Por Walter Krohne

Las críticas a la Constitución de 1980 apuntan a su origen y también a su contenido. Sus detractores la califican de ilegítima, una herencia de Pinochet y amarre de la dictadura, no representativa, excesivamente presidencialista, y muy difícil de modificar. En medio de las protestas, la ciudadanía, reunida en cabildos, discute los cambios que necesita el país. Las demandas siempre se topan con obstáculos.  Este intento constitucional ya se hizo bajo el Gobierno socialista de Michelle Bachelet, pero sin final ni éxito.

Al reclamo, originalmente surgido de la oposición, se han sumado sectores

de la derecha y ahora el propio presidente se ha abierto a la posibilidad de modificar la Carta Magna. «Después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución”, señaló Sebastián Piñera en una entrevista con la BBC (leer y ver video en Kradiario).

Existen posturas legales divididas en torno a si las reformas que exige la población requieren o no de una nueva Constitución. Para que las reformas sociales no sean superficiales, se necesitaría cambiar primero ciertas estructuras determinadas por la actual Constitución, que limitan los cambios que exigen los manifestantes. Hay  tres puntos que podrían ser modificados, como son la constitución del Tribunal Constitucional, para que sea más constitucionalista y menos político; permitir los plebiscitos para resolver problemas graves en disputa, y darle atribuciones al Presidente de la República para poder disolver el Congreso en casos puntuales. Algunos opinan que el Parlamento debería ser unicameral y no como ahora bicameral con Cámara de Diputados y Senado.

Las reformas realizadas hasta ahora han apuntado a cuestiones políticas y electorales, en el sentido de hacer “más democrática” la composición del parlamento y eliminar los senadores designados y vitalicios. También se modificó la norma para permitir la elección popular de gobernadores provinciales, aunque nadie sabe hasta ahora las atribuciones que tendrán los gobernadores electos, para lo cual no hay financiamiento especial.

La Constitución de 1980 nació como una manera de darle cierta legitimidad al gobierno de Pinochet, iniciando una nueva etapa institucional, y fue ratificada en un plebiscito cuya validez es cuestionada. La dictadura puso fin a un proyecto socialista y esta Constitución logró amarrar un nuevo sistema socioeconómico y así  ciertas elites lograron mantener su poder, privilegios y camino político más allá del orden militar.

Una de sus estrategias fue el principio de subsidiariedad: el Estado solamente interviene cuando las necesidades básicas no pueden ser satisfechas por actores no estatales. Al retirarse, el estado derechos sociales, como la educación, la salud y las pensiones, quedaron en manos de privados. Este punto es mucho más complicado porque el Estado debería asumir las tareas que cumplen las isapres (seguros privados de salud) o las AFPs que son las administradoras privadas de las pensiones.

Estos servicios quedarían bajo el control del Estado lo que es más cuestionado por las autoridades y la derecha actualmente en el Gobierno, cambios que tampoco los intento el gobierno socialista de Michelle Bachelet. En esta crisis se cuestiona precisamente el papel del Estado frente a los ciudadanos.

En otras palabras no hay una repartición adecuada de los ingresos. Esta desigualdad social ha sido el verdadero detonante de la “rebelión ciudadana” del 18-O. No es justo que los sectores más adinerados tengan atenciones de primera en hospitales o servicios de salud o educación, y los más pobres  sólo tienen la salud y educación estatal que son deficientes. Es decir la desigualdad en Chile comienza en las escuelas o colegios.

El sistema político no ha sido capaz de responder a las demandas de los movimientos sociales que vienen ocupando las calles desde hace años. Si no hay una seria revisión constitucional,  no hay salida alguna a esta crisis. En estas condiciones  la violencia podrá seguir escalando  en las próximos días y semanas.

El Presidente Sebastián  Piñera enfrenta un escenario muy complejo, con una alta desaprobación y desmanes graves callejeros. Su respuesta a la crisis es cuestionada y debe hacer frente a denuncias de violaciones a los derechos humanos, al tiempo que no existe un interlocutor válido en medio del vacío de liderazgo ni en la oposición ni menos en la masa «acefala» que protesta en las calles.