gobiernos democráticos post dictadura militar.

El actual ha sido calificado como un gobierno sin rumbo, que avanza tres pasos y retrocede veinte en la correcta interpretación del fenómeno que se presenta en la calle y con una  oposición inconexa, que en la búsqueda de un relato común para poder volver a conquistar el poder, se exculpa de todos los males del vilipendiado modelo chileno y se mimetiza con los agitadores y violentistas para imponer sus propias agendas programáticas. Una izquierda radical que, capturada por la agenda de activistas y vándalos, vuelve a sus orígenes y renuncia a la democracia representativa como el camino para resolver las diferencias, seducida por el atajo inaceptable de la rebelión civil y de la violencia como mecanismo de usurpación del poder, como escribió La Tercera.