Transcurridos 24 días del inicio de un estallido social inédito, 23 muertos, las más de 2.000 personas heridas, de las cuales 200 presentan lesiones oculares graves; las 192 mujeres y hombres sometidos a torturas y las 52 querellas por violencia sexual (registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH), nos indican que no hay duda de que en Chile se están violando los Derechos Humanos. Y son efectivos de Carabineros los que aparecen como ejecutores de la mayoría de los actos de violencia, según un último balance de Ciper Chile.
En un artículo de Mónica González se señala que «lo grave es que no estamos frente a un desconocimiento de los protocolos, como han insistido las autoridades de gobierno y policiales. Las cifras hablan por sí solas. Al igual que las imágenes de extrema brutalidad que hemos visto a diario y que siguen siendo exhibidas por los principales medios de comunicación del mundo. Y ellas indican que Carabineros y las autoridades de gobierno que deben garantizar el derecho a la vida de los chilenos, han puesto a la democracia de nuestro país al margen del Estado de Derecho».
Agrega el artículo que «prueba de ello es que el general director de Carabineros, Mario Rozas, sigue en su cargo. Y no ha recibido ni un solo cuestionamiento ni del Presidente ni del nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ni la cantidad de muertos y torturados ni las violaciones ni las masivas y recurrentes heridas oculares, que indican que los efectivos de Fuerzas Especiales están disparando a corta distancia y a la cabeza, lo han movido de su cómodo sillón».
“No ignoran en La Moneda que las Fuerzas Especiales están sin mando, sin cohesión, sin directrices de Inteligencia y sin control. Y corroídos por la rabia. Esa descomposición se origina, entre otras razones, en la explosión de corrupción y violencia que hizo pedazos su estructura de Inteligencia y su alto mando al provocar la salida intempestiva de más de 35 generales en los últimos dos años”.
