Diputados de la oposición ingresaron este miércoles la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick,  firmada por los diputados Gabriel Boric (IND -CS), Manuel Monsalve (PS), Ricardo Celis (PPD), Boris Barrera (PC), Daniella Cicardini (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Catalina Pérez (RD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Camila Rojas (IND-COM), Tomás Hirsch (PH), Diego Ibañez (FA) y Gabriel Silber (DC).

El trámite se hizo sin vacilar a pesar de la crisis latente y de las explicaciones dadas por el Gobierno sobre la situación de vigencia del estado de emergencia.

Chadwick ya no es ministro y “castigarlo” por cinco años sin poder ejercer cargos públicos es una medida política exagerada que describe  un pésimo actuar de los diputados de oposición  que en medio de una profunda crisis “parecen no estar dispuestos a proteger la institucionalidad del Estado, sino van de frente a la guerra, lo que sólo ahondará  más aún la actual tragedia de Chile”, como comentaron y coincidieron este miércoles algunos analistas.

Chadwick es acusado principalmente, por su eventual responsabilidad en los hechos de violación de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de orden y seguridad que se dieron durante la declaratoria de estado de Emergencia que rigió en gran parte del país mientras él era secretario de Estado. Según el libelo acusatorio Chadwick no habría tratado de evitar estos excesos.

Los parlamentarios acusan al exjefe de gabinete de Sebastián Piñera por no haber adoptado medidas para evitar «violaciones a los derechos humanos» en el marco de las manifestaciones sociales. También le reprochan que el Estado de Emergencia decretado en el país -entre el 19 y el 27 de octubre- “vulneró derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad”.

El libelo acusatorio fue oficializado con las rúbricas de todos los partidos contrarios al gobierno, incluida la DC, que concretó su apoyo tras una reunión de toda la bancada realizada durante esta mañana. La acusación tardará unos tres meses, tiempo que se podría ocupar enteramente para estudiar y acelerar las reformas sociales.

Agregó que la acusación se dividió en dos capítulos: “Primero, una grave vulneración a la constitución y las leyes, que el (ex) ministro Chadwick no ejerció todas sus facultades en orden a defender el derecho fundamental a la vida, la integridad física y psíquica como lo han constatado varias denuncias del INDH y Defensora de la niñez. Un segundo bloque dice relación con que en este estado de excepción constitucional se han sobrepasado los límites que la propia constitución establece”, indicó.

Según el socialista Manuel Monsalve, “el estado de emergencia solo permite limitar dos derechos civiles, el derecho a reunión y a la locomoción, todo el resto de los derechos se mantienen vigentes. Y se mantiene vigente la obligación del ministro, por tanto, de proteger todos los derechos que le caben a los chilenos de acuerdo a la constitución: el derecho a la vida, integridad física y psíquica; y ese derecho no fue cautelado por el ministro del Interior”.

El  diputado DC Gabriel Silber indicó que “todos los chilenos hemos sido testigos como nunca que el orden público, la seguridad de la nación ha sido puesta en riesgo. Según este parlamentario las acciones de los manifestantes no ponían en nada en riesgo la seguridad ciudadana.

Investigación del Ministerio Público

El Ministerio Público reportó este miércoles que lleva adelante 840 investigaciones penales en el país por presuntas violaciones a Derechos Humanos.

Del total de denuncias, realizadas entre el viernes 18 y el domingo 27 de octubre,533 corresponden a «investigaciones por apremios ilegítimos; 206, a eventuales abusos contra particulares; 18, a presuntas torturas realizadas por funcionarios del Estado; mientras que 83 se enmarcan en otros delitos, como lesiones graves, cuasidelito de homicidio, homicidio y otras faltas».

La Fiscalía detalló además que entre los denunciantes figuran 713 adultos, 122 niños, niñas o adolescentes y cinco personas con tramo etario no identificado.

«Entre los delitos investigados, sobre la base de la información proporcionada por las víctimas al momento de presentar la denuncia o querella, ocho son presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación; cuatro corresponderían a amenazas de cometer delitos sexuales y 29 a desnudamientos», añadió el ente persecutor.

Respecto de los organismos involucrados, el Ministerio Público explicó, del total de denuncias, «597 se han presentado contra Carabineros; 45 contra el Ejército; 16 contra la Policía de Investigaciones y ocho contra la Armada; en tanto que en 174 casos no se ha identificado a un organismo en particular».